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La internacionalización del conflicto colombiano y las relaciones de las Farc con el narcotráfico y el terrorismo fueron ignoradas en las negociaciones de La Habana.
El santismo ha mantenido ese silencio cuando es evidente que el problema campesino y el símil de guerra civil no bastan para explicar la persistencia de la violencia rural colombiana.
El 11 de marzo de 2004 diez explosiones en cuatro trenes madrileños dejaron 193 personas muertas. Se hizo evidente que los flujos irregulares y masivos de inmigrantes eran menos críticos que pocos movimientos de personajes claves, o el contrabando de explosivos, para ataques a gran escala.
Aunque se sospechaban nexos entre narcotráfico, armas y terrorismo, la vinculación del Eta con la droga siempre fue subestimada. El 11-M mostró un bajo mundo español más complejo que el grupo vasco. La internacionalización de los atentados exigía un enfoque global de la violencia. Apareció el sicario terrorista con quien se subcontrataban ataques masivos contra la población civil. El pago a uno de ellos con hachís mostraba la complejidad del escenario con redes criminales múltiples y muy fluidas.
La Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay ha sido un núcleo de convergencia mundial del crimen. Unos 10 millones de turistas anuales en las cataratas de Iguazú garantizan un pujante comercio en este lugar. De las ciudades fronterizas, la más importante es Ciudad del Este, fundada por el dictador Stroessner como puerto libre. Con 700 mil habitantes, su economía sobrepasa la del resto del país. En el mundo, transacciones cercanas a 15 mil millones de dólares anuales son superadas sólo por Hong Kong y Miami. Al contrabando tradicional se suman falsificaciones, vehículos robados, blanqueo de dinero, drogas y explosivos.
El quiebre definitivo en seguridad se dio en los noventa con dos ataques terroristas en Buenos Aires planeados desde allí. El 11-S agudizó la inquietud y consolidó la zona como santuario del terrorismo internacional. Surgió como hipótesis que el conflicto armado y la presión a los narcos desplazaron actividades ilegales desde Colombia hacia allá.
Por años, la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera fue evidente. La facilidad para blanquear dinero contribuyó a convertir el lugar, “en punto de encuentro para descansar y hacer negocios”. Allí se encontraban miembros de Ira, Eta y las Farc cuya presencia se empezó a sospechar con el anuncio del cierre de la embajada norteamericana en ese país a mediados de 2001 a raíz de “amenazas creíbles” de esta guerrilla.
No menos diciente fue un barrio de invasión llamado La Marquetalia en Asunción. Recientemente, dicho suburbio fue recuperado por las autoridades que cambiaron su nombre y acabaron “el conflicto que envolvió a la ocupación”. En 1999, un terreno de 37 hectáreas fue invadido violentamente por 200 personas “que no poseían tierra propia”. Inmediatamente dividieron lotes y comenzaran a construir viviendas. Los invasores alegaban que los terrenos eran un “aguantadero” de criminales, pero allí vivían familias que pagaban cuotas a inmobiliarios fantasmas. La altísima organización de los invasores la refleja el reglamento adoptado, casi castrense, con guardias las 24 horas, prohibición de entrar o salir de los terrenos, cobro de tributos e invasores preparados para enfrentar ferozmente las acciones judiciales de desalojo. Varios medios señalaban que “en Marquetalia llevan a cabo prácticas de terrorismo” vinculándolas incluso con “las acciones de la guerrilla Colombiana de las Farc”.
Cuando en 2003 un obispo afirmó que “la gente de Marquetalia no es violenta” un periodista reviró que era “un problema de delincuencia, no un conflicto social” e inició una serie de notas sobre el caso con el título “Estado paraguayo debe retomar presencia en territorio liberado”.
Otro indicio de permanencia de las Farc en Paraguay fue el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas en 2004, hija de un expresidente de ese país, cuyas autoridades insisten en perseguir a Rodrigo Granda como coautor del crimen. “Se les acabó el turismo internacional”, declaró un funcionario cuando por una orden de captura de Interpol le negaron su ingreso México a finales de 2021. Granda habría dado asesoría al Ejército del Pueblo Paraguayo (Epp) para el secuestro de Cubas, quien apareció muerta tras 5 meses de cautiverio y el pago del rescate.
La última prueba de la importancia de la Triple Frontera como centro mundial delictivo, e indicio de influencia de las Farc en Paraguay es la importancia de ese pequeño país sin salida al mar en el tráfico internacional de cocaína. Hace un mes fue detenido allí Enrique Balbuena, alias Riki, acusado de enviar droga a Europa.
El narcotráfico paraguayo empezó de la mano del Epp, que protegía a los productores de marihuana al norte del país. Bajo tutela de colombianos, esta pequeña guerrilla, con varios asesinatos y secuestros, cobraba un impuesto revolucionario. “Va repitiendo a rajatabla el modelo de las Farc”, aseguró el director de la Secretaría Nacional Antidrogas.