La pobreza, la desigualdad y el desempleo son algunos de los problemas que tendrá que atender el próximo gobierno. Nadie hace campaña diciendo que no tiene la fórmula mágica para resolverlos, pero solo una propuesta ganará y tendrá que demostrar durante cuatro años que no nos equivocamos de nuevo.
Para avanzar, el próximo gobierno deberá trabajar desde las regiones, creando las capacidades con educación y centros de innovación. Tendremos que superar la dependencia minera con transición energética y transformación productiva, pero creando una estructura exportadora competitiva. Para hacerlo se necesita mejor infraestructura física y atención social, con un sistema nacional de cuidado y un sistema de seguridad social universal. Y este es solo el comienzo de los retos a abordar.
Cerrar las brechas de desigualdad implica el cumplimiento de las aspiraciones de acceder a más y mejores bienes y servicios, sencillamente porque mejora la calidad de vida. Esta es la dirección: quienes gozan de más bienestar deben aportar más. El propósito es alcanzar más equidad, pero creando y distribuyendo riqueza, no repartiendo la pobreza.
Escoger la mejor opción requiere analizar que las propuestas sean realizables, responsables y financiables. Implica capacidad de concertación y de ejecución, sin improvisación, resolviendo problemas de corto y largo plazo. Se necesita un gobierno decente, que transforme la cultura del servicio público como fuente de enriquecimiento. Ser rico es una ambición deseable, pero se debe tener en cuenta que el Estado en sí mismo no es quien la crea, solo propicia las condiciones para que los privados lo hagan.
Por eso, la primera propuesta política a derrotar democráticamente es la del extremo derecho. Están untados de los fracasos de los gobiernos que los preceden. Han actuado para poner el Estado al servicio de unos cuantos negociantes, no de la empresarización y el trabajo. Desagrarizaron y desindustrializaron al país y crearon un modelo rentista más parecido al feudalismo que al capitalismo. Representan la especulación financiera, renta inmobiliaria, concentración empresarial, precarización laboral, déficit externo y baja competitividad internacional. Aumentaron impuestos regresivos, ampliaron las brechas de género y gobiernan para sus propios intereses, no los del país.
En el otro extremo, Gustavo Petro tampoco es la opción. El propósito de un plan de gobierno sensato no es mostrar que el caudillo siempre tiene la razón, sin importar lo incumplible de sus propuestas o el costo económico y social de las quiebras y los déficits.
Desde mi experiencia académica, desde mi trabajo con organizaciones gremiales, sociales y sindicales, considero que se debe tener el talante de mediar entre las contradicciones de los trabajadores con los empresarios, de estos con el medio ambiente y de las ganancias con los impuestos, entre otros. Se trata de trabajar sobre lo que funciona bien, mejorar lo que no lo hace y reformar lo que se requiera, sin comenzar de cero. Se necesita una visión de Estado y mercado que conlleve a la prosperidad, una ética de lo público para servir a la gente y un enfoque de roles con inclusión. La mejor propuesta para dirigir este plan es la Coalición Centro Esperanza.
