La represión irracional y fanática no siempre es de derecha. Un caso ilustrativo es el de la persecución generada por la paranoia con los hackers de Barack Obama, líder demócrata.
Uno de los mitos que desmontó la guerra de Ucrania fue el de los piratas informáticos rusos que, según los expertos en ciberseguridad, representaban una terrible amenaza para la democracia norteamericana. Poco después de la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin, sus hackers mostraron que, como en todos los países del mundo, son una mezcla de activismo antisistema, voluntarismo ideológico y actos delictivos. Estas acciones, sin embargo, rara vez buscan sabotear gobiernos extranjeros: están dirigidas contra el poder local. Así, durante 2022, afiebrados informáticos “saquearon datos financieros de personas en Rusia, vandalizaron sitios web y transfirieron a activistas del extranjero los correos electrónicos secretos del gobierno ruso de varias décadas… se difundieron más contraseñas y datos sensibles de Rusia que de ningún otro país del mundo”. Si eso ocurrió en medio de un enfrentamiento bélico entre Rusia y las democracias occidentales, resulta difícil tomar en serio la pretensión de que esos mismos jóvenes gastaron recursos y energía en querer alterar, por ejemplo, el resultado de las elecciones en los EE. UU. unos años atrás.
El gran logro del genial hacker Aaron Swartz para tumbar la aprobación de la censura a Internet agazapada en la SOPA (Stop Online Piracy Act) fue desactivar los miedos irracionales de los políticos sobre los peligros de Internet, en donde, imaginaban, podía ocurrir cualquier desgracia. Uno de esas paranoias ha sido, precisamente, la de misteriosos piratas foráneos obstinados en sabotear, desde Rusia, procesos electorales en los EE. UU.
A finales de 2016, cuando Hillary Clinton perdió la elección presidencial ante Donald Trump, culpó de su fracaso a la más estrambótica de las alianzas: FBI con hackers rusos. Poco después de su revés, ante un foro de mujeres, la contrariada demócrata destacó el final de la campaña, cuando James Comey, director del FBI, envió una carta al Congreso revelando que la agencia federal había sabido de la “existencia de emails del servidor que Clinton usó como secretaria de Estado”.
Clinton también atribuyó su fracaso a Wikileaks que había filtrado correos electrónicos del jefe de campaña, John Podesta, supuestamente robados por piratas informáticos rusos. Esos mismos hackers, además, habrían actuado de manera coordinada con Vladimir Putin quien, según ella, “interfirió en nuestras elecciones, y que lo hizo para hacerme daño y ayudar a nuestro oponente”. Esa supuesta alianza estratégica entre el gobierno ruso y los ciberpiratas del mismo país es justamente la fábula que desbarató la guerra de Ucrania.
Ante la derrota frente a Trump, el presidente Barack Obama no le hizo eco a su ex Secretaria de Estado a pesar de que, un año antes, él mismo manifestaba su preocupación con los hackers y la necesitad de combatirlos. Se trataba de un flagelo que no desaparecería sino que se agudizaría. Se quejaba del sistema informático estatal norteamericano por vetusto y vulnerable.
La realidad que silenciaron tanto Obama como Hillary Clinton es que en su staff había varios abogados de la industria del entretenimiento a favor de endurecer los derechos de propiedad intelectual y por lo tanto decididos antihackers. Sus dos funcionarios más importantes, Joe Biden y la Secretaria de Estado, fueron particularmente activos; ella estaba especializada en propiedad intelectual. Cuando cayó la SOPA, la administración Obama buscó revivirla, convirtiendo la transmisión de información con copyright en delito grave. De hecho, fue bajo esa presidencia que se agudizó el acoso a los hackers.
En su discurso del Estado de la Unión en 2015, Obama anunció el endurecimiento de las penas por atentar contra la seguridad en la red. Franquear con tecnología una barrera de acceso, o sea hackear un sistema informático, dejó de ser un delito menor para convertirse en crimen grave con penas entre 3 y 10 años. Se buscaba legalizar lo que los organismos de seguridad ya hacían con maromas y manipulación de pruebas. Barret Brown, periodista especializado en la privatización del espionaje, alcanzó a enfrentar cargos que sumaban penas por más de 100 años. Jeremy Hammond, programador y músico, fundó un sitio web de capacitación en seguridad informática. En 2013, tras colarse en el sistema de una empresa de espionaje privada, fue condenado a 10 años de prisión por fraude. La persecución al grupo Anonymous durante la administración Obama fue implacable.
Un fiscal envuelto en el acoso al más eficaz e incómodo de los genios informáticos anotó con claridad. “Sabemos que tienen el poder para desafiar al establecimiento y usaremos el ejemplo de Aaron Swartz para asustar a la mayoría de ustedes”. Conviene reiterar que esta fanática represión no sucedió bajo el arbitrario y delirante republicano Donald Trump, sino durante la administración del progresista y demócrata Barack Obama.
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La represión irracional y fanática no siempre es de derecha. Un caso ilustrativo es el de la persecución generada por la paranoia con los hackers de Barack Obama, líder demócrata.
Uno de los mitos que desmontó la guerra de Ucrania fue el de los piratas informáticos rusos que, según los expertos en ciberseguridad, representaban una terrible amenaza para la democracia norteamericana. Poco después de la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin, sus hackers mostraron que, como en todos los países del mundo, son una mezcla de activismo antisistema, voluntarismo ideológico y actos delictivos. Estas acciones, sin embargo, rara vez buscan sabotear gobiernos extranjeros: están dirigidas contra el poder local. Así, durante 2022, afiebrados informáticos “saquearon datos financieros de personas en Rusia, vandalizaron sitios web y transfirieron a activistas del extranjero los correos electrónicos secretos del gobierno ruso de varias décadas… se difundieron más contraseñas y datos sensibles de Rusia que de ningún otro país del mundo”. Si eso ocurrió en medio de un enfrentamiento bélico entre Rusia y las democracias occidentales, resulta difícil tomar en serio la pretensión de que esos mismos jóvenes gastaron recursos y energía en querer alterar, por ejemplo, el resultado de las elecciones en los EE. UU. unos años atrás.
El gran logro del genial hacker Aaron Swartz para tumbar la aprobación de la censura a Internet agazapada en la SOPA (Stop Online Piracy Act) fue desactivar los miedos irracionales de los políticos sobre los peligros de Internet, en donde, imaginaban, podía ocurrir cualquier desgracia. Uno de esas paranoias ha sido, precisamente, la de misteriosos piratas foráneos obstinados en sabotear, desde Rusia, procesos electorales en los EE. UU.
A finales de 2016, cuando Hillary Clinton perdió la elección presidencial ante Donald Trump, culpó de su fracaso a la más estrambótica de las alianzas: FBI con hackers rusos. Poco después de su revés, ante un foro de mujeres, la contrariada demócrata destacó el final de la campaña, cuando James Comey, director del FBI, envió una carta al Congreso revelando que la agencia federal había sabido de la “existencia de emails del servidor que Clinton usó como secretaria de Estado”.
Clinton también atribuyó su fracaso a Wikileaks que había filtrado correos electrónicos del jefe de campaña, John Podesta, supuestamente robados por piratas informáticos rusos. Esos mismos hackers, además, habrían actuado de manera coordinada con Vladimir Putin quien, según ella, “interfirió en nuestras elecciones, y que lo hizo para hacerme daño y ayudar a nuestro oponente”. Esa supuesta alianza estratégica entre el gobierno ruso y los ciberpiratas del mismo país es justamente la fábula que desbarató la guerra de Ucrania.
Ante la derrota frente a Trump, el presidente Barack Obama no le hizo eco a su ex Secretaria de Estado a pesar de que, un año antes, él mismo manifestaba su preocupación con los hackers y la necesitad de combatirlos. Se trataba de un flagelo que no desaparecería sino que se agudizaría. Se quejaba del sistema informático estatal norteamericano por vetusto y vulnerable.
La realidad que silenciaron tanto Obama como Hillary Clinton es que en su staff había varios abogados de la industria del entretenimiento a favor de endurecer los derechos de propiedad intelectual y por lo tanto decididos antihackers. Sus dos funcionarios más importantes, Joe Biden y la Secretaria de Estado, fueron particularmente activos; ella estaba especializada en propiedad intelectual. Cuando cayó la SOPA, la administración Obama buscó revivirla, convirtiendo la transmisión de información con copyright en delito grave. De hecho, fue bajo esa presidencia que se agudizó el acoso a los hackers.
En su discurso del Estado de la Unión en 2015, Obama anunció el endurecimiento de las penas por atentar contra la seguridad en la red. Franquear con tecnología una barrera de acceso, o sea hackear un sistema informático, dejó de ser un delito menor para convertirse en crimen grave con penas entre 3 y 10 años. Se buscaba legalizar lo que los organismos de seguridad ya hacían con maromas y manipulación de pruebas. Barret Brown, periodista especializado en la privatización del espionaje, alcanzó a enfrentar cargos que sumaban penas por más de 100 años. Jeremy Hammond, programador y músico, fundó un sitio web de capacitación en seguridad informática. En 2013, tras colarse en el sistema de una empresa de espionaje privada, fue condenado a 10 años de prisión por fraude. La persecución al grupo Anonymous durante la administración Obama fue implacable.
Un fiscal envuelto en el acoso al más eficaz e incómodo de los genios informáticos anotó con claridad. “Sabemos que tienen el poder para desafiar al establecimiento y usaremos el ejemplo de Aaron Swartz para asustar a la mayoría de ustedes”. Conviene reiterar que esta fanática represión no sucedió bajo el arbitrario y delirante republicano Donald Trump, sino durante la administración del progresista y demócrata Barack Obama.
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