Algunos adalides de la justicia y la igualdad disfrutan las ventajas del sistema que critican. Actúan como mercaderes vendidos al mejor postor.
La noticia sobre la autorización para extraditar de Cabo Verde a Álex Saab, abogado colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, aclaraba: “esta sería la última batalla perdida por la defensa del empresario, dirigida por el exjuez español Baltasar Garzón”.
Resulta difícil entender que se trate del mismo personaje que en 1998 emitió una orden internacional de detención contra Augusto Pinochet y solicitó su extradición a España desde Reino Unido, donde el dictador se sentía a salvo como senador vitalicio con inmunidad diplomática. Estuvo recluido más de un año y aunque al final no lo extraditaron, el caso “marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad”.
Esta detención mostró que un juez de cualquier país podría actuar contra los violadores de derechos humanos haciendo palpable la justicia transnacional. Una académica norteamericana expresaba su beneplácito por “revalidar la justicia universal como forma complementaria de justicia internacional”. Anotaba que la causa ofrecía esperanza a víctimas de conflictos de larga duración para llevar casos desatendidos por la justicia en sus países a tribunales extranjeros.
Sería reconfortante que exguerrilleras de la Rosa Blanca o víctimas de secuestro en Colombia pudiesen ir a Bélgica, Francia o España a denunciar la impunidad de sus verdugos. Pero el santismo manipuló al máximo la ley para evitar esa posibilidad. La supuesta justicia global no es ciega sino tuerta y selectiva: depende de la ideología de quien viola los DD. HH. El juez Garzón, mago y malabarista, además de mirar para otro lado cuando no le simpatiza el infractor puede pasar a defenderlo si encuentra beneficio económico.
La historia de Garzón es más jugosa que sus misteriosos honorarios actuales defendiendo grandes corruptos o cómplices de tiranos. Nacido en 1955 comenzó su carrera en un pequeño pueblo de Huelva. A los 33 años, como juez de instrucción de la Audiencia Nacional revisó casos de terrorismo, narcotráfico, crimen de cuello blanco, blanqueo de activos y delitos de lesa humanidad. Dictó sentencias contra etarras y participó en el desmantelamiento de redes de narcotraficantes.
Graduado como experto del bajo mundo gracias a un cargo judicial, en 2005 fue senior fellow del Center on Law and Security, de la Universidad de Nueva York, y docente de la misma institución. En 2011 fue consultor en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia.
Su movida estelar, que lo llevó súbitamente a la fama en el firmamento jurídico internacional, fue la detención de Pinochet. En retrospectiva, esa movida, parece más un golpe de mercadeo dirigido a la que sería su nueva clientela: los poderosos acusados de malos manejos de dinero público. El juez de marras está al día en las tendencias del crimen organizado.
Un desliz de Garzón fue cuando su afán por la justicia sin fronteras y sin límites en el tiempo lo llevó a investigar los crímenes del franquismo, ignorando acuerdos que habían permitido el tránsito a un régimen constitucional en España. Tras declararse competente, un mes después se inhibió en favor de los juzgados donde hay fosas de víctimas. Esto llevó al sindicato Manos Limpias a denunciarlo por prevaricación. Fue suspendido de sus funciones.
En 2012 fue destituido de manera fulminante por decisión unánime del Tribunal Supremo Español que lo condenó a “11 años de inhabilidad especial para el cargo de juez” por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes. Su fiel fanaticada protestó por semejante injusticia contra un juez tan bueno como comprometido.
Su conversión en negociante la formalizó con una oficina de abogados con fachada de ONG, la International Legal Office for Cooperation and Development, cuya sede está en Madrid. Otro cliente defendido por este bufete es Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, quien ha estado detenido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude.
Podría no ser coincidencia que un tipo como Garzón, que combina la destreza para parecer salvador del mundo con el olfato para grandes y jugosas oportunidades judiciales, haya sido consultor del proceso de paz santista. En esa aventura política y mediática, casi farandulera, jugaron activo papel célebres constitucionalistas que, para estupor de sus estudiantes, también son codiciosos negociantes. Es más que razonable anotar que en ese doble juego hay incongruencia para recordar un aforismo: quien juega con candela tarde o temprano se quema. Empresarios audaces como Saab hace rato saben que una eficaz defensa en Colombia requiere no sólo penalistas sino neolitigantes que manejen al dedillo el tejemaneje de la tutela, ese procedimiento exprés envenenado que se les salió de las manos incluso a sus creadores, tan adalides de la justicia como lo fue en su momento el juez camaleón y mercachifle que detuvo a Pinochet.
Algunos adalides de la justicia y la igualdad disfrutan las ventajas del sistema que critican. Actúan como mercaderes vendidos al mejor postor.
La noticia sobre la autorización para extraditar de Cabo Verde a Álex Saab, abogado colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, aclaraba: “esta sería la última batalla perdida por la defensa del empresario, dirigida por el exjuez español Baltasar Garzón”.
Resulta difícil entender que se trate del mismo personaje que en 1998 emitió una orden internacional de detención contra Augusto Pinochet y solicitó su extradición a España desde Reino Unido, donde el dictador se sentía a salvo como senador vitalicio con inmunidad diplomática. Estuvo recluido más de un año y aunque al final no lo extraditaron, el caso “marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad”.
Esta detención mostró que un juez de cualquier país podría actuar contra los violadores de derechos humanos haciendo palpable la justicia transnacional. Una académica norteamericana expresaba su beneplácito por “revalidar la justicia universal como forma complementaria de justicia internacional”. Anotaba que la causa ofrecía esperanza a víctimas de conflictos de larga duración para llevar casos desatendidos por la justicia en sus países a tribunales extranjeros.
Sería reconfortante que exguerrilleras de la Rosa Blanca o víctimas de secuestro en Colombia pudiesen ir a Bélgica, Francia o España a denunciar la impunidad de sus verdugos. Pero el santismo manipuló al máximo la ley para evitar esa posibilidad. La supuesta justicia global no es ciega sino tuerta y selectiva: depende de la ideología de quien viola los DD. HH. El juez Garzón, mago y malabarista, además de mirar para otro lado cuando no le simpatiza el infractor puede pasar a defenderlo si encuentra beneficio económico.
La historia de Garzón es más jugosa que sus misteriosos honorarios actuales defendiendo grandes corruptos o cómplices de tiranos. Nacido en 1955 comenzó su carrera en un pequeño pueblo de Huelva. A los 33 años, como juez de instrucción de la Audiencia Nacional revisó casos de terrorismo, narcotráfico, crimen de cuello blanco, blanqueo de activos y delitos de lesa humanidad. Dictó sentencias contra etarras y participó en el desmantelamiento de redes de narcotraficantes.
Graduado como experto del bajo mundo gracias a un cargo judicial, en 2005 fue senior fellow del Center on Law and Security, de la Universidad de Nueva York, y docente de la misma institución. En 2011 fue consultor en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia.
Su movida estelar, que lo llevó súbitamente a la fama en el firmamento jurídico internacional, fue la detención de Pinochet. En retrospectiva, esa movida, parece más un golpe de mercadeo dirigido a la que sería su nueva clientela: los poderosos acusados de malos manejos de dinero público. El juez de marras está al día en las tendencias del crimen organizado.
Un desliz de Garzón fue cuando su afán por la justicia sin fronteras y sin límites en el tiempo lo llevó a investigar los crímenes del franquismo, ignorando acuerdos que habían permitido el tránsito a un régimen constitucional en España. Tras declararse competente, un mes después se inhibió en favor de los juzgados donde hay fosas de víctimas. Esto llevó al sindicato Manos Limpias a denunciarlo por prevaricación. Fue suspendido de sus funciones.
En 2012 fue destituido de manera fulminante por decisión unánime del Tribunal Supremo Español que lo condenó a “11 años de inhabilidad especial para el cargo de juez” por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes. Su fiel fanaticada protestó por semejante injusticia contra un juez tan bueno como comprometido.
Su conversión en negociante la formalizó con una oficina de abogados con fachada de ONG, la International Legal Office for Cooperation and Development, cuya sede está en Madrid. Otro cliente defendido por este bufete es Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, quien ha estado detenido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude.
Podría no ser coincidencia que un tipo como Garzón, que combina la destreza para parecer salvador del mundo con el olfato para grandes y jugosas oportunidades judiciales, haya sido consultor del proceso de paz santista. En esa aventura política y mediática, casi farandulera, jugaron activo papel célebres constitucionalistas que, para estupor de sus estudiantes, también son codiciosos negociantes. Es más que razonable anotar que en ese doble juego hay incongruencia para recordar un aforismo: quien juega con candela tarde o temprano se quema. Empresarios audaces como Saab hace rato saben que una eficaz defensa en Colombia requiere no sólo penalistas sino neolitigantes que manejen al dedillo el tejemaneje de la tutela, ese procedimiento exprés envenenado que se les salió de las manos incluso a sus creadores, tan adalides de la justicia como lo fue en su momento el juez camaleón y mercachifle que detuvo a Pinochet.