Esta semana, en un evento universitario, me tocó responder a la siguiente pregunta: ¿qué desafíos enfrentará el derecho en los años que vienen? No tengo por costumbre utilizar esta columna para abordar temas académicos, pero en esta ocasión creo que vale la pena hacerlo.
Lo primero que me vino a la mente fue la relación que existe entre derecho y tecnología. Las plataformas virtuales, por ejemplo, están cambiando la economía de los servicios, como el taxi (Uber) o la hotelería (Airbnb), creando así problemas de regulación y de protección de derechos. De otra parte, la tecnología conlleva amenazas terribles para la intimidad de las personas. Nadie ha mostrado mejor esto que la serie Black Mirror, que pasa por Netflix.
Pero pensando un poco más el asunto, hay otros desafíos que no son del futuro (o del presente), como los que impone la tecnología, sino del pasado; de problemas que nunca hemos podido resolver. Octavio Paz dijo alguna vez que “en América Latina las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía”. Pues bien, al derecho le pasa algo de eso: tiene heridas que nunca ha podido curar; heridas que hipotecan su futuro. Es como si viviéramos en un presente incierto, compuesto por destellos del futuro y lastres del pasado.
Son muchas las heridas viejas que el derecho tiene en Colombia. Pero solo voy a referirme a una de ellas, que es la falta de regulación efectiva de la profesión jurídica.
Los abogados en Colombia ni se controlan (autoregulación), ni se dejan controlar. Todo empieza por las facultades de derecho, que enseñan y hacen lo que se les antoja, o casi. Pero lo más grave viene después, cuando los estudiantes obtienen el título de abogados y pueden escoger entre cosas tales como ser litigante, juez, profesor de derecho, notario o funcionario público. A los graduados en derecho de los países desarrollados les pasa lo mismo, pero su decisión les implica entre dos y seis años adicionales de estudio y ni siquiera eso garantiza que logren ingresar a una de esas profesiones. En Alemania o en Francia, por ejemplo, se necesitan mínimo dos años (de exámenes y cursos) para poder ingresar al litigio. Si lo que se quiere es ser profesor, se necesitan cinco o seis años, que es lo que tarda un doctorado. Y para los jueces y notarios se requieren dos o tres años de estudio.
En Colombia, los graduados en derecho pueden ser litigantes, funcionarios o notarios al día siguiente de egresar. Para ser juez se necesita pasar por un concurso, pero para ser magistrado de alta corte solo se necesita del apoyo (casi siempre político) de otros magistrados. Esto genera un sistema de indulgencias recíprocas, en donde se perdonan los pecados entre ellos (caso Pretelt) o de intercambio de favores (caso Bustos).
Como un egresado de la facultad de derecho puede ser lo que quiera y cuando quiera, se acumulan los oficios: los profesores son litigantes, los jueces son profesores, etc.; o se pasa de un oficio a otro: los magistrados de las altas cortes dejan de serlo para convertirse en abogados litigantes; los funcionarios públicos se convierten en notarios; los grandes abogados litigantes del país se convierten en ministros o en fiscales, y cuando dejan de serlo vuelven a su oficio inicial, para litigar contra el Estado, etc.
Se habla mucho de crisis de la justicia y de corrupción (cuando escribo esto me entero del escándalo de los exmagistrados de la Corte Suprema). Pues bien, veo muy difícil que esos problemas se resuelvan mientras estén alimentados por una profesión jurídica que nunca ha tenido controles serios. Cerrar esa herida, por la que mana tanta sangre, es tal vez el mayor reto que tiene el derecho.
Esta semana, en un evento universitario, me tocó responder a la siguiente pregunta: ¿qué desafíos enfrentará el derecho en los años que vienen? No tengo por costumbre utilizar esta columna para abordar temas académicos, pero en esta ocasión creo que vale la pena hacerlo.
Lo primero que me vino a la mente fue la relación que existe entre derecho y tecnología. Las plataformas virtuales, por ejemplo, están cambiando la economía de los servicios, como el taxi (Uber) o la hotelería (Airbnb), creando así problemas de regulación y de protección de derechos. De otra parte, la tecnología conlleva amenazas terribles para la intimidad de las personas. Nadie ha mostrado mejor esto que la serie Black Mirror, que pasa por Netflix.
Pero pensando un poco más el asunto, hay otros desafíos que no son del futuro (o del presente), como los que impone la tecnología, sino del pasado; de problemas que nunca hemos podido resolver. Octavio Paz dijo alguna vez que “en América Latina las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía”. Pues bien, al derecho le pasa algo de eso: tiene heridas que nunca ha podido curar; heridas que hipotecan su futuro. Es como si viviéramos en un presente incierto, compuesto por destellos del futuro y lastres del pasado.
Son muchas las heridas viejas que el derecho tiene en Colombia. Pero solo voy a referirme a una de ellas, que es la falta de regulación efectiva de la profesión jurídica.
Los abogados en Colombia ni se controlan (autoregulación), ni se dejan controlar. Todo empieza por las facultades de derecho, que enseñan y hacen lo que se les antoja, o casi. Pero lo más grave viene después, cuando los estudiantes obtienen el título de abogados y pueden escoger entre cosas tales como ser litigante, juez, profesor de derecho, notario o funcionario público. A los graduados en derecho de los países desarrollados les pasa lo mismo, pero su decisión les implica entre dos y seis años adicionales de estudio y ni siquiera eso garantiza que logren ingresar a una de esas profesiones. En Alemania o en Francia, por ejemplo, se necesitan mínimo dos años (de exámenes y cursos) para poder ingresar al litigio. Si lo que se quiere es ser profesor, se necesitan cinco o seis años, que es lo que tarda un doctorado. Y para los jueces y notarios se requieren dos o tres años de estudio.
En Colombia, los graduados en derecho pueden ser litigantes, funcionarios o notarios al día siguiente de egresar. Para ser juez se necesita pasar por un concurso, pero para ser magistrado de alta corte solo se necesita del apoyo (casi siempre político) de otros magistrados. Esto genera un sistema de indulgencias recíprocas, en donde se perdonan los pecados entre ellos (caso Pretelt) o de intercambio de favores (caso Bustos).
Como un egresado de la facultad de derecho puede ser lo que quiera y cuando quiera, se acumulan los oficios: los profesores son litigantes, los jueces son profesores, etc.; o se pasa de un oficio a otro: los magistrados de las altas cortes dejan de serlo para convertirse en abogados litigantes; los funcionarios públicos se convierten en notarios; los grandes abogados litigantes del país se convierten en ministros o en fiscales, y cuando dejan de serlo vuelven a su oficio inicial, para litigar contra el Estado, etc.
Se habla mucho de crisis de la justicia y de corrupción (cuando escribo esto me entero del escándalo de los exmagistrados de la Corte Suprema). Pues bien, veo muy difícil que esos problemas se resuelvan mientras estén alimentados por una profesión jurídica que nunca ha tenido controles serios. Cerrar esa herida, por la que mana tanta sangre, es tal vez el mayor reto que tiene el derecho.