Las Farc han aceptado que usaron el secuestro para financiarse y atemorizar. Algo tan obvio tuvo menos cubrimiento mediático que un verdadero enigma: la implacable persecución del ejército venezolano a las disidencias farianas.
En un detallado, redundante e inconducente escrito, la JEP anota que la cúpula de las Farc reconoce haber secuestrado de manera sistemática durante la guerra. Salvo idealistas biempensantes, difícil imaginar a alguien que celebre semejante recalentado. Las víctimas de una organización guerrillera mundialmente célebre por ese crimen atroz esperan justicia hace décadas. Se sentirán insultadas otra vez por ese supuesto avance en la comprensión del conflicto armado.
Comandantes convertidos en congresistas e intelectualidad progre han guardado silencio sobre el radical giro de Nicolás Maduro con los subversivos de las Farc que siguieron en armas. El amable anfitrión durante el proceso de paz dio el volantín a implacable verdugo. En efecto, a finales de abril, inició “la mayor operación militar del país en décadas para tratar de echar de su territorio a una facción disidente de las Farc”, anota El País español. Esos grupos y el Eln se instalaron durante años en territorio venezolano, sobre todo en el estado de Apure, limítrofe con Colombia.
De esa candente zona fronteriza tuvo que huir un informático treintañero que una vez al mes cruzaba en barca un río de la selva para comprar datos de internet que luego revendía en su país. Por ser pequeño y virtual, su negocio se libraba del impuesto paraestatal sobre cualquier mercancía de contrabando. Acostumbrado a los hombres armados, se sorprendió cuando un militar lo amenazó con un fusil preguntándole si en su pueblo había guerrilleros. Ese mismo día, el ejército venezolano registró varias casas buscando insurgentes sin uniforme. “El Gobierno decidió combatir al actor armado que más le molestaba”, aclara un analista del International Crisis Group. Las alianzas entre disidencias colombianas y fuerzas de seguridad venezolanas en este corredor de cocaína fueron comunes por muchos años. Terminaron de manera abrupta con la persecución a sospechosos reforzada con bombardeos.
No es fácil entender el origen de este quiebre contundente en las relaciones del ejército venezolano con las Farc no reinsertadas, pero alguna información dispersa permite conjeturas.
Desde mediados de 2018 aparecieron en Caracas los llamados bodegones: supermercados con productos que habían desaparecido de los anaqueles y de la capacidad de compra de la mayoría de la población. Repletos de marcas gringas bajo un supuesto bloqueo económico, empezaron a ofrecer mercancía que antes hacía parte del consumo cotidiano de la clase media empobrecida por la devaluación. Primero localizados en zonas de estrato alto y hoteles de lujo, se abrieron luego en centros comerciales y otros espacios en donde ahora todo se paga en dólares.
Acosados por gobiernos extranjeros y el sistema financiero internacional, los grandes capos de la corrupción chavista terminaron buscando refugio para sus divisas ilícitas. Millonarios tradicionales, favorecidos por una devaluación exponencial, también decidieron repatriar capitales. Hábilmente, el heredero de Chávez supo aprovechar esos monumentales flujos monetarios. En febrero de este año, BBC News mencionaba el “plan de Maduro para llenar de dólares los bancos de Venezuela”. Tras varios años de estricto control cambiario, los bancos procedieron a “recibir depósitos en divisas y facilitar su uso para el pago de bienes y servicios”.
En paralelo a la dolarización, desde 2018 hubo un drástico quiebre en la evolución de la violencia venezolana: los homicidios se redujeron a una fracción de lo que fueron. Un activo comercio en divisas con un boom en la construcción de vivienda lujosa y en bodegones bien surtidos exigían pacificar el país. El nuevo capitalismo requiere un ambiente menos caótico. Las reglas del juego mínimas para hacer negocios surgieron gracias a los estrechos vínculos de los inversionistas emergentes con el poder militar.
Así, los ataques y bombardeos de Maduro a sus antiguos aliados de las Farc podrían ser un paso adicional en el reacomodo del Socialismo del Siglo XXI a las exigencias del gran capital. Como ocurrió hace décadas en Chile con Pinochet y ahora en China o Rusia, para garantizar seguridad y atraer inversionistas un régimen dictatorial puede ser más pragmático, astuto y eficiente que los manuales del marxismo-leninismo.
Las disidencias de las Farc acosadas por el ejército venezolano volverán a guerrear y traficar en el país de gobiernos débiles encartados con la tarea básica de cobrar tributos. Sobre todo, cuando en Colombia tienen compinches de vieja data con tesoros encaletados, pero tan impunes y tranquilos que se dedican a recordar lo que todo el mundo sabe. Para su memoria histórica, Nicolás el eficaz, pupilo castrista ya Maduro, jamás pensará desperdiciar recursos en un tribunal de cuentas sin dientes a donde los corruptos acudan a contar, sin ningún riesgo de represalias, cómo hicieron sus fortunas.
Las Farc han aceptado que usaron el secuestro para financiarse y atemorizar. Algo tan obvio tuvo menos cubrimiento mediático que un verdadero enigma: la implacable persecución del ejército venezolano a las disidencias farianas.
En un detallado, redundante e inconducente escrito, la JEP anota que la cúpula de las Farc reconoce haber secuestrado de manera sistemática durante la guerra. Salvo idealistas biempensantes, difícil imaginar a alguien que celebre semejante recalentado. Las víctimas de una organización guerrillera mundialmente célebre por ese crimen atroz esperan justicia hace décadas. Se sentirán insultadas otra vez por ese supuesto avance en la comprensión del conflicto armado.
Comandantes convertidos en congresistas e intelectualidad progre han guardado silencio sobre el radical giro de Nicolás Maduro con los subversivos de las Farc que siguieron en armas. El amable anfitrión durante el proceso de paz dio el volantín a implacable verdugo. En efecto, a finales de abril, inició “la mayor operación militar del país en décadas para tratar de echar de su territorio a una facción disidente de las Farc”, anota El País español. Esos grupos y el Eln se instalaron durante años en territorio venezolano, sobre todo en el estado de Apure, limítrofe con Colombia.
De esa candente zona fronteriza tuvo que huir un informático treintañero que una vez al mes cruzaba en barca un río de la selva para comprar datos de internet que luego revendía en su país. Por ser pequeño y virtual, su negocio se libraba del impuesto paraestatal sobre cualquier mercancía de contrabando. Acostumbrado a los hombres armados, se sorprendió cuando un militar lo amenazó con un fusil preguntándole si en su pueblo había guerrilleros. Ese mismo día, el ejército venezolano registró varias casas buscando insurgentes sin uniforme. “El Gobierno decidió combatir al actor armado que más le molestaba”, aclara un analista del International Crisis Group. Las alianzas entre disidencias colombianas y fuerzas de seguridad venezolanas en este corredor de cocaína fueron comunes por muchos años. Terminaron de manera abrupta con la persecución a sospechosos reforzada con bombardeos.
No es fácil entender el origen de este quiebre contundente en las relaciones del ejército venezolano con las Farc no reinsertadas, pero alguna información dispersa permite conjeturas.
Desde mediados de 2018 aparecieron en Caracas los llamados bodegones: supermercados con productos que habían desaparecido de los anaqueles y de la capacidad de compra de la mayoría de la población. Repletos de marcas gringas bajo un supuesto bloqueo económico, empezaron a ofrecer mercancía que antes hacía parte del consumo cotidiano de la clase media empobrecida por la devaluación. Primero localizados en zonas de estrato alto y hoteles de lujo, se abrieron luego en centros comerciales y otros espacios en donde ahora todo se paga en dólares.
Acosados por gobiernos extranjeros y el sistema financiero internacional, los grandes capos de la corrupción chavista terminaron buscando refugio para sus divisas ilícitas. Millonarios tradicionales, favorecidos por una devaluación exponencial, también decidieron repatriar capitales. Hábilmente, el heredero de Chávez supo aprovechar esos monumentales flujos monetarios. En febrero de este año, BBC News mencionaba el “plan de Maduro para llenar de dólares los bancos de Venezuela”. Tras varios años de estricto control cambiario, los bancos procedieron a “recibir depósitos en divisas y facilitar su uso para el pago de bienes y servicios”.
En paralelo a la dolarización, desde 2018 hubo un drástico quiebre en la evolución de la violencia venezolana: los homicidios se redujeron a una fracción de lo que fueron. Un activo comercio en divisas con un boom en la construcción de vivienda lujosa y en bodegones bien surtidos exigían pacificar el país. El nuevo capitalismo requiere un ambiente menos caótico. Las reglas del juego mínimas para hacer negocios surgieron gracias a los estrechos vínculos de los inversionistas emergentes con el poder militar.
Así, los ataques y bombardeos de Maduro a sus antiguos aliados de las Farc podrían ser un paso adicional en el reacomodo del Socialismo del Siglo XXI a las exigencias del gran capital. Como ocurrió hace décadas en Chile con Pinochet y ahora en China o Rusia, para garantizar seguridad y atraer inversionistas un régimen dictatorial puede ser más pragmático, astuto y eficiente que los manuales del marxismo-leninismo.
Las disidencias de las Farc acosadas por el ejército venezolano volverán a guerrear y traficar en el país de gobiernos débiles encartados con la tarea básica de cobrar tributos. Sobre todo, cuando en Colombia tienen compinches de vieja data con tesoros encaletados, pero tan impunes y tranquilos que se dedican a recordar lo que todo el mundo sabe. Para su memoria histórica, Nicolás el eficaz, pupilo castrista ya Maduro, jamás pensará desperdiciar recursos en un tribunal de cuentas sin dientes a donde los corruptos acudan a contar, sin ningún riesgo de represalias, cómo hicieron sus fortunas.