Infringir la ley es más fácil y rentable que cumplirla. Para pobres y ricos, en cualquier actividad. Encima, como más infractores son hombres, la impunidad es siempre machista.
El 7 de diciembre de 1984 el Colectivo Squat Barcelona, un grupo de unos 20 jóvenes “que demandaba espacios musicales y de vivienda”, invadió un edificio barcelonés abandonado por años. Entraron con elementos de aseo, pintura, brochas y colchones para instalarse. Se iniciaba así el movimiento okupa que desde entonces se extendió por toda España. “El de la vivienda era un problema real y estábamos dando una solución efectiva”, recuerda uno de ellos. A los pocos días, el grupo había acordado explicarles a los vecinos sus motivos anunciándoles talleres de serigrafía, collares y pulseras. La policía trastocó los planes, saboteó el “embellecimiento” del lugar y forzó el desalojo llevándose a los intrusos en una furgoneta.
Tras una breve detención un juez los dejó en libertad advirtiéndoles que no deberían reincidir. El grupo se instaló de nuevo en el edificio. Se ordenó entonces el encarcelamiento de varios miembros, decisión que generó una manifestación de protesta en la que se oyó por primera vez el lema: “Un desalojo, otra okupación”.
El grupo original se disolvió al salir de la cárcel pero aparecieron réplicas en varias ciudades. Con mejor suerte ante los tribunales, impulsaron experiencias similares y se aceleró el fenómeno. En la última década, las okupaciones aumentaron en toda la península: se quintuplicó el número de denuncias, que pasaron de 3.850 en 2011 a más de 17.000 en la actualidad, o sea, unas 46 propiedades okupadas cada día.
Las autoridades han tratado, infructuosamente, de atajar el problema. Por un lado, buscando aumentar el parque de viviendas de protección oficial con alquiler subsidiado a grupos vulnerables y, por el otro, tratando de adaptar el régimen penal. Como el resultado depende de factores locales, la incidencia varía enormemente por regiones.
Cataluña se destaca, de lejos, como la comunidad autónoma con más okupaciones. En 2020 ocurrieron allí casi la mitad (44%) de estas infracciones, cuando la población catalana es la sexta parte del total. Le siguen en importancia Andalucía, Valencia y Madrid, todas con una participación en el fenómeno similar a la demográfica. Ese dato desafía la hipótesis más trillada sobre el fenómeno: la precariedad de ingresos de los okupas. Las dos comunidades autónomas más ricas de España, Barcelona y Madrid, puntean en viviendas okupadas mientras que, en el otro extremo, la región más pobre, Extremadura, prácticamente desconoce el fenómeno.
Para el caso atípico catalán, una explicación no económica es que “allí los okupas encuentran un mayor amparo político por la fuerza que tienen partidos como la CUP (Candidatura de Unidad Popular, de extrema izquierda) que mantiene en la agenda la crisis habitacional y usa mucho su influencia sobre el Govern en esta materia, o como Podemos, con Ada Colau a la cabeza”. Basha Changue, candidata a la Alcaldía de Barcelona por la CUP para las elecciones del 28 de marzo, afirmó por estos días en una entrevista que evidentemente se puede okupar cualquier inmueble puesto que “la propiedad privada no puede pasar por encima del derecho a tener un techo”.
Si persiste desacuerdo sobre sus causas, hay consenso sobre una de sus secuelas: la drástica reducción —entre 40 % y 60 %— en el valor de los inmuebles okupados. Esta marcada diferencia de precios, a su vez, genera oportunidades. “Okupado ilegalmente” se volvió una coletilla común de algunos portales inmobiliarios. “Comprar una vivienda con okupas puede ser un buen negocio”, recomienda el blog de un abogado madrileño especializado.
Esta suma de factores ha incentivado una nueva generación de usurpadores de vivienda. “Son personas con ingresos, con trabajo, pero sencillamente no quieren pagar más alquiler. Es el perfil del nuevo okupa que se ha detectado en Cataluña… Y no son ni mucho menos personas vulnerables”. Son “okupas acomodados”, como los definen algunos. Por lo general se trata de inquilinos quienes, al vencerse su contrato de alquiler y verse abocados a un reajuste en el canon, deciden quedarse a vivir allí sin incómodas erogaciones mensuales. Saben que es más fácil desahuciar a un arrendatario legal que a un okupa ilegal. ¿Por qué ocurre esto? Por “la impunidad que hay en Cataluña con el sistema de okupación”, anota una abogada.
Un tema sensible que silencian quienes idealizan y defienden a okupas es que se trata de un “emprendimiento” esencialmente masculino. “No es de extrañar la presencia minoritaria de mujeres en el movimiento okupa”, sobre todo cuando es de vivienda. Esta característica cierra el bucle de incoherencias en el discurso de movimientos anticapitalistas que acabaron sirviendo en bandeja una actividad rentista y rapaz en beneficio de machos tramposos.
Los tiempos kambian. Hace unos años era inconcebible una marcha protestando con un cartel como: “Okupa, trabaja y cómprate una casa”.
Infringir la ley es más fácil y rentable que cumplirla. Para pobres y ricos, en cualquier actividad. Encima, como más infractores son hombres, la impunidad es siempre machista.
El 7 de diciembre de 1984 el Colectivo Squat Barcelona, un grupo de unos 20 jóvenes “que demandaba espacios musicales y de vivienda”, invadió un edificio barcelonés abandonado por años. Entraron con elementos de aseo, pintura, brochas y colchones para instalarse. Se iniciaba así el movimiento okupa que desde entonces se extendió por toda España. “El de la vivienda era un problema real y estábamos dando una solución efectiva”, recuerda uno de ellos. A los pocos días, el grupo había acordado explicarles a los vecinos sus motivos anunciándoles talleres de serigrafía, collares y pulseras. La policía trastocó los planes, saboteó el “embellecimiento” del lugar y forzó el desalojo llevándose a los intrusos en una furgoneta.
Tras una breve detención un juez los dejó en libertad advirtiéndoles que no deberían reincidir. El grupo se instaló de nuevo en el edificio. Se ordenó entonces el encarcelamiento de varios miembros, decisión que generó una manifestación de protesta en la que se oyó por primera vez el lema: “Un desalojo, otra okupación”.
El grupo original se disolvió al salir de la cárcel pero aparecieron réplicas en varias ciudades. Con mejor suerte ante los tribunales, impulsaron experiencias similares y se aceleró el fenómeno. En la última década, las okupaciones aumentaron en toda la península: se quintuplicó el número de denuncias, que pasaron de 3.850 en 2011 a más de 17.000 en la actualidad, o sea, unas 46 propiedades okupadas cada día.
Las autoridades han tratado, infructuosamente, de atajar el problema. Por un lado, buscando aumentar el parque de viviendas de protección oficial con alquiler subsidiado a grupos vulnerables y, por el otro, tratando de adaptar el régimen penal. Como el resultado depende de factores locales, la incidencia varía enormemente por regiones.
Cataluña se destaca, de lejos, como la comunidad autónoma con más okupaciones. En 2020 ocurrieron allí casi la mitad (44%) de estas infracciones, cuando la población catalana es la sexta parte del total. Le siguen en importancia Andalucía, Valencia y Madrid, todas con una participación en el fenómeno similar a la demográfica. Ese dato desafía la hipótesis más trillada sobre el fenómeno: la precariedad de ingresos de los okupas. Las dos comunidades autónomas más ricas de España, Barcelona y Madrid, puntean en viviendas okupadas mientras que, en el otro extremo, la región más pobre, Extremadura, prácticamente desconoce el fenómeno.
Para el caso atípico catalán, una explicación no económica es que “allí los okupas encuentran un mayor amparo político por la fuerza que tienen partidos como la CUP (Candidatura de Unidad Popular, de extrema izquierda) que mantiene en la agenda la crisis habitacional y usa mucho su influencia sobre el Govern en esta materia, o como Podemos, con Ada Colau a la cabeza”. Basha Changue, candidata a la Alcaldía de Barcelona por la CUP para las elecciones del 28 de marzo, afirmó por estos días en una entrevista que evidentemente se puede okupar cualquier inmueble puesto que “la propiedad privada no puede pasar por encima del derecho a tener un techo”.
Si persiste desacuerdo sobre sus causas, hay consenso sobre una de sus secuelas: la drástica reducción —entre 40 % y 60 %— en el valor de los inmuebles okupados. Esta marcada diferencia de precios, a su vez, genera oportunidades. “Okupado ilegalmente” se volvió una coletilla común de algunos portales inmobiliarios. “Comprar una vivienda con okupas puede ser un buen negocio”, recomienda el blog de un abogado madrileño especializado.
Esta suma de factores ha incentivado una nueva generación de usurpadores de vivienda. “Son personas con ingresos, con trabajo, pero sencillamente no quieren pagar más alquiler. Es el perfil del nuevo okupa que se ha detectado en Cataluña… Y no son ni mucho menos personas vulnerables”. Son “okupas acomodados”, como los definen algunos. Por lo general se trata de inquilinos quienes, al vencerse su contrato de alquiler y verse abocados a un reajuste en el canon, deciden quedarse a vivir allí sin incómodas erogaciones mensuales. Saben que es más fácil desahuciar a un arrendatario legal que a un okupa ilegal. ¿Por qué ocurre esto? Por “la impunidad que hay en Cataluña con el sistema de okupación”, anota una abogada.
Un tema sensible que silencian quienes idealizan y defienden a okupas es que se trata de un “emprendimiento” esencialmente masculino. “No es de extrañar la presencia minoritaria de mujeres en el movimiento okupa”, sobre todo cuando es de vivienda. Esta característica cierra el bucle de incoherencias en el discurso de movimientos anticapitalistas que acabaron sirviendo en bandeja una actividad rentista y rapaz en beneficio de machos tramposos.
Los tiempos kambian. Hace unos años era inconcebible una marcha protestando con un cartel como: “Okupa, trabaja y cómprate una casa”.