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Según el portal Las2Orillas, la senadora Piedad Córdoba presentó un proyecto de ley que busca regular a los medios de comunicación y señalarles nuevas responsabilidades de carácter legal. Para Córdoba, “los medios cada vez más desinforman” y están planteando con sus contenidos “situaciones que no llevan a que la gente se informe, sino a generar una opinión tergiversada sobre x o y proyecto, x o y programa o x o y persona”. No sorprende la solicitud de mordaza de la senadora del Pacto Histórico. Documentos hallados por la Fiscalía en el DAS, que seguramente la tienen encrespada, ponen en evidencia los presuntos vínculos de la senadora con las antiguas Farc y con organizaciones al margen de ley en Colombia y en otros países.
Por otro lado el sacerdote jesuita Javier Giraldo, en entrevista en el diario El Espectador, afirma sobre lo que él, al igual que buena parte de la izquierda radical, considera la necesidad de “democratizar la información”: “Otro es el problema de los medios. La información y el manejo de las conciencias lo hacen grandes medios, todos pertenecen a grandes conglomerados económicos, y a eso se le llama libertad de prensa. Yo creo que eso no es libertad de prensa (…) venimos haciendo unas propuestas de democratizar la información, lo ensayaron en Ecuador en tiempos del presidente Rafael Correa (…) hay que llegar a una democratización mucho más radical”. Las declaraciones del sacerdote no sorprenden. Desde sus días como director del CINEP, el cura Giraldo nunca ha ocultado su simpatía por los movimientos que buscan coartar las libertades individuales.
¿Qué hizo Rafael Correa en el Ecuador? Los periodistas que investigaban y difundían información contraria al movimiento político de Correa fueron objeto de persecución. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH documentó que entre los años 2007 y 2017 el Gobierno del Ecuador encabezado por Correa “diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar —mediante el uso del derecho penal y administrativo— a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.
No nos hagamos ilusiones: las opiniones de Córdoba y el cura Giraldo no son aisladas. Dentro de la extrema izquierda, con la excusa de “democratizar la información”, hay un premeditado plan para amordazar la libertad de expresión en Colombia.
Apostilla. Iluminadoras las anotaciones del analista Carlos Peña sobre lo que ocurrió en Chile el pasado domingo: “El resultado de ayer tiene tres significados. Es un límite al Gobierno (…) Los gobiernos no llegan tan lejos como lo auguran sus programas, sino hasta donde lo permiten sus limitaciones. Y la principal limitación en la democracia es la voluntad de la ciudadanía. Y la ciudadanía acaba de manifestar una flagrante desavenencia con el Gobierno. Por supuesto, los creyentes del Frente Amplio (guardando silencio acerca del salvavidas socialista que los salvó del ahogo, pero no del naufragio) dirán que todo esto es resultado del modelo neoliberal que habría logrado engatusar a la ciudadanía al extremo de impedirle ver los brillos secretos de la gestión gubernamental”.