Acuerdo mínimo entre iglesias y personas LGBTI

El proceso de ajustes y precisiones del acuerdo de paz no puede convertirse en un campo de batalla sobre la sexualidad y la religión.

Para lograr ese objetivo, las iglesias y las personas LGBTI debemos encontrar las bases mínimas para tener un acuerdo de paz pronto y con la mayor legitimidad posible.

El primer punto que debemos recordar es que se trata de un acuerdo para terminar un conflicto armado; por tanto, no se trata de una asamblea nacional constituyente. Esta afirmación parece obvia, pero es necesario hacerla porque cuando se leen las propuestas de algunas iglesias, parece que quisieran volver al génesis constitucional y aplicar la exégesis evangélica. La otra limitación que debemos tener en cuenta es que existe un acuerdo base sobre el que se deben hacer las propuestas. De esta manera, los ajustes deben proponerse sobre el texto real y no sobre mentiras o mitos. Por ello, es fundamental que se señale con claridad cuáles son los textos que preocupan a las iglesias y que se presente el argumento de la inconformidad para poder encontrar una fórmula de acuerdo.

Un punto en el cual tenemos acuerdo es que se reconozcan a las víctimas LGBTI así como a las víctimas en razón de sus creencias religiosas. El centro de este proceso de paz ha sido las víctimas y ellas deben ser reconocidas en toda su diversidad para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También estamos de acuerdo en que se reconozca que el conflicto armado tuvo impactos devastadores para las familias y estas deben ser debidamente reparadas. Sin embargo, una cosa es reconocer que las familias sufrieron el conflicto y otra muy distinta buscar imponer un modelo único de familia o una interpretación restrictiva de la familia en el acuerdo de paz. Esto último es muy evidente en la propuesta de la senadora Viviane Morales sobre un criterio de interpretación de la familia que irradie todo el acuerdo. Querer imponer un modelo familiar en el acuerdo de paz es un típico “mico”, porque introduce un tema nuevo en el acuerdo de paz que nada tiene que ver con el origen ni el desarrollo del conflicto. 

También debe hacerse otra distinción importante. El hecho que se reconozcan las víctimas en razón de su religión o que las comunidades de fe fueron afectadas por el conflicto no implica que en el acuerdo de paz se incluyan elementos religiosos que afectarían la separación entre las iglesias y el Estado. Tampoco puede usarse el acuerdo de paz para ampliar o modificar la libertad religiosa o de conciencia frente a otros debates sociales. Así, por ejemplo, no puede introducirse una clausula interpretativa como la que pretende la senadora Morales para que se “armonice” la obligación constitucional de no discriminación con la libertad de conciencia y religión porque ese asunto no tiene ninguna relación con el acuerdo de paz y busca amparar actos discriminatorios bajo la protección constitucional de las creencias religiosas. Es evidente que el conflicto armado colombiano no fue un conflicto religioso y en consecuencia el acuerdo de paz no debe ser sobre la religión.

Algunos líderes cristianos han manifestado que el acuerdo estableció “privilegios” para la población LGBTI. Esta es otra mentira que ha hecho carrera y que debe ser aclarada. El acuerdo de paz establecía medidas para que la igualdad fuera real y efectiva en relación con una comunidad históricamente discriminada y estigmatizada. De hecho, la campaña homofóbica que hemos vivido en los últimos meses demuestra que estas medidas son urgentes y necesarias. A pesar de la mala intención de la afirmación, es perfectamente posible ampliar las medidas de lucha contra la estigmatización en razón de la religión y fomentar la participación de comunidades de fe porque es una propuesta que tiene plena sintonía con nuestra defensa de la diversidad. Incluso, una medida así beneficiaría también a las personas LGBTI que sean perseguidas en razón de sus creencias religiosas, incluyendo aquellas que no tienen creencias y por tanto pueden ser protegidas ante ataques fundamentalistas que pretenden invadir la conciencia y la intimidad de los ciudadanos. 

Los colombianos, tanto quienes votamos Sí como quienes votaron No, tenemos la convicción y la claridad de que ninguna disposición del acuerdo de paz puede usarse para negar, restringir o menoscabar los derechos constitucionales de ningún grupo o una persona, entre los que se encuentran tanto las personas LGBTI como las personas creyentes.

La mejor forma de aportar a la paz es mantener la seriedad y pertinencia de las propuestas para lograr el mayor consenso posible. Por eso, los micos interpretativos de la senadora Morales, lejos de ser una fórmula de solución, son una verdadera argucia jurídica para incorporar su agenda política en un acuerdo de paz que debe incluirnos a todos.

* Abogado y activista LGBTI. malbarracin@gmail.com @malbarracin
 

El proceso de ajustes y precisiones del acuerdo de paz no puede convertirse en un campo de batalla sobre la sexualidad y la religión.

Para lograr ese objetivo, las iglesias y las personas LGBTI debemos encontrar las bases mínimas para tener un acuerdo de paz pronto y con la mayor legitimidad posible.

El primer punto que debemos recordar es que se trata de un acuerdo para terminar un conflicto armado; por tanto, no se trata de una asamblea nacional constituyente. Esta afirmación parece obvia, pero es necesario hacerla porque cuando se leen las propuestas de algunas iglesias, parece que quisieran volver al génesis constitucional y aplicar la exégesis evangélica. La otra limitación que debemos tener en cuenta es que existe un acuerdo base sobre el que se deben hacer las propuestas. De esta manera, los ajustes deben proponerse sobre el texto real y no sobre mentiras o mitos. Por ello, es fundamental que se señale con claridad cuáles son los textos que preocupan a las iglesias y que se presente el argumento de la inconformidad para poder encontrar una fórmula de acuerdo.

Un punto en el cual tenemos acuerdo es que se reconozcan a las víctimas LGBTI así como a las víctimas en razón de sus creencias religiosas. El centro de este proceso de paz ha sido las víctimas y ellas deben ser reconocidas en toda su diversidad para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También estamos de acuerdo en que se reconozca que el conflicto armado tuvo impactos devastadores para las familias y estas deben ser debidamente reparadas. Sin embargo, una cosa es reconocer que las familias sufrieron el conflicto y otra muy distinta buscar imponer un modelo único de familia o una interpretación restrictiva de la familia en el acuerdo de paz. Esto último es muy evidente en la propuesta de la senadora Viviane Morales sobre un criterio de interpretación de la familia que irradie todo el acuerdo. Querer imponer un modelo familiar en el acuerdo de paz es un típico “mico”, porque introduce un tema nuevo en el acuerdo de paz que nada tiene que ver con el origen ni el desarrollo del conflicto. 

También debe hacerse otra distinción importante. El hecho que se reconozcan las víctimas en razón de su religión o que las comunidades de fe fueron afectadas por el conflicto no implica que en el acuerdo de paz se incluyan elementos religiosos que afectarían la separación entre las iglesias y el Estado. Tampoco puede usarse el acuerdo de paz para ampliar o modificar la libertad religiosa o de conciencia frente a otros debates sociales. Así, por ejemplo, no puede introducirse una clausula interpretativa como la que pretende la senadora Morales para que se “armonice” la obligación constitucional de no discriminación con la libertad de conciencia y religión porque ese asunto no tiene ninguna relación con el acuerdo de paz y busca amparar actos discriminatorios bajo la protección constitucional de las creencias religiosas. Es evidente que el conflicto armado colombiano no fue un conflicto religioso y en consecuencia el acuerdo de paz no debe ser sobre la religión.

Algunos líderes cristianos han manifestado que el acuerdo estableció “privilegios” para la población LGBTI. Esta es otra mentira que ha hecho carrera y que debe ser aclarada. El acuerdo de paz establecía medidas para que la igualdad fuera real y efectiva en relación con una comunidad históricamente discriminada y estigmatizada. De hecho, la campaña homofóbica que hemos vivido en los últimos meses demuestra que estas medidas son urgentes y necesarias. A pesar de la mala intención de la afirmación, es perfectamente posible ampliar las medidas de lucha contra la estigmatización en razón de la religión y fomentar la participación de comunidades de fe porque es una propuesta que tiene plena sintonía con nuestra defensa de la diversidad. Incluso, una medida así beneficiaría también a las personas LGBTI que sean perseguidas en razón de sus creencias religiosas, incluyendo aquellas que no tienen creencias y por tanto pueden ser protegidas ante ataques fundamentalistas que pretenden invadir la conciencia y la intimidad de los ciudadanos. 

Los colombianos, tanto quienes votamos Sí como quienes votaron No, tenemos la convicción y la claridad de que ninguna disposición del acuerdo de paz puede usarse para negar, restringir o menoscabar los derechos constitucionales de ningún grupo o una persona, entre los que se encuentran tanto las personas LGBTI como las personas creyentes.

La mejor forma de aportar a la paz es mantener la seriedad y pertinencia de las propuestas para lograr el mayor consenso posible. Por eso, los micos interpretativos de la senadora Morales, lejos de ser una fórmula de solución, son una verdadera argucia jurídica para incorporar su agenda política en un acuerdo de paz que debe incluirnos a todos.

* Abogado y activista LGBTI. malbarracin@gmail.com @malbarracin