Hace más de treinta años escribí un libro en el que hablo del siguiente fenómeno recurrente: se promulgan normas que recogen aspiraciones justas del constituyente, pero cuando llega el momento de aplicarlas, a través de leyes o de decisiones judiciales, tales aspiraciones se quedan en letra muerta. La semana pasada, mi colega Rodrigo Uprimny escribió una columna en la que analiza la desconexión entre constitución y jurisprudencia.
Esta semana, el presidente Gustavo Petro se refirió al mismo fenómeno, aunque con un tono y un propósito muy diferente al nuestro. “América Latina está viendo”, dijo, “(…) que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida”. México, agregó el presidente, al ver esa falta de alineación entre deseos populares y trabajo judicial, optó por la elección popular de jueces; no estoy diciendo que sea una buena solución, aclaró el presidente, sino que hay un debate sobre esa desconexión entre pueblo y jueces.
Petro tiene razón cuando detecta esa desconexión, pero, como suele ocurrir en sus discursos, las buenas razones se entrelazan con imprecisiones, las intuiciones ciertas con las propuestas delirantes, y la detección acertada de los problemas con el simplismo de las soluciones.
Si el presidente tiene razón en su crítica a los jueces, las conclusiones que saca son desafortunadas. En primer lugar, pone sobre el tapete la solución mexicana de elección popular de jueces que, a todas luces, es contraria al Estado de derecho. Es cierto que tanto en Colombia como en México el poder judicial adolece de problemas graves, pero estos no se solucionan (quizás se agravan) con la elección popular de jueces, como lo muestran María Adelaida Ceballos y Kelly Giraldo en un análisis de esa propuesta publicado en un blog de Dejusticia.
Petro habría podido desechar la solución mexicana de plano; eso sería lo más acorde con la defensa del Estado de derecho y la democracia constitucional. No lo hizo, pero al menos tampoco la defendió. Más inquietantes son otras partes de su discurso, como que el pueblo ya no se aguanta más y que él representa el campanazo que advierte esa insatisfacción; que el pueblo no permitirá que el voto popular se desconozca, y cosas por el estilo.
Cuando estoy a punto de entregar esta columna me entero de que los magistrados de la Corte Constitucional no fueron a la ceremonia de sanción presidencial de la reforma de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que tuvo lugar el miércoles pasado en el palacio presidencial; a todas luces están molestos con el presidente. Pero este desplante me parece inapropiado. Ir a una ceremonia como esta no significa estar de acuerdo; no se trata de una reunión de amigos o de copartidarios. No ir, en cambio, es un desaire que personaliza el poder judicial y debilita la institucionalidad. Estos desaires entre funcionarios públicos son anacrónicos (eran típicos del régimen colonial) y no ayudan en nada al fortalecimiento de las instituciones, menos aún a la búsqueda de soluciones. Pero hay algo más: las Cortes no son ajenas al problema de la desconexión, al menos parcial, entre voluntad constituyente y jurisprudencia, y por eso deberían tener algo de autocrítica al respecto. No hay que olvidar que la indiferencia de los jueces mexicanos frente a la crítica contribuyó a que en México llegaran al exabrupto de instaurar la elección popular de jueces.
La descortesía y la falta de autocrítica solo agregan amargura en las relaciones difíciles y, por esa vía, siguiendo la experiencia mexicana, podemos terminar en la elección popular de jueces.