El Consejo de Estado ha decidido esta semana que no es posible, como pretendía el Gobierno, decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas. Es una buena decisión, pero me temo que este es un tema que seguirá dando mucha lidia y aquí explico por qué.
En toda sociedad hay problemas reales y difíciles de resolver, como la pobreza, la guerra o el COVID-19. Pero también hay problemas difíciles de resolver que son inventados, o casi. El de las drogas ilícitas es uno de esos. Existe por la manera como las enfrentamos, por su ilicitud, no por otra cosa.
Siempre hay, en toda sociedad, un porcentaje de personas que consumen drogas. De ese porcentaje, una pequeña porción se vuelve adicta y se hace daño de manera irreparable. Este es el hecho duro del problema; un hecho inevitable, que no cambia cuando el Estado decide prohibir el consumo. Está comprobado que cuando se pasa de la prohibición a la legalización las cifras de consumidores (y de adictos) no varían sustancialmente: el grupo que consume es el mismo y la minoría de adictos también. Así pues, en una sociedad libre (no en una sociedad totalitaria), el consumo de droga es un hecho ineludible. Eso lo aprendimos hace casi un siglo con el consumo de alcohol y es por eso que a nadie se le ocurriría hoy volver a prohibirlo. Eso sería inventarse un problema que no existe.
Si aceptamos entonces que el consumo es inevitable, ¿qué debemos hacer? Hay dos respuestas: legalizarlo y controlarlo por medio de una regulación, tal como se hace con el alcohol, o prohibirlo y enfrentar sus consecuencias: mafias, corrupción, mala calidad del producto, etc. Este último es el camino que se ha escogido y se ha hecho en nombre de la protección de los niños y de los jóvenes, cuando en realidad este es el camino que menos los protege. Es verdad que la legalización no los salva del consumo, pero les evita los males asociados al mercado ilegal. No es una decisión ideal, pero es la mejor posible y, como decía Raymond Aron, lo que importa “no es tanto la lucha del bien contra el mal, sino de lo preferible contra lo detestable”.
¿Cómo es posible que siga en pie una política tan irracional? Pues porque existe un grupo muy poderoso de personas, en su gran mayoría compuesto por políticos conservadores, que son incapaces de ver la lógica perversa de la represión o, aún más probable, que, viéndola, la desconocen de manera olímpica. Los políticos viven de vender emociones, más que ideas, y en el caso de la derecha lo que venden es miedo, autoridad y represión, entre otras cosas. La gente que vota por ellos se contenta con saber que defienden esas emociones proclamándolas en leyes y discursos. Poco importa que tal cosa (la proclamación) no resuelva nada en la realidad, que todo siga igual o peor, que la gente sufra incluso más; lo único que les importa es que el principio haya sido ungido y la emoción, satisfecha. Ellos saben que mucha gente prefiere una ley represiva que resuelve todo en el papel, sin resolver nada en la práctica, a una política regulatoria que resuelve todo, o casi todo, en la práctica, pero sin emoción para proclamar y sin ley para promulgar.
Llevamos casi 60 años sin que sea posible que se legalicen las drogas. Hay probablemente otras causas, pero una de ellas es la enorme influencia de políticos conservadores que construyen problemas con la idea de que ellos son útiles para conseguir los votos que aseguran su futuro político.
El Consejo de Estado ha decidido esta semana que no es posible, como pretendía el Gobierno, decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas. Es una buena decisión, pero me temo que este es un tema que seguirá dando mucha lidia y aquí explico por qué.
En toda sociedad hay problemas reales y difíciles de resolver, como la pobreza, la guerra o el COVID-19. Pero también hay problemas difíciles de resolver que son inventados, o casi. El de las drogas ilícitas es uno de esos. Existe por la manera como las enfrentamos, por su ilicitud, no por otra cosa.
Siempre hay, en toda sociedad, un porcentaje de personas que consumen drogas. De ese porcentaje, una pequeña porción se vuelve adicta y se hace daño de manera irreparable. Este es el hecho duro del problema; un hecho inevitable, que no cambia cuando el Estado decide prohibir el consumo. Está comprobado que cuando se pasa de la prohibición a la legalización las cifras de consumidores (y de adictos) no varían sustancialmente: el grupo que consume es el mismo y la minoría de adictos también. Así pues, en una sociedad libre (no en una sociedad totalitaria), el consumo de droga es un hecho ineludible. Eso lo aprendimos hace casi un siglo con el consumo de alcohol y es por eso que a nadie se le ocurriría hoy volver a prohibirlo. Eso sería inventarse un problema que no existe.
Si aceptamos entonces que el consumo es inevitable, ¿qué debemos hacer? Hay dos respuestas: legalizarlo y controlarlo por medio de una regulación, tal como se hace con el alcohol, o prohibirlo y enfrentar sus consecuencias: mafias, corrupción, mala calidad del producto, etc. Este último es el camino que se ha escogido y se ha hecho en nombre de la protección de los niños y de los jóvenes, cuando en realidad este es el camino que menos los protege. Es verdad que la legalización no los salva del consumo, pero les evita los males asociados al mercado ilegal. No es una decisión ideal, pero es la mejor posible y, como decía Raymond Aron, lo que importa “no es tanto la lucha del bien contra el mal, sino de lo preferible contra lo detestable”.
¿Cómo es posible que siga en pie una política tan irracional? Pues porque existe un grupo muy poderoso de personas, en su gran mayoría compuesto por políticos conservadores, que son incapaces de ver la lógica perversa de la represión o, aún más probable, que, viéndola, la desconocen de manera olímpica. Los políticos viven de vender emociones, más que ideas, y en el caso de la derecha lo que venden es miedo, autoridad y represión, entre otras cosas. La gente que vota por ellos se contenta con saber que defienden esas emociones proclamándolas en leyes y discursos. Poco importa que tal cosa (la proclamación) no resuelva nada en la realidad, que todo siga igual o peor, que la gente sufra incluso más; lo único que les importa es que el principio haya sido ungido y la emoción, satisfecha. Ellos saben que mucha gente prefiere una ley represiva que resuelve todo en el papel, sin resolver nada en la práctica, a una política regulatoria que resuelve todo, o casi todo, en la práctica, pero sin emoción para proclamar y sin ley para promulgar.
Llevamos casi 60 años sin que sea posible que se legalicen las drogas. Hay probablemente otras causas, pero una de ellas es la enorme influencia de políticos conservadores que construyen problemas con la idea de que ellos son útiles para conseguir los votos que aseguran su futuro político.