Así llegó el invierno de la nueva inquisición
Después de diez años de primavera para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), hemos entrado en el invierno de una nueva inquisición. Si algo renació y se consolidó en el año 2016 en Colombia fue la homofobia y la transfobia.
Desde la marcha homofóbica del 10 de agosto contra la ministra Gina Parody, se consolidó una nueva forma de discriminación que tiene una estructura de movilización eficiente, un nuevo discurso estigmatizante y que se ha aprovechado de los cambios políticos más importantes, como el proceso de paz, para sabotear la Constitución y la convivencia ciudadana.
Durante la última década, hemos tenido controversias sobre los derechos de las personas LGBTI en los espacios democráticos, en particular, en el Congreso y la Corte Constitucional. Allí acudimos tanto el movimiento LGBTI y nuestros aliados, como quienes representaban los sectores conservadores, normalmente encabezados por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Presentamos nuestras ideas en el foro judicial y, de manera gradual, se fueron reconociendo las discriminaciones legales y sociales que existían contra nosotros. La Corte Constitucional no nos reconoció ningún derecho especial o nos concedió un privilegio. Tampoco fue un capricho de cinco magistrados ni nada por el estilo. Lo que pasó en los últimos años fue un proceso de eliminación de las discriminaciones presentes y un diálogo social importante para reconocer los mismos derechos, nada más, nada menos.
Sin embargo, esto empezó a cambiar en agosto de 2014 cuando la recién posesionada senadora Viviane Morales inició la recolección de firmas para convocar un referendo que prohibiría la adopción de parejas del mismo sexo. Esta acción de la senadora Morales fue una respuesta directa a la decisión de la Corte Constitucional para permitir la adopción de la hija biológica de una mujer lesbiana por parte de su compañera, más conocido en la opinión como el caso de las mamás lesbianas de Medellín. Posteriormente, durante el año 2015, la Corte Constitucional tomó dos decisiones más sobre el tema de la adopción de parejas del mismo sexo: una en marzo que reiteraba lo decidido para todos los casos a partir del caso de las mamás lesbianas de Medellín y, en noviembre, la Corte consideró que las parejas del mismo sexo podrían adoptar conjuntamente. Estas dos decisiones movilizaron aún más los sectores más conservadores de las iglesias.
El proceso de recolección de firmas de este referendo se prolongó durante todo el 2015 hasta febrero del 2016, cuando Viviane Morales las entregó a la Registraduría para su verificación. Durante todo este tiempo, la senadora Morales se dedicó a hacer audiencias y divulgar información contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ese referendo tiene la intención de negar la posibilidad de que las personas solteras y las parejas del mismo sexo no puedan adoptar. Esta iniciativa es abiertamente inconstitucional porque busca someter la dignidad de una minoría al voto popular lo cual rompe con la un eje fundamental de la democracia.
El segundo proceso político que debemos examinar para entender esta nueva inquisición fue el debate sobre las acciones del Ministerio de Educación para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Urrego, el joven que se suicidó después del matoneo homofóbico por parte de su colegio. La Corte ordenó que se cumplieran las obligaciones establecidas en la ley de Convivencia Escolar (ley 1620 de 2013) para evitar casos trágicos como el del joven Urrego. En julio de este año irrumpió en el escenario nacional la señora Ángela Hernández, diputada santandereana que hizo un debate para evitar, según ella, la “colonización homosexual” en los colegios, y fue allí que se inició el debate sobre "las cartillas". Como lo conté en la columna "La mala educación", ese debate estuvo plagado de mentiras, manipulaciones de los errores, exageraciones anónimas, y tuvo todos los ingredientes de una cacería de brujas y de un linchamiento público contra todas las personas LGBTI. Esas semanas de agosto pasado fueron una tormenta homofóbica muy similar a la que vivimos después durante la campaña del plebiscito. El culmen de este debate fue la marcha del 10 de agosto, dónde el Centro Democrático hábilmente se unió a las iglesias evangélicas para atacar a Gina Parody, con lo cual hacían un ataque triple en un sólo golpe: Uribe se vengaba de Gina, saboteaban el proceso de paz atacando a una ministra muy cercana a Santos y continuaban con su campaña homofóbica. El presidente Santos, para no pelear con la Iglesia en plena campaña del plebiscito, abandonó a Gina Parody en este debate. Lo que sí empezó a notarse desde aquel entonces fue el silencio del Gobierno y del establecimiento quienes no rechazaron con vehemencia la homofobia y la transfobia que se expresó en aquellas marchas y, además, culpan injustamente a Gina por esta situación. Fue en este debate que emergió en la política colombiana el famoso término "ideología de género".
El más reciente capítulo de esta nueva inquisición fue la discusión sobre el Acuerdo de Paz. Basados en una teoría de la conspiración, que tanto le gusta a Alejandro Ordóñez, los sectores del No idearon un sabotaje delirante según el cual el Acuerdo de Paz tenía "encriptada" la ideología de género. El método fue sencillo y burdo: decir que el Acuerdo de Paz era como “la cartilla” del Ministerio de Educación y empezaron a hacer conexiones hechizas y malintencionadas. Este video de Ordóñez resume bien cómo movilizaron los sectores evangélicos y católicos contra la paz. Para ello, contaron obviamente con el apoyo del Centro Democrático, algunos pastores evangélicos y algunos sectores fundamentalistas católicos. Así fue como la homofobia y la transfobia fueron parte del arsenal de odio de los sectores del No quienes usaron la maquinaria homofóbica a toda potencia.
Después de la derrota del plebiscito del 2 de octubre, el presidente de la República inició un proceso de interlocución con las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica con el fin de escuchar sus observaciones sobre el Acuerdo de Paz. Las iglesias están divididas sobre el Acuerdo de Paz. Mientras unas iglesias apoyan el proceso de paz y no están de acuerdo con que la "ideología de género" esté en los acuerdos, otras iglesias militan en los sectores más radicales contra la paz, como es el caso de la Misión Carismática Internacional, que es prácticamente un brazo religioso del uribismo. A pesar de esta división entre las iglesias, es sorprendente el poder político que les dio el Gobierno en este proceso. Incluso, hasta las Farc les dieron una interlocución privilegiada a las iglesias en la renegociación del nuevo acuerdo.
Vivimos bajo una nueva inquisición que se siente en el clima de exclusión y discriminación contra la población LGBTI, la cual tiene la intención de que perdamos legitimidad como seres humanos.
*Investigador de Dejusticia. @malbarracin mail: malbarracin@dejusticia.org
Después de diez años de primavera para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), hemos entrado en el invierno de una nueva inquisición. Si algo renació y se consolidó en el año 2016 en Colombia fue la homofobia y la transfobia.
Desde la marcha homofóbica del 10 de agosto contra la ministra Gina Parody, se consolidó una nueva forma de discriminación que tiene una estructura de movilización eficiente, un nuevo discurso estigmatizante y que se ha aprovechado de los cambios políticos más importantes, como el proceso de paz, para sabotear la Constitución y la convivencia ciudadana.
Durante la última década, hemos tenido controversias sobre los derechos de las personas LGBTI en los espacios democráticos, en particular, en el Congreso y la Corte Constitucional. Allí acudimos tanto el movimiento LGBTI y nuestros aliados, como quienes representaban los sectores conservadores, normalmente encabezados por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Presentamos nuestras ideas en el foro judicial y, de manera gradual, se fueron reconociendo las discriminaciones legales y sociales que existían contra nosotros. La Corte Constitucional no nos reconoció ningún derecho especial o nos concedió un privilegio. Tampoco fue un capricho de cinco magistrados ni nada por el estilo. Lo que pasó en los últimos años fue un proceso de eliminación de las discriminaciones presentes y un diálogo social importante para reconocer los mismos derechos, nada más, nada menos.
Sin embargo, esto empezó a cambiar en agosto de 2014 cuando la recién posesionada senadora Viviane Morales inició la recolección de firmas para convocar un referendo que prohibiría la adopción de parejas del mismo sexo. Esta acción de la senadora Morales fue una respuesta directa a la decisión de la Corte Constitucional para permitir la adopción de la hija biológica de una mujer lesbiana por parte de su compañera, más conocido en la opinión como el caso de las mamás lesbianas de Medellín. Posteriormente, durante el año 2015, la Corte Constitucional tomó dos decisiones más sobre el tema de la adopción de parejas del mismo sexo: una en marzo que reiteraba lo decidido para todos los casos a partir del caso de las mamás lesbianas de Medellín y, en noviembre, la Corte consideró que las parejas del mismo sexo podrían adoptar conjuntamente. Estas dos decisiones movilizaron aún más los sectores más conservadores de las iglesias.
El proceso de recolección de firmas de este referendo se prolongó durante todo el 2015 hasta febrero del 2016, cuando Viviane Morales las entregó a la Registraduría para su verificación. Durante todo este tiempo, la senadora Morales se dedicó a hacer audiencias y divulgar información contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ese referendo tiene la intención de negar la posibilidad de que las personas solteras y las parejas del mismo sexo no puedan adoptar. Esta iniciativa es abiertamente inconstitucional porque busca someter la dignidad de una minoría al voto popular lo cual rompe con la un eje fundamental de la democracia.
El segundo proceso político que debemos examinar para entender esta nueva inquisición fue el debate sobre las acciones del Ministerio de Educación para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Urrego, el joven que se suicidó después del matoneo homofóbico por parte de su colegio. La Corte ordenó que se cumplieran las obligaciones establecidas en la ley de Convivencia Escolar (ley 1620 de 2013) para evitar casos trágicos como el del joven Urrego. En julio de este año irrumpió en el escenario nacional la señora Ángela Hernández, diputada santandereana que hizo un debate para evitar, según ella, la “colonización homosexual” en los colegios, y fue allí que se inició el debate sobre "las cartillas". Como lo conté en la columna "La mala educación", ese debate estuvo plagado de mentiras, manipulaciones de los errores, exageraciones anónimas, y tuvo todos los ingredientes de una cacería de brujas y de un linchamiento público contra todas las personas LGBTI. Esas semanas de agosto pasado fueron una tormenta homofóbica muy similar a la que vivimos después durante la campaña del plebiscito. El culmen de este debate fue la marcha del 10 de agosto, dónde el Centro Democrático hábilmente se unió a las iglesias evangélicas para atacar a Gina Parody, con lo cual hacían un ataque triple en un sólo golpe: Uribe se vengaba de Gina, saboteaban el proceso de paz atacando a una ministra muy cercana a Santos y continuaban con su campaña homofóbica. El presidente Santos, para no pelear con la Iglesia en plena campaña del plebiscito, abandonó a Gina Parody en este debate. Lo que sí empezó a notarse desde aquel entonces fue el silencio del Gobierno y del establecimiento quienes no rechazaron con vehemencia la homofobia y la transfobia que se expresó en aquellas marchas y, además, culpan injustamente a Gina por esta situación. Fue en este debate que emergió en la política colombiana el famoso término "ideología de género".
El más reciente capítulo de esta nueva inquisición fue la discusión sobre el Acuerdo de Paz. Basados en una teoría de la conspiración, que tanto le gusta a Alejandro Ordóñez, los sectores del No idearon un sabotaje delirante según el cual el Acuerdo de Paz tenía "encriptada" la ideología de género. El método fue sencillo y burdo: decir que el Acuerdo de Paz era como “la cartilla” del Ministerio de Educación y empezaron a hacer conexiones hechizas y malintencionadas. Este video de Ordóñez resume bien cómo movilizaron los sectores evangélicos y católicos contra la paz. Para ello, contaron obviamente con el apoyo del Centro Democrático, algunos pastores evangélicos y algunos sectores fundamentalistas católicos. Así fue como la homofobia y la transfobia fueron parte del arsenal de odio de los sectores del No quienes usaron la maquinaria homofóbica a toda potencia.
Después de la derrota del plebiscito del 2 de octubre, el presidente de la República inició un proceso de interlocución con las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica con el fin de escuchar sus observaciones sobre el Acuerdo de Paz. Las iglesias están divididas sobre el Acuerdo de Paz. Mientras unas iglesias apoyan el proceso de paz y no están de acuerdo con que la "ideología de género" esté en los acuerdos, otras iglesias militan en los sectores más radicales contra la paz, como es el caso de la Misión Carismática Internacional, que es prácticamente un brazo religioso del uribismo. A pesar de esta división entre las iglesias, es sorprendente el poder político que les dio el Gobierno en este proceso. Incluso, hasta las Farc les dieron una interlocución privilegiada a las iglesias en la renegociación del nuevo acuerdo.
Vivimos bajo una nueva inquisición que se siente en el clima de exclusión y discriminación contra la población LGBTI, la cual tiene la intención de que perdamos legitimidad como seres humanos.
*Investigador de Dejusticia. @malbarracin mail: malbarracin@dejusticia.org