Entre buena parte del Gobierno y los analistas nacionales y extranjeros del problema agrario colombiano existen dos errores conceptuales de fondo que no les permiten llegar al meollo del asunto: el primero es que insisten en que el problema radica en la distribución de la tierra en sí y no en su productividad. No entienden que lo que se come no es la tierra, sino lo que produce la tierra. Tampoco entienden que las inmensas diferencias en productividad son las que llevan a que exista una significante desigualdad en la tenencia y así, aunque sea indirectamente, lo reconoce el mismo Estado cuando establece muy distintas extensiones para las unidades agrícolas familiares a lo largo y ancho del país.
Dos estudiantes desde el London School of Economics (El Espectador, abril 9/18) critican duramente las propuestas agrarias de Vargas Lleras porque “no observa ninguna intención de reducir la altísima inequidad en la distribución de la tierra en Colombia”. En el imaginario interesa exclusivamente la distribución y no la productividad de la tierra.
En un interesante artículo de El Espectador del pasado lunes, la periodista Carolina Ávila hace un recuento de cómo 63 campesinos de Chinú, en Córdoba, se organizaron para cultivar, con notable éxito, marañón, una nuez con un mercado incipiente en Colombia y una sólida demanda en el exterior. En el 2008, ellos se presentaron a una convocatoria para el programa Alianzas Productivas, del Ministerio de Agricultura, del cual salieron beneficiadas 80 personas, y a cada uno se le dieron $5 millones con el compromiso de que el 70 % de las ganancias las reinvirtieran en la constitución de la asociación. Además, a cada uno de los productores se le dio abono y semillas, que fueron pagados con obras de trabajo por un año. Según los expertos, la almendra de marañón ha sido el fruto seco de mayor crecimiento en la demanda mundial, superando a los pistachos y las nueces dentro del grupo de las almendras. El mercado de almendra de marañón es de US$5.200 millones al año, mientras que el precio por tonelada es de US$9.500 y en promedio una hectárea de marañón, con 60 árboles, produce una tonelada de nuez.
Tres hectáreas de marañón le pueden dar a un campesino bastante más ingresos que 100 hectáreas con 30 cabezas de ganado en pastos nativos. Los “distribuidores” de tierra, sin embargo, obligarían a partir en dos las 103 hectáreas, entregándole 51,5 ha a cada campesino, con el desastroso resultado de que el cultivador de marañón se enreda con el pago de los prediales de 49,5 ha que le sobran, y el ganadero, que difícilmente podía comer con sus 30 cabezas, se muere de hambre pastando las 51,5 ha que le dejaron.
El caso de los cultivadores de marañón en el Sinú es especialmente relevante porque muchos políticos y demasiados burócratas pretenden impulsar la agricultura por medio de leyes y decretos. El autor de esta nota no encontró a nivel mundial ningún caso exitoso de “agricultura por ley o por decreto”.
El futuro de la agricultura en Colombia está basado en que entendamos que el meollo del problema no está en distribuir tierra, sino aumentar la productividad, y que el apoyo que se le debe dar al agricultor no es en leyes y decretos, sino en créditos, abonos, semillas, comercialización y vías de acceso. No hacerlo es perpetuar que sigamos siendo uno de los países con menor seguridad alimentaria y con mayores importaciones de comida per cápita en el mundo.
Entre buena parte del Gobierno y los analistas nacionales y extranjeros del problema agrario colombiano existen dos errores conceptuales de fondo que no les permiten llegar al meollo del asunto: el primero es que insisten en que el problema radica en la distribución de la tierra en sí y no en su productividad. No entienden que lo que se come no es la tierra, sino lo que produce la tierra. Tampoco entienden que las inmensas diferencias en productividad son las que llevan a que exista una significante desigualdad en la tenencia y así, aunque sea indirectamente, lo reconoce el mismo Estado cuando establece muy distintas extensiones para las unidades agrícolas familiares a lo largo y ancho del país.
Dos estudiantes desde el London School of Economics (El Espectador, abril 9/18) critican duramente las propuestas agrarias de Vargas Lleras porque “no observa ninguna intención de reducir la altísima inequidad en la distribución de la tierra en Colombia”. En el imaginario interesa exclusivamente la distribución y no la productividad de la tierra.
En un interesante artículo de El Espectador del pasado lunes, la periodista Carolina Ávila hace un recuento de cómo 63 campesinos de Chinú, en Córdoba, se organizaron para cultivar, con notable éxito, marañón, una nuez con un mercado incipiente en Colombia y una sólida demanda en el exterior. En el 2008, ellos se presentaron a una convocatoria para el programa Alianzas Productivas, del Ministerio de Agricultura, del cual salieron beneficiadas 80 personas, y a cada uno se le dieron $5 millones con el compromiso de que el 70 % de las ganancias las reinvirtieran en la constitución de la asociación. Además, a cada uno de los productores se le dio abono y semillas, que fueron pagados con obras de trabajo por un año. Según los expertos, la almendra de marañón ha sido el fruto seco de mayor crecimiento en la demanda mundial, superando a los pistachos y las nueces dentro del grupo de las almendras. El mercado de almendra de marañón es de US$5.200 millones al año, mientras que el precio por tonelada es de US$9.500 y en promedio una hectárea de marañón, con 60 árboles, produce una tonelada de nuez.
Tres hectáreas de marañón le pueden dar a un campesino bastante más ingresos que 100 hectáreas con 30 cabezas de ganado en pastos nativos. Los “distribuidores” de tierra, sin embargo, obligarían a partir en dos las 103 hectáreas, entregándole 51,5 ha a cada campesino, con el desastroso resultado de que el cultivador de marañón se enreda con el pago de los prediales de 49,5 ha que le sobran, y el ganadero, que difícilmente podía comer con sus 30 cabezas, se muere de hambre pastando las 51,5 ha que le dejaron.
El caso de los cultivadores de marañón en el Sinú es especialmente relevante porque muchos políticos y demasiados burócratas pretenden impulsar la agricultura por medio de leyes y decretos. El autor de esta nota no encontró a nivel mundial ningún caso exitoso de “agricultura por ley o por decreto”.
El futuro de la agricultura en Colombia está basado en que entendamos que el meollo del problema no está en distribuir tierra, sino aumentar la productividad, y que el apoyo que se le debe dar al agricultor no es en leyes y decretos, sino en créditos, abonos, semillas, comercialización y vías de acceso. No hacerlo es perpetuar que sigamos siendo uno de los países con menor seguridad alimentaria y con mayores importaciones de comida per cápita en el mundo.