Con soberbia, sin pizca de vergüenza, poca entereza, ni siquiera realismo, los negociadores de La Habana insisten en desconocer errores y negar el daño irreparable que le hicieron a la justicia.
En Colombia, los atentados terroristas se reciben como una nueva oportunidad para sentarse a dialogar. En los medios se defiende el derecho a protestar destruyendo mobiliario urbano y se aplaude tumbar estatuas políticamente incorrectas. Este escenario surrealista lo confirmó la condena a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, a 5 años de prisión y una multa de 100 mil dólares por vandalismo durante el paro nacional. “Cometió el delito de instigación para delinquir con fines terroristas”.
Tras el exabrupto, Álvaro Uribe propuso una amnistía general. Campantes, los autores del mejor acuerdo posible reviraron. Según ellos, esa medida “daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
La condena a la célebre youtuber es la punta del iceberg de las arbitrariedades que consolidó un acuerdo de paz totalmente amañado. Se indultó, amnistió y recompensó políticamente a los peores criminales mientras muchos y variados actores de la violencia urbana, la que desangró al país, continuaron encartados penalmente.
La prepotencia santista ni siquiera se interesó por un pequeño proceso de reconciliación promovido por expandilleros bogotanos del barrio Egipto, situado a pocas cuadras de donde trabajaba la tecnocracia de la paz para el Nobel. De ellos oí las críticas más demoledoras al sinsentido de comandantes secuestradores, aliados del narcotráfico y el terrorismo internacionales, tratados con mano blanda mientras pequeños bandidos y delincuentes juveniles seguían soportando el peso de una legislación penal deslegitimada y sesgada. “Estaríamos mejor si en lugar de atracar hubiéramos secuestrado y puesto bombas con brazalete de las Farc… El proceso con los paras fue más justo: pagaron unos años de cárcel y muchos nos beneficiamos” me decía en 2016 con más sorna que amargura el exjefe pandillero convertido en líder comunitario.
Estos microempresarios que tratan de dejar atrás la ilegalidad desprecian la actividad política proselitista. A diferencia de los rebeldes armados y los intelectuales que los han apoyado -que buscan siempre vivir del erario- sueñan encontrar socios privados que financien sus proyectos. Su talón de Aquiles siempre ha sido una desconfianza visceral con las autoridades y en particular con la policía. Uno de ellos repetía: “mi abuela recomendaba no creer en amor de puta ni en palabra de tombo”.
Hace seis meses en el mismo barrio Egipto fueron atacados con arma de fuego dos individuos que luego fallecieron. Acusado de ser coautor del doble homicidio, el exlíder de la pandilla fue detenido. No acepta los cargos. Transcribo su versión de los hechos.
“Yo me encontraba haciendo una listica de unos mercados que nos iban a regalar. Los iba a repartir ahí en el barrio cuando me llamaron que la señora C se había caído. Salí, la recogí y la senté, le di agüita, entró a mi casa, estuvo un buen rato ahí y llegaron otras señoras para los mercados. Ya eran como las siete de la noche cuando llegaron H y la mamá a decirme que les estaban echando la culpa de haber matado a unas personas por allá al lado de la novena. Le dije a H que si él no tenía nada que ver que bajara a presentarse a la estación. Me quedé en la casa con mi hijo. Me llamó un policía que si yo sabía lo que había pasado.
- Están con el chisme, pero hasta ahora estoy averiguando
- O usted me dice o subo por usted
- Pues ese es su trabajo, haga lo que tenga que hacer
Yo me encachorré, me dio mal genio y le colgué. Como a los diez minutos de haber terminado esa llamada, en presencia de ocho señoras (las enumera por su nombre) llega el policía. Camine me acompaña: me subió a la patrulla. Después, sin hacerme ninguna pregunta me dijeron que yo había matado esa gente, me hicieron la prueba del guantelete”, evidencia que posteriormente se refundió.
Por ser amigo del detenido, creo lo que cuenta. Pero él tiene que probar su inocencia y contradecir lo que afirman policías que lo acusan. Para eso necesita plata, mucha plata, pues los técnicos forenses cobran caro y más aún cuando una macabra posibilidad es que alguien lo haya “pegado” a ese doble homicidio. “Si el sindicado es enemigo de quienes manejaron la escena del crimen el caso pinta muy mal. Los pobres sin discurso marxista son absolutamente invisibles en el país”, sentencia un amigo conocedor de los organismos de seguridad.
Menos mal que un legado del proceso de paz es la magistratura de neopenalistas que averiguará la verdad restauradora. Mientras, Epa Colombia se hará multimillonaria demandando al Estado.
Con soberbia, sin pizca de vergüenza, poca entereza, ni siquiera realismo, los negociadores de La Habana insisten en desconocer errores y negar el daño irreparable que le hicieron a la justicia.
En Colombia, los atentados terroristas se reciben como una nueva oportunidad para sentarse a dialogar. En los medios se defiende el derecho a protestar destruyendo mobiliario urbano y se aplaude tumbar estatuas políticamente incorrectas. Este escenario surrealista lo confirmó la condena a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, a 5 años de prisión y una multa de 100 mil dólares por vandalismo durante el paro nacional. “Cometió el delito de instigación para delinquir con fines terroristas”.
Tras el exabrupto, Álvaro Uribe propuso una amnistía general. Campantes, los autores del mejor acuerdo posible reviraron. Según ellos, esa medida “daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
La condena a la célebre youtuber es la punta del iceberg de las arbitrariedades que consolidó un acuerdo de paz totalmente amañado. Se indultó, amnistió y recompensó políticamente a los peores criminales mientras muchos y variados actores de la violencia urbana, la que desangró al país, continuaron encartados penalmente.
La prepotencia santista ni siquiera se interesó por un pequeño proceso de reconciliación promovido por expandilleros bogotanos del barrio Egipto, situado a pocas cuadras de donde trabajaba la tecnocracia de la paz para el Nobel. De ellos oí las críticas más demoledoras al sinsentido de comandantes secuestradores, aliados del narcotráfico y el terrorismo internacionales, tratados con mano blanda mientras pequeños bandidos y delincuentes juveniles seguían soportando el peso de una legislación penal deslegitimada y sesgada. “Estaríamos mejor si en lugar de atracar hubiéramos secuestrado y puesto bombas con brazalete de las Farc… El proceso con los paras fue más justo: pagaron unos años de cárcel y muchos nos beneficiamos” me decía en 2016 con más sorna que amargura el exjefe pandillero convertido en líder comunitario.
Estos microempresarios que tratan de dejar atrás la ilegalidad desprecian la actividad política proselitista. A diferencia de los rebeldes armados y los intelectuales que los han apoyado -que buscan siempre vivir del erario- sueñan encontrar socios privados que financien sus proyectos. Su talón de Aquiles siempre ha sido una desconfianza visceral con las autoridades y en particular con la policía. Uno de ellos repetía: “mi abuela recomendaba no creer en amor de puta ni en palabra de tombo”.
Hace seis meses en el mismo barrio Egipto fueron atacados con arma de fuego dos individuos que luego fallecieron. Acusado de ser coautor del doble homicidio, el exlíder de la pandilla fue detenido. No acepta los cargos. Transcribo su versión de los hechos.
“Yo me encontraba haciendo una listica de unos mercados que nos iban a regalar. Los iba a repartir ahí en el barrio cuando me llamaron que la señora C se había caído. Salí, la recogí y la senté, le di agüita, entró a mi casa, estuvo un buen rato ahí y llegaron otras señoras para los mercados. Ya eran como las siete de la noche cuando llegaron H y la mamá a decirme que les estaban echando la culpa de haber matado a unas personas por allá al lado de la novena. Le dije a H que si él no tenía nada que ver que bajara a presentarse a la estación. Me quedé en la casa con mi hijo. Me llamó un policía que si yo sabía lo que había pasado.
- Están con el chisme, pero hasta ahora estoy averiguando
- O usted me dice o subo por usted
- Pues ese es su trabajo, haga lo que tenga que hacer
Yo me encachorré, me dio mal genio y le colgué. Como a los diez minutos de haber terminado esa llamada, en presencia de ocho señoras (las enumera por su nombre) llega el policía. Camine me acompaña: me subió a la patrulla. Después, sin hacerme ninguna pregunta me dijeron que yo había matado esa gente, me hicieron la prueba del guantelete”, evidencia que posteriormente se refundió.
Por ser amigo del detenido, creo lo que cuenta. Pero él tiene que probar su inocencia y contradecir lo que afirman policías que lo acusan. Para eso necesita plata, mucha plata, pues los técnicos forenses cobran caro y más aún cuando una macabra posibilidad es que alguien lo haya “pegado” a ese doble homicidio. “Si el sindicado es enemigo de quienes manejaron la escena del crimen el caso pinta muy mal. Los pobres sin discurso marxista son absolutamente invisibles en el país”, sentencia un amigo conocedor de los organismos de seguridad.
Menos mal que un legado del proceso de paz es la magistratura de neopenalistas que averiguará la verdad restauradora. Mientras, Epa Colombia se hará multimillonaria demandando al Estado.