En el año 2001 John Donohue y Steven Levitt publicaron un trabajo que ha sido muy controvertido.
Alegan que existe una relación entre la drástica caída del crimen en los EEUU durante los noventas y el estatus legal del aborto.
"El crimen empezó a caer aproximadamente dieciocho años depués de la legalización del aborto. Los cinco estados que permitieron abortos en 1970 experimentaron caídas anteriores al resto del país, que lo legalizó en 1973 con Roe vs Wade. Los estados con las mayores tasas de aborto en los setentas y ochentas experimentaron las reducciones más importantes en crimen. El aborto legal parece dar cuenta de hasta un 50 por ciento de la reciente caída en el crimen".
Años atrás, en el Rigshospitalet de Copenhague -un importante centro médico que atiende anualmente medio millón de pacientes- se realizó una investigación cuyos resultados son asombrosamente consistentes con los de Donohue y Levitt.
El punto de partida fueron más de cuatro mil niños que, en 1959, nacieron en ese hospital. Algunos de ellos sufrieron complicaciones registradas por los obstetras. El año siguiente un equipo de trabajadores sociales estuvo en los hogares de los niños indagando sobre las condiciones antes y después del nacimiento. Se tomaron indicadores de rechazo materno como los embarazos indeseados, las intenciones de abortar o si el recién nacido había sido internado en alguna institución de asistencia. Por último, cuando los niños cumplieron 18 años se revisaron los archivos judiciales daneses para determinar cuantos jóvenes de esa cohorte habían sido arrestados por crímenes violentos.
Para el análisis se definieron cuatro grupos. Los bebés que no tuvieron complicaciones durante el parto ni sufrieron síntomas de rechazo por parte de la madre se tomaron como grupo de control. En la segunda categoría estaban quienes, tras un parto riesgoso, habían sido bien aceptados por su progenitora. El tercer grupo lo conformaban los bebés nacidos sin contratiempos pero mal recibidos y en el último grupo quedaron quienes habían sufrido la doble carga de dificultades al nacer y rechazo maternal.
Los resultados fueron sorprendentes. Entre los primeros tres grupos no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de problemas judiciales. En el grupo que llegó al mundo con problemas tanto médicos como familiares la tasa de detenciones fue tres veces superior a la de los demás grupos. Aunque constituían menos del 5% de los niños estudiados, eran responsables del 18% de los delitos cometidos por esa cohorte.
Según estos dos estudios, los embarazos no deseados constituyen un factor de riesgo de la violencia juvenil. Cuando se reducen, esa eventual y costosa secuela también lo hace sustancialmente. Otra razón para que el debate sobre el aborto en Colombia no se limite a los tres casos excepcionales de la tímida sentencia de la Corte Constitucional.
En el año 2001 John Donohue y Steven Levitt publicaron un trabajo que ha sido muy controvertido.
Alegan que existe una relación entre la drástica caída del crimen en los EEUU durante los noventas y el estatus legal del aborto.
"El crimen empezó a caer aproximadamente dieciocho años depués de la legalización del aborto. Los cinco estados que permitieron abortos en 1970 experimentaron caídas anteriores al resto del país, que lo legalizó en 1973 con Roe vs Wade. Los estados con las mayores tasas de aborto en los setentas y ochentas experimentaron las reducciones más importantes en crimen. El aborto legal parece dar cuenta de hasta un 50 por ciento de la reciente caída en el crimen".
Años atrás, en el Rigshospitalet de Copenhague -un importante centro médico que atiende anualmente medio millón de pacientes- se realizó una investigación cuyos resultados son asombrosamente consistentes con los de Donohue y Levitt.
El punto de partida fueron más de cuatro mil niños que, en 1959, nacieron en ese hospital. Algunos de ellos sufrieron complicaciones registradas por los obstetras. El año siguiente un equipo de trabajadores sociales estuvo en los hogares de los niños indagando sobre las condiciones antes y después del nacimiento. Se tomaron indicadores de rechazo materno como los embarazos indeseados, las intenciones de abortar o si el recién nacido había sido internado en alguna institución de asistencia. Por último, cuando los niños cumplieron 18 años se revisaron los archivos judiciales daneses para determinar cuantos jóvenes de esa cohorte habían sido arrestados por crímenes violentos.
Para el análisis se definieron cuatro grupos. Los bebés que no tuvieron complicaciones durante el parto ni sufrieron síntomas de rechazo por parte de la madre se tomaron como grupo de control. En la segunda categoría estaban quienes, tras un parto riesgoso, habían sido bien aceptados por su progenitora. El tercer grupo lo conformaban los bebés nacidos sin contratiempos pero mal recibidos y en el último grupo quedaron quienes habían sufrido la doble carga de dificultades al nacer y rechazo maternal.
Los resultados fueron sorprendentes. Entre los primeros tres grupos no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de problemas judiciales. En el grupo que llegó al mundo con problemas tanto médicos como familiares la tasa de detenciones fue tres veces superior a la de los demás grupos. Aunque constituían menos del 5% de los niños estudiados, eran responsables del 18% de los delitos cometidos por esa cohorte.
Según estos dos estudios, los embarazos no deseados constituyen un factor de riesgo de la violencia juvenil. Cuando se reducen, esa eventual y costosa secuela también lo hace sustancialmente. Otra razón para que el debate sobre el aborto en Colombia no se limite a los tres casos excepcionales de la tímida sentencia de la Corte Constitucional.