“Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto”. Winston Churchill
El rol del empresario, dentro de un marco de respeto por las leyes, las costumbres y los derechos humanos, es generar riqueza y valor para todos los relacionados: consumidores, empleados, accionistas, proveedores y comunidad. La generación de riqueza se logra al identificar necesidades insatisfechas y satisfacerlas mejor que cualquier otro. Son las empresas y los empresarios los que generan los excedentes que permiten la existencia de universidades privadas, de organizaciones de pensamiento y de ONG.
Para entender el sesgo antiempresarial, es oportuno traer a colación un reciente artículo del analista del Cato Institute Juan Carlos Hidalgo: “Este sesgo parece deber su origen a la prevalencia de la teoría marxista del valor, según la cual toda ganancia de los empresarios es producto del despojo que hacen de los trabajadores —quienes son los verdaderos creadores de riqueza—. Si bien pocos proponen la nacionalización de los medios de producción como solución —como lo hiciera Marx—, cualquier política que implique quitarles dinero a los empresarios y empoderar a los trabajadores frente a sus patronos —no importa cuán confiscatoria o arbitraria sea— es bienvenida como una corrección a esta “injusticia social”… El marxismo es hoy en día una ideología marginal, más allá de las excentricidades que podamos encontrar en algunos recintos universitarios. Ya casi nadie propone seriamente abolir la propiedad privada o nacionalizar los factores de producción. Sin embargo, esto no quita que un aspecto cardinal del ideario marxista siga teniendo un fuerte arraigo popular: la hostilidad hacia la empresa privada.”
El sesgo antiempresarial en Colombia, el deseo de fusilar el tigre depredador que menciona Churchill, se ilustra con dos ejemplos: en uno, un columnista de El Tiempo expresa su inconformidad con los palmeros y ganaderos, y al meter en el mismo costal a los empresarios agroindustriales con los grupos de izquierda como el Eln y las mal llamadas disidencias de las Farc (quienes son realmente los mayores destructores de la Amazonia), al saco lo tilda “empresariado criminal”. En otro ejemplo, la ONG Dejusticia ofrece un curso, no para ilustrar y concientizar a las empresas y a sus empleados de los aspectos que deben tener en cuenta en relación con los derechos humanos, sino para “explorar un repertorio de posibilidades para responsabilizar grandes empresas desde procesos de tratado hasta negociaciones directas, campañas públicas y abogacías.” Tanto el columnista badulaque como la ONG, lo que buscan es desacreditar y estrangular a las empresas y al empresariado.
Las economías que más contribuyen con el bienestar de sus ciudadanos son aquellas que tienen la mayor tasa de empleo, que es el principal derecho de los humanos. En el caso colombiano, el Estado, con sus altísimas tasas de tributación, se ha apropiado de los excedentes del sector privado para poder alimentar sus insaciables necesidades burocráticas. Los nuevos empleos tienen que venir necesariamente del sector privado y es precisamente la razón por la que es difícil entender el inexplicable sesgo antiempresarial que impera en Colombia.
“Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto”. Winston Churchill
El rol del empresario, dentro de un marco de respeto por las leyes, las costumbres y los derechos humanos, es generar riqueza y valor para todos los relacionados: consumidores, empleados, accionistas, proveedores y comunidad. La generación de riqueza se logra al identificar necesidades insatisfechas y satisfacerlas mejor que cualquier otro. Son las empresas y los empresarios los que generan los excedentes que permiten la existencia de universidades privadas, de organizaciones de pensamiento y de ONG.
Para entender el sesgo antiempresarial, es oportuno traer a colación un reciente artículo del analista del Cato Institute Juan Carlos Hidalgo: “Este sesgo parece deber su origen a la prevalencia de la teoría marxista del valor, según la cual toda ganancia de los empresarios es producto del despojo que hacen de los trabajadores —quienes son los verdaderos creadores de riqueza—. Si bien pocos proponen la nacionalización de los medios de producción como solución —como lo hiciera Marx—, cualquier política que implique quitarles dinero a los empresarios y empoderar a los trabajadores frente a sus patronos —no importa cuán confiscatoria o arbitraria sea— es bienvenida como una corrección a esta “injusticia social”… El marxismo es hoy en día una ideología marginal, más allá de las excentricidades que podamos encontrar en algunos recintos universitarios. Ya casi nadie propone seriamente abolir la propiedad privada o nacionalizar los factores de producción. Sin embargo, esto no quita que un aspecto cardinal del ideario marxista siga teniendo un fuerte arraigo popular: la hostilidad hacia la empresa privada.”
El sesgo antiempresarial en Colombia, el deseo de fusilar el tigre depredador que menciona Churchill, se ilustra con dos ejemplos: en uno, un columnista de El Tiempo expresa su inconformidad con los palmeros y ganaderos, y al meter en el mismo costal a los empresarios agroindustriales con los grupos de izquierda como el Eln y las mal llamadas disidencias de las Farc (quienes son realmente los mayores destructores de la Amazonia), al saco lo tilda “empresariado criminal”. En otro ejemplo, la ONG Dejusticia ofrece un curso, no para ilustrar y concientizar a las empresas y a sus empleados de los aspectos que deben tener en cuenta en relación con los derechos humanos, sino para “explorar un repertorio de posibilidades para responsabilizar grandes empresas desde procesos de tratado hasta negociaciones directas, campañas públicas y abogacías.” Tanto el columnista badulaque como la ONG, lo que buscan es desacreditar y estrangular a las empresas y al empresariado.
Las economías que más contribuyen con el bienestar de sus ciudadanos son aquellas que tienen la mayor tasa de empleo, que es el principal derecho de los humanos. En el caso colombiano, el Estado, con sus altísimas tasas de tributación, se ha apropiado de los excedentes del sector privado para poder alimentar sus insaciables necesidades burocráticas. Los nuevos empleos tienen que venir necesariamente del sector privado y es precisamente la razón por la que es difícil entender el inexplicable sesgo antiempresarial que impera en Colombia.