Con la platica del especulador George Soros, mecenas de la extrema izquierda, Dejusticia acaba de lanzar una investigación titulada Cuentas claras. El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano, investigación que plantea una discutible interpretación sobre las responsabilidades del empresariado y el papel de la Comisión de la Verdad al respecto.
Dejusticia pretende, en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional, darle un vuelco a la historia del conflicto: el empresariado no fue víctima de los narcoterroristas, sino los narcoterroristas víctimas del empresariado.
El analista Gustavo Duncan resume la aberrante equivocación de Dejusticia: “la gran falla del informe está en un error que reiterativamente se comete al analizar la economía política del conflicto colombiano: suponer que se trató de un enfrentamiento entre élites económicas contra una rebelión de obreros y campesinos por razones redistributivas… Quienes organizaron las guerrillas ciertamente tenían en mente reivindicaciones de clase, pero eran reivindicaciones supeditadas a un proyecto político mucho más ambicioso: la conquista del poder para crear un nuevo tipo de sociedad… Al tener las guerrillas un objetivo político tan ambicioso, la reacción provino de los más diversos sectores sociales. Desde élites políticas y narcotraficantes hasta campesinos pobres y gente del común, pasando por empresarios, se vincularon al paramilitarismo de una manera u otra para defenderse de la presión por recursos y de los abusos cometidos por las guerrillas… Por supuesto que existieron empresarios que utilizaron el conflicto para enriquecerse… Pero fueron unos pocos si se compara con el agregado de los empresarios del país”.
Otro analista de la realidad nacional, Jorge Humberto Botero, comenta en relación a la Comisión de la Verdad: “De otro lado, la creación de ese organismo se justifica para generar dinámicas tendientes a superar los antagonismos, no para profundizarlos. Infortunadamente, incitar a la confrontación es el camino que ha decidido recorrer Dejusticia, un grupo de abogados que recibe amplio financiamiento extranjero para las causas políticas que promueve… y valdría la pena descifrar”.
Dejusticia, basada en unos casos aislados de participación de unas pocas empresas en el paramilitarismo, y en la vanguardia del “revisionismo histórico”, se empeña en montar una cortina de humo: lejos de haber una confrontación entre élites empresariales contra un gigantesco movimiento obrero y campesino, lo que había es un reducidísimo grupo de terroristas —alimentados por el narcotráfico— que pretendían y siguen pretendiendo imponer en Colombia un régimen totalitario. Que las Farc hayan sacado menos del uno por ciento de los votos en las elecciones del pasado domingo es una demostración palpable de que el apoyo obrero y campesino ni existe ni jamás existió.
Soros, que arruinó a decenas de miles de viudas inglesas, se encuentra hoy enredado: su apuesta al inminente colapso de la economía estadounidense por ahora no está dando resultados. El tahúr financiero, lejos de ser un generador de riqueza, se ha lucrado con las distorsiones temporales de los mercados, importándole muy poco las víctimas que deja regadas en el camino.
Soros y sus fundaciones, más que el comunismo, lo que buscan es imponer un modelo intervencionista y colectivista. Prefieren la “pezuña visible” del Estado a la “mano invisible” del mercado.
Con la platica del especulador George Soros, mecenas de la extrema izquierda, Dejusticia acaba de lanzar una investigación titulada Cuentas claras. El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano, investigación que plantea una discutible interpretación sobre las responsabilidades del empresariado y el papel de la Comisión de la Verdad al respecto.
Dejusticia pretende, en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional, darle un vuelco a la historia del conflicto: el empresariado no fue víctima de los narcoterroristas, sino los narcoterroristas víctimas del empresariado.
El analista Gustavo Duncan resume la aberrante equivocación de Dejusticia: “la gran falla del informe está en un error que reiterativamente se comete al analizar la economía política del conflicto colombiano: suponer que se trató de un enfrentamiento entre élites económicas contra una rebelión de obreros y campesinos por razones redistributivas… Quienes organizaron las guerrillas ciertamente tenían en mente reivindicaciones de clase, pero eran reivindicaciones supeditadas a un proyecto político mucho más ambicioso: la conquista del poder para crear un nuevo tipo de sociedad… Al tener las guerrillas un objetivo político tan ambicioso, la reacción provino de los más diversos sectores sociales. Desde élites políticas y narcotraficantes hasta campesinos pobres y gente del común, pasando por empresarios, se vincularon al paramilitarismo de una manera u otra para defenderse de la presión por recursos y de los abusos cometidos por las guerrillas… Por supuesto que existieron empresarios que utilizaron el conflicto para enriquecerse… Pero fueron unos pocos si se compara con el agregado de los empresarios del país”.
Otro analista de la realidad nacional, Jorge Humberto Botero, comenta en relación a la Comisión de la Verdad: “De otro lado, la creación de ese organismo se justifica para generar dinámicas tendientes a superar los antagonismos, no para profundizarlos. Infortunadamente, incitar a la confrontación es el camino que ha decidido recorrer Dejusticia, un grupo de abogados que recibe amplio financiamiento extranjero para las causas políticas que promueve… y valdría la pena descifrar”.
Dejusticia, basada en unos casos aislados de participación de unas pocas empresas en el paramilitarismo, y en la vanguardia del “revisionismo histórico”, se empeña en montar una cortina de humo: lejos de haber una confrontación entre élites empresariales contra un gigantesco movimiento obrero y campesino, lo que había es un reducidísimo grupo de terroristas —alimentados por el narcotráfico— que pretendían y siguen pretendiendo imponer en Colombia un régimen totalitario. Que las Farc hayan sacado menos del uno por ciento de los votos en las elecciones del pasado domingo es una demostración palpable de que el apoyo obrero y campesino ni existe ni jamás existió.
Soros, que arruinó a decenas de miles de viudas inglesas, se encuentra hoy enredado: su apuesta al inminente colapso de la economía estadounidense por ahora no está dando resultados. El tahúr financiero, lejos de ser un generador de riqueza, se ha lucrado con las distorsiones temporales de los mercados, importándole muy poco las víctimas que deja regadas en el camino.
Soros y sus fundaciones, más que el comunismo, lo que buscan es imponer un modelo intervencionista y colectivista. Prefieren la “pezuña visible” del Estado a la “mano invisible” del mercado.