Pedro Sánchez, Gustavo Petro y la libertad de prensa. Hasta ahora, nada que ver
Aunque sanchismo y petrismo comparten el tic de sentirse incomprendidos y víctimas de la prensa opositora, la similitud termina allí. Petro ni se asoma al control logrado por Sánchez sobre grandes medios de comunicación.
El periódico El País ilustra el nefasto impacto del actual gobierno español sobre los medios. El controvertido y manipulador dirigente socialista logró apropiarse, a nivel editorial y de opinión, del diario privado de mayor difusión e influencia entre hispanohablantes. Con una audiencia digital cercana a 20 millones de usuarios únicos mensuales, todavía proclama ser “un diario global, independiente, de calidad y defensor de la democracia”. Pero en los últimos años se convirtió en caja de resonancia de la Moncloa.
Un caso muy sonado fue el de Fernando Savater, despedido de manera fulminante por criticar la línea editorial del periódico señalándolo de convertirse en portavoz del sanchismo, un “risible epítome de la prensa al servicio de la política”.
No fue la primera baja. “Una veintena de periodistas y escritores han sido purgados” de ese diario durante la era de Sánchez. Juan Luis Cebrián, director del periódico por más de una década y luego presidente del grupo Prisa afirma que el rotativo está “absolutamente en manos del Gobierno”, al que califica de peronista. Según él, el cambio de orientación se debe al fondo de inversión que controla parte del capital y ha buscado que “El País se convierta en el periódico orgánico” del ejecutivo.
En solidaridad con Savater, Félix de Azua, reconocido escritor y académico de la RAE, renunció al periódico que para él, quedó “en manos de grupos extraordinariamente radicales, muy autoritarios”. No tiene claro quién manda allí y cuestiona el poder efectivo de la directora Pepa Bueno. Sospecha que el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero es quien “mueve en la sombra los hilos y lleva la línea directiva” de un diario “secuestrado por feministas radicales que mantienen un régimen de terror dentro de la redacción”. Como Savater, anota que el medio está “arrodillado ante un presidente que no admite en absoluto la menor oposición”.
Ni los más fanáticos detractores del Gobierno del Cambio lanzarían acusaciones de este calibre contra Gustavo Petro quien tras dos años en el poder enfrenta críticas cotidianas y vigorosas desde prácticamente todos los medios de comunicación ajenos al séquito de incondicionales que lo justifican y alaban con la misma vehemencia.
Por el momento, lo que se observa es un intenso debate que, con mutua y profunda desconfianza, ha permanecido dentro de límites tolerables. Cuando Petro afirmó que la prensa era un “apéndice de los órganos de control… (que) odia a la vicepresidenta por su color de piel”, el editorial del diario con mayor circulación respondió que “responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos de su gobierno, alentar discursos en contra de los medios… crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa”. A su vez, ante las denuncias de la Fundación Para la Libertad de Prensa por presuntos atropellos, el Ministerio del Interior expidió un detallado comunicado rebatiendo esa afirmación.
Incluso parecería que la fogosidad de la confrontación ha mermado. No se han repetido, por ejemplo, las amenazas veladas a sancionar medios de comunicación que “contaminan” el ambiente como lo hizo en julio pasado una parlamentaria petrista al compararlos con la industria minera que puede perder sus licencias o títulos.
Los mandatarios soberbios y pendencieros se obsesionan por desactivar cualquier obstáculo a su poder. Pero es apresurado confundir hostilidad hacia los medios con voluntad de intervenirlos o con una deriva hacia el totalitarismo. Con las redes sociales, la forma del debate público cambió definitivamente. Los buenos modales tienden a desaparecer. Pero eso no necesariamente implica silenciar, manipular, infiltrar o amenazar medios opositores.
Ojalá que la agresividad verbal o los insultos no den paso a las acciones. Las instituciones colombianas son más sólidas y coherentes que sus detractores. Cuando la verdad es compleja y esquiva se requiere paciencia. Con frecuencia la razón termina imponiéndose sobre los mitos. Un ejemplo es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó una sentencia de 19 años contra cuatro miembros de la “primera línea” en las manifestaciones del 2019-2021 condenados por terrorismo. La justicia señaló que algunos participantes “tuvieron contactos con (disidencias) de las FARC y recibieron instrucciones de reclutar y adoctrinar para cometer desmanes”. Por lo pronto, Petro no ha invocado la fachosfera o la máquina del fango como habría hecho Sánchez ante la noticia de un fallo adverso a su narrativa.
Aunque sanchismo y petrismo comparten el tic de sentirse incomprendidos y víctimas de la prensa opositora, la similitud termina allí. Petro ni se asoma al control logrado por Sánchez sobre grandes medios de comunicación.
El periódico El País ilustra el nefasto impacto del actual gobierno español sobre los medios. El controvertido y manipulador dirigente socialista logró apropiarse, a nivel editorial y de opinión, del diario privado de mayor difusión e influencia entre hispanohablantes. Con una audiencia digital cercana a 20 millones de usuarios únicos mensuales, todavía proclama ser “un diario global, independiente, de calidad y defensor de la democracia”. Pero en los últimos años se convirtió en caja de resonancia de la Moncloa.
Un caso muy sonado fue el de Fernando Savater, despedido de manera fulminante por criticar la línea editorial del periódico señalándolo de convertirse en portavoz del sanchismo, un “risible epítome de la prensa al servicio de la política”.
No fue la primera baja. “Una veintena de periodistas y escritores han sido purgados” de ese diario durante la era de Sánchez. Juan Luis Cebrián, director del periódico por más de una década y luego presidente del grupo Prisa afirma que el rotativo está “absolutamente en manos del Gobierno”, al que califica de peronista. Según él, el cambio de orientación se debe al fondo de inversión que controla parte del capital y ha buscado que “El País se convierta en el periódico orgánico” del ejecutivo.
En solidaridad con Savater, Félix de Azua, reconocido escritor y académico de la RAE, renunció al periódico que para él, quedó “en manos de grupos extraordinariamente radicales, muy autoritarios”. No tiene claro quién manda allí y cuestiona el poder efectivo de la directora Pepa Bueno. Sospecha que el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero es quien “mueve en la sombra los hilos y lleva la línea directiva” de un diario “secuestrado por feministas radicales que mantienen un régimen de terror dentro de la redacción”. Como Savater, anota que el medio está “arrodillado ante un presidente que no admite en absoluto la menor oposición”.
Ni los más fanáticos detractores del Gobierno del Cambio lanzarían acusaciones de este calibre contra Gustavo Petro quien tras dos años en el poder enfrenta críticas cotidianas y vigorosas desde prácticamente todos los medios de comunicación ajenos al séquito de incondicionales que lo justifican y alaban con la misma vehemencia.
Por el momento, lo que se observa es un intenso debate que, con mutua y profunda desconfianza, ha permanecido dentro de límites tolerables. Cuando Petro afirmó que la prensa era un “apéndice de los órganos de control… (que) odia a la vicepresidenta por su color de piel”, el editorial del diario con mayor circulación respondió que “responsabilizar a la prensa por los desaciertos o escándalos de su gobierno, alentar discursos en contra de los medios… crea un fundado e inquietante manto de duda sobre el futuro de la libertad de prensa”. A su vez, ante las denuncias de la Fundación Para la Libertad de Prensa por presuntos atropellos, el Ministerio del Interior expidió un detallado comunicado rebatiendo esa afirmación.
Incluso parecería que la fogosidad de la confrontación ha mermado. No se han repetido, por ejemplo, las amenazas veladas a sancionar medios de comunicación que “contaminan” el ambiente como lo hizo en julio pasado una parlamentaria petrista al compararlos con la industria minera que puede perder sus licencias o títulos.
Los mandatarios soberbios y pendencieros se obsesionan por desactivar cualquier obstáculo a su poder. Pero es apresurado confundir hostilidad hacia los medios con voluntad de intervenirlos o con una deriva hacia el totalitarismo. Con las redes sociales, la forma del debate público cambió definitivamente. Los buenos modales tienden a desaparecer. Pero eso no necesariamente implica silenciar, manipular, infiltrar o amenazar medios opositores.
Ojalá que la agresividad verbal o los insultos no den paso a las acciones. Las instituciones colombianas son más sólidas y coherentes que sus detractores. Cuando la verdad es compleja y esquiva se requiere paciencia. Con frecuencia la razón termina imponiéndose sobre los mitos. Un ejemplo es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó una sentencia de 19 años contra cuatro miembros de la “primera línea” en las manifestaciones del 2019-2021 condenados por terrorismo. La justicia señaló que algunos participantes “tuvieron contactos con (disidencias) de las FARC y recibieron instrucciones de reclutar y adoctrinar para cometer desmanes”. Por lo pronto, Petro no ha invocado la fachosfera o la máquina del fango como habría hecho Sánchez ante la noticia de un fallo adverso a su narrativa.