¡Por fin, una política de desarrollo industrial!

Durante décadas, en Colombia se instauró la noción de que la mejor política industrial era no tenerla. La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de Francia Márquez como vicepresidenta abre, por primera vez en tres décadas, la posibilidad de la diversificación del aparato productivo y la producción industrial para el mercado interno y las exportaciones.

La primera señal de su voluntad está en el programa de gobierno, que comienza a dar pruebas de materialización con la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. También, en su discurso del 19 de junio, el presidente electo hizo varias afirmaciones que no pueden pasar desapercibidas: que el incipiente desarrollo del país está basado en un sistema que se parece más al feudalismo que al capitalismo y que el camino es hacia la modernidad. Así se debe crear riqueza por medio de la producción.

Esto implica iniciar una transformación cultural, económica, social y política que desencadene fuerzas en materia de prosperidad. La producción agropecuaria e industrial demanda mano de obra, que “sienta las bases materiales y sociales” para una era de paz, como lo afirma el programa. El movimiento tiene unos aspectos adicionales que responden a problemas creados por el sistema actual: se necesita una reforma con justicia tributaria para reducir la desigualdad, un sistema del cuidado para reducir la discriminación de género y una transición energética para evitar la destrucción del planeta. Por último, y no menos importante, se necesita una perspectiva poblacional y regional.

La alta dependencia del país de la extracción de recursos naturales, que nos inserta en los mercados globales pero como tomadores de precios, exportadores de fuerza de trabajo e importadores de déficits y desempleo, obliga a pensar en una economía más ligada a la producción, la transformación, la ciencia y tecnología, al mercado interno y la creación de oferta exportable, con más complejidad y sofisticación. El petróleo y el carbón no se van a acabar en cuatro años, pero solo los enamorados del atraso pensarían que deben durar cien años más.

Para lograrlo, el presidente electo, Gustavo Petro, ha propuesto cerrar la brecha de desigualdad en la tenencia del uso del tierra y el agua, combatir la segregación espacial en ciudades, mejorar la conectividad, articular la política macroeconómica y monetaria en función del crecimiento y el empleo, fortalecer las herramientas de financiamiento del Estado, la investigación básica y la formación técnica, constituir alianzas público-populares, reindustrializar el país y revisar los acuerdos comerciales, entre otros.

Comenzar a transitar el cumplimiento de estos propósitos determina las bases de todas las sociedades que han creado riqueza como un medio material para mejorar la calidad de vida. Como lo plantea Mazzucato, es la construcción de un ecosistema que permita la convivencia armónica de las personas dentro de la institucionalidad del Estado y el mercado.

Durante décadas, en Colombia se instauró la noción de que la mejor política industrial era no tenerla. La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de Francia Márquez como vicepresidenta abre, por primera vez en tres décadas, la posibilidad de la diversificación del aparato productivo y la producción industrial para el mercado interno y las exportaciones.

La primera señal de su voluntad está en el programa de gobierno, que comienza a dar pruebas de materialización con la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. También, en su discurso del 19 de junio, el presidente electo hizo varias afirmaciones que no pueden pasar desapercibidas: que el incipiente desarrollo del país está basado en un sistema que se parece más al feudalismo que al capitalismo y que el camino es hacia la modernidad. Así se debe crear riqueza por medio de la producción.

Esto implica iniciar una transformación cultural, económica, social y política que desencadene fuerzas en materia de prosperidad. La producción agropecuaria e industrial demanda mano de obra, que “sienta las bases materiales y sociales” para una era de paz, como lo afirma el programa. El movimiento tiene unos aspectos adicionales que responden a problemas creados por el sistema actual: se necesita una reforma con justicia tributaria para reducir la desigualdad, un sistema del cuidado para reducir la discriminación de género y una transición energética para evitar la destrucción del planeta. Por último, y no menos importante, se necesita una perspectiva poblacional y regional.

La alta dependencia del país de la extracción de recursos naturales, que nos inserta en los mercados globales pero como tomadores de precios, exportadores de fuerza de trabajo e importadores de déficits y desempleo, obliga a pensar en una economía más ligada a la producción, la transformación, la ciencia y tecnología, al mercado interno y la creación de oferta exportable, con más complejidad y sofisticación. El petróleo y el carbón no se van a acabar en cuatro años, pero solo los enamorados del atraso pensarían que deben durar cien años más.

Para lograrlo, el presidente electo, Gustavo Petro, ha propuesto cerrar la brecha de desigualdad en la tenencia del uso del tierra y el agua, combatir la segregación espacial en ciudades, mejorar la conectividad, articular la política macroeconómica y monetaria en función del crecimiento y el empleo, fortalecer las herramientas de financiamiento del Estado, la investigación básica y la formación técnica, constituir alianzas público-populares, reindustrializar el país y revisar los acuerdos comerciales, entre otros.

Comenzar a transitar el cumplimiento de estos propósitos determina las bases de todas las sociedades que han creado riqueza como un medio material para mejorar la calidad de vida. Como lo plantea Mazzucato, es la construcción de un ecosistema que permita la convivencia armónica de las personas dentro de la institucionalidad del Estado y el mercado.