La casta izquierdista en el poder maneja un inventario infinito de necesidades para proponer supuestas soluciones sin importar su eficacia ni sus costos.
El esquema ha resultado tan útil para acumular poder, capturar instituciones y manejar crecientes tajadas del presupuesto público que las mentes más osadas ya lanzan verdaderas sandeces. “La riqueza no está en las jornadas largas de trabajo, eso es carreta. Eso es para esclavos. La riqueza está en el tiempo libre para disfrutar la vida y amarla” sentenció recientemente Gustavo Petro. En la misma tónica chévere y sabrosona, Mónica García, ministra de Sanidad del PSOE y reconocida representante de la izquierda caviar, anotó que madrugar “es perjudicial para la salud y para la sociedad”. Asumió la filosofía petrista y criticó a quienes presumen que levantarse temprano es requisito para tener éxito en la vida. “Somos una sociedad que duerme poco y que no es capaz de parar y reflexionar sobre qué modelo social estamos promoviendo”.
El mensaje implícito en estos discursos izquierdistas desde el gobierno es que todo el mundo tiene derecho a mantenerse sin esfuerzo. Con ligereza suponen que cualquiera cuenta con la prerrogativa de trabajar a la hora y al ritmo que le dé la gana. Ignoran olímpicamente el sacrificio acumulado que conllevan no sólo sus remuneraciones sino toda la infraestructura, logística, suministros y servicios que les permiten desempeñar sus funciones al ritmo que les place.
Si el proyecto vital de ambos fuese retirarse a un edén primitivo para desde una hamaca meditar, contemplar el paisaje y emular al folívoro o perezoso, que colgado de un árbol duerme 18 horas al día y el resto disfruta el bosque tropical, vaya y venga. Pero estas voces encumbradas de un Estado Social de Derecho han mostrado bastante avidez y apego a sus despachos. Son la antítesis del buen salvaje pues gozan una urbe y las comodidades del entorno más artificial y costoso de cualquier época: la burocracia moderna. El tamaño de este artefacto proviene de la inagotable lista de derechos individuales que la política y la función pública sagaces ofrecen a tutiplén para atraer votantes y mantener su capacidad de gasto y sus prebendas.
En plena campaña presidencial, Gustavo Petro afirmó que “la deuda del ICETEX hay que condonarla”. Tras recoger los correspondientes votos estudiantiles, las tasas de interés impidieron cumplir la promesa. También antes de empezar su mandato, con soberbia, afirmó que “a los tres meses de ser elegido presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz”. Empezó ofreciendo un cese al fuego que resultó unilateral. Han pasado dos años y la guerrilla binacional más vieja del mundo se sigue fortaleciendo con variedad de negocios criminales, destellos terroristas y redes de milicianos.
Preocupado por los jóvenes que reclutan las organizaciones armadas, a mediados de 2023, el presidente anunció en Buenaventura que “serán miles a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia”. Mauricio Cabrera, reconocido economista, criticó el “escándalo fariseo e ideológico contra la frase” y buscó aterrizar la propuesta, hacerla viable. “Lo que se necesita es un programa de empleo para jóvenes que cree rápidamente 100.000 nuevos puestos de trabajo. Estos jóvenes, pagados por el Estado, se dedicarían a proyectos de creación de bienes públicos y servicios sociales para las comunidades”. O sea, soplar y hacer botellas, cuando el monto para cada beneficiario escogido a dedo debe competir con el de hacerle mandados a los capos sin horario y con total disposición para ascender en la organización criminal. Siempre bajo la sabia advertencia presidencial de que el esfuerzo con largas jornadas de trabajo es para esclavos.
A veces tranquiliza que la capacidad de ejecución del Gobierno del Cambio sea tan precaria y enfrente insalvables obstáculos presupuestales. De no ser así Colombia ya iría camino de un estándar escandinavo en tamaño del Estado pero con el mismo suministro de bienes públicos del Chocó. Eso sí, dirigida por élites de clanes o mafias políticas y burocráticas viviendo sabroso, como debe ser.
Al aumentar el presupuesto, la ambición burocrática se descara y desmadra. Cualquier efemérides sirve de disculpa. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Irene Montero, eurodiputada VIP de extrema izquierda, trinó que “la salud mental debe ser garantizada no solo aumentando el número de psicólogas y psiquiatras en la (sanidad) pública, sino con políticas para garantizar el derecho a la vivienda y al trabajo digno”. Le faltaron los turnos 24h de cuidadoras progres.
En Valencia, España, una asociación para atender inmigrantes ilegales, presidida por una candidata a diputada de Podemos, recibe un millón de euros al año en subvenciones de los cuales el 70 % se destinan a la nómina y menos de 10 mil al mantenimiento de los lugares de acogida. Siguiendo la recomendación ministerial, allí nadie debe madrugar.