De la Paz Total al fracaso absoluto de la pacificación con diálogos
Una de las creencias socialmente más costosas del populismo de izquierda ha sido que cualquier conflicto, con cualquier contrincante, incluso criminales comunes o terroristas, puede terminar en una mesa de negociación.
Hace poco, ante la ONU, Gustavo Petro anunció un “plan de choque para acelerar y cumplir el Acuerdo de Paz”. Se preguntó por qué en Colombia fracasaba continuamente la paz, y lo achacó a la desigualdad en el campo donde “solo el 1 % tiene el 90 % de la tierra fértil”. Un mes después, 56 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta también a la ONU manifestando que dicho Acuerdo “se enfrenta a obstáculos considerables en su ejecución, especialmente bajo la presidencia de Gustavo Petro”. Además, como víctimas criticaron la “Paz Total” por no haberle dado prioridad a implementar el programa acordado entre Santos y las FARC.
Lo preocupante del marcado incremento en todos los indicadores de violencia es que no tiene nada que ver con quienes firmaron el Acuerdo. Para el ELN, desde febrero, el conflictólogo Luis Fernando Trejos manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de dejar las armas mediante el diálogo pues “tiene la certeza de que puede prolongar la negociación sabiendo que el gobierno no se levantará de la mesa”. El inaudito golpe de gracia a las conversaciones fue el atentado contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca. La gravedad del ataque, cerca de un centro escolar con 300 menores de edad, llevó a Petro a anunciar que “es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”. El mismo Trejos vaticinó que esta guerrilla “esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela”.
En medio de este trance, el gobierno mantuvo diálogos paralelos con un frente díscolo del ELN -los Comuneros del Sur- que llevaron a Vera Grabe e Iván Cepeda, negociadores con el grupo tradicional a dirigirle a Petro un comunicado público de desacuerdo.
En paralelo al fiasco con los elenos, en la Costa Pacífica, el 10 de septiembre, un ataque con cilindros bomba contra la Armada Nacional dejó heridos a ocho infantes de marina y afectó más de cien viviendas. El atentado fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias FARC lideradas por Iván Mordisco. Sobre los incentivos de este grupo insurgente para desarmarse Luis Fernando Trejos también mantenía serias dudas.
Casto Ocando, periodista venezolano en el exilio especializado en crimen transnacional, anota que, ante la debacle electoral, Diosdado Cabello -figura incendiaria y conflictiva del régimen- ha ganado poder frente a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. La paranoia de Maduro con la seguridad los llevó a organizar una reunión en el Alto Apure para discutir con las disidencias de las FARC y con el ELN el tema de la protección a la dictadura por un ejército mercenario pues desconfían de sus propios militares. “Quieren incorporar estos elementos de la guerrilla a la defensa de la revolución en Caracas y en diferentes partes, sobre todo en la frontera para actuar frente a una posible invasión militar”, precisa Ocando. Tanto el EMC como el ELN ignoraron la Paz Total para embarcarse en una eventual guerra aupados y pagados por Cabello y Maduro, un escenario que hace añorar la difusa amenaza del castrochavismo.
Si estos actores supuestamente motivados por luchar contra la injusticia social son reacios a abandonar sus actividades criminales sin pisar la cárcel, es fácil entender el recelo de quienes, según el gobierno, deberían someterse a la justicia, así sea en variantes mullidas, como las que disfrutan las FARC. Las víctimas, por su lado, manifiestan su frustración. “Si Petro no viene nos vamos”, anunciaron familiares de miembros de la UP asesinados cuando el presidente los dejó plantados en la Plaza de Bolívar. Al recordar la infame alianza de la Fuerza Pública con las autodefensas en ese aniquilamiento, debió molestarles que, pocos días antes, el comandante Salvatore Mancuso y Petro intercambiaran cordialmente sombreros vueltiaos.
A la falta de disposición y cinismo de la insurgencia y de sus archienemigos de guerra, se debe sumar la creciente irrelevancia de las explicaciones sobre por qué persiste semejante violencia. Uno de los seis ejes del Plan de Choque ante la ONU es la reforma rural integral. La premisa oficial que “el acceso a la tierra es uno de los factores centrales del conflicto colombiano” constituye un nuevo espaldarazo a una eterna disculpa del ELN para sembrar el terror.
La reforma agraria poco le preocupa a la pseudo insurgencia al servicio de la dictadura venezolana. Tampoco desvela a los narcos refugiados en Dubai que demandan coca colombiana cuya producción bate récords ni a los paramilitares que se fortalecen, reclutan y expanden “para presionar al Gobierno por una negociación política”.
Una de las creencias socialmente más costosas del populismo de izquierda ha sido que cualquier conflicto, con cualquier contrincante, incluso criminales comunes o terroristas, puede terminar en una mesa de negociación.
Hace poco, ante la ONU, Gustavo Petro anunció un “plan de choque para acelerar y cumplir el Acuerdo de Paz”. Se preguntó por qué en Colombia fracasaba continuamente la paz, y lo achacó a la desigualdad en el campo donde “solo el 1 % tiene el 90 % de la tierra fértil”. Un mes después, 56 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta también a la ONU manifestando que dicho Acuerdo “se enfrenta a obstáculos considerables en su ejecución, especialmente bajo la presidencia de Gustavo Petro”. Además, como víctimas criticaron la “Paz Total” por no haberle dado prioridad a implementar el programa acordado entre Santos y las FARC.
Lo preocupante del marcado incremento en todos los indicadores de violencia es que no tiene nada que ver con quienes firmaron el Acuerdo. Para el ELN, desde febrero, el conflictólogo Luis Fernando Trejos manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de dejar las armas mediante el diálogo pues “tiene la certeza de que puede prolongar la negociación sabiendo que el gobierno no se levantará de la mesa”. El inaudito golpe de gracia a las conversaciones fue el atentado contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca. La gravedad del ataque, cerca de un centro escolar con 300 menores de edad, llevó a Petro a anunciar que “es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”. El mismo Trejos vaticinó que esta guerrilla “esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela”.
En medio de este trance, el gobierno mantuvo diálogos paralelos con un frente díscolo del ELN -los Comuneros del Sur- que llevaron a Vera Grabe e Iván Cepeda, negociadores con el grupo tradicional a dirigirle a Petro un comunicado público de desacuerdo.
En paralelo al fiasco con los elenos, en la Costa Pacífica, el 10 de septiembre, un ataque con cilindros bomba contra la Armada Nacional dejó heridos a ocho infantes de marina y afectó más de cien viviendas. El atentado fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias FARC lideradas por Iván Mordisco. Sobre los incentivos de este grupo insurgente para desarmarse Luis Fernando Trejos también mantenía serias dudas.
Casto Ocando, periodista venezolano en el exilio especializado en crimen transnacional, anota que, ante la debacle electoral, Diosdado Cabello -figura incendiaria y conflictiva del régimen- ha ganado poder frente a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. La paranoia de Maduro con la seguridad los llevó a organizar una reunión en el Alto Apure para discutir con las disidencias de las FARC y con el ELN el tema de la protección a la dictadura por un ejército mercenario pues desconfían de sus propios militares. “Quieren incorporar estos elementos de la guerrilla a la defensa de la revolución en Caracas y en diferentes partes, sobre todo en la frontera para actuar frente a una posible invasión militar”, precisa Ocando. Tanto el EMC como el ELN ignoraron la Paz Total para embarcarse en una eventual guerra aupados y pagados por Cabello y Maduro, un escenario que hace añorar la difusa amenaza del castrochavismo.
Si estos actores supuestamente motivados por luchar contra la injusticia social son reacios a abandonar sus actividades criminales sin pisar la cárcel, es fácil entender el recelo de quienes, según el gobierno, deberían someterse a la justicia, así sea en variantes mullidas, como las que disfrutan las FARC. Las víctimas, por su lado, manifiestan su frustración. “Si Petro no viene nos vamos”, anunciaron familiares de miembros de la UP asesinados cuando el presidente los dejó plantados en la Plaza de Bolívar. Al recordar la infame alianza de la Fuerza Pública con las autodefensas en ese aniquilamiento, debió molestarles que, pocos días antes, el comandante Salvatore Mancuso y Petro intercambiaran cordialmente sombreros vueltiaos.
A la falta de disposición y cinismo de la insurgencia y de sus archienemigos de guerra, se debe sumar la creciente irrelevancia de las explicaciones sobre por qué persiste semejante violencia. Uno de los seis ejes del Plan de Choque ante la ONU es la reforma rural integral. La premisa oficial que “el acceso a la tierra es uno de los factores centrales del conflicto colombiano” constituye un nuevo espaldarazo a una eterna disculpa del ELN para sembrar el terror.
La reforma agraria poco le preocupa a la pseudo insurgencia al servicio de la dictadura venezolana. Tampoco desvela a los narcos refugiados en Dubai que demandan coca colombiana cuya producción bate récords ni a los paramilitares que se fortalecen, reclutan y expanden “para presionar al Gobierno por una negociación política”.