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El peronismo contemporáneo es la etapa superior de la cooptación privada del Estado por organizaciones barriales y laborales. El summum ha sido la fusión de dos personajes típicos en un escandaloso chocolategate.
Los punteros, “caudillos de los barrios populares”, usualmente funcionan “como apéndice del Estado en cuanto al poder territorial y el clientelismo político”. La mecánica, bien descrita en una serie de Netflix, es compleja: en los barrios agrupan y lideran a electores que ofrecen su voto por contraprestaciones concretas —alcantarillado, electrificación, transporte, salud, educación, empleos…— para, tras las elecciones, pedirle cuentas al político beneficiario del apoyo. Hasta hace un par de décadas este arte u oficio era reconocido y respetado como refuerzo de la democracia. Los ñoquis, más recientes y escuetos, son “empleados colocados a dedo que, si bien cobran del Estado, en realidad no trabajan y sólo van a la oficina a final de mes a firmar la nómina”.
Las noticias sobre ñoquis llegaron a Colombia por redes sociales. Con el triunfo de Javier Milei, en muchas oficinas públicas argentinas habrían aparecido empleados que nadie conocía. El término viene de “gnocchi”, una pasta italiana elaborada con papa, harina y queso ricota. La tradición es comerla el 29 de cada mes con un billete bajo el plato, en un ritual de prosperidad económica. Así, a contratistas del sector público municipal que cobraban puntualmente a final de mes sin haber trabajado se les empezó a llamar ñoquis.
El 9 de septiembre de 2023, Julio Rigau, un puntero apodado Chocolate, logró retirar de cajeros automáticos en La Plata una importante suma, agotando el máximo permitido de 46 tarjetas débito a nombre de personas vinculadas a la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Eran ñoquis pero no recibían sus salarios, que financiaban actividades políticas. Un titular de esas tarjetas afirmó haber sido llamado para trabajar en la legislatura sin que la oferta se concretara. Sin embargo, mensualmente le depositaban el salario correspondiente en una cuenta a su nombre con una tarjeta manejada por Rigau.
Aunque una fiscal empezó a investigarlo, la Cámara de Apelaciones de La Plata anuló la causa por fallas del procedimiento policial que habría infringido la “libertad ambulatoria” y la “intimidad” del sospechoso, defendido por un cotizado bufete de abogados de La Plata. Tras una denuncia contra los jueces que cerraron el caso, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que aún no decide. Las autoridades optaron por no hacer comentarios.
Mientras la justicia investigó a Chocolate, 16 testigos afirmaron al unísono que le donaban a Rigau su remuneración en la legislatura para labores solidarias. Pero se sabe que existe un gran negocio político en la provincia: los legisladores contratan asesores sin funciones. Además, estos peculiares ñoquis no reciben la paga. Donan sus sueldos a cambio de prebendas menores. “Nunca fui a trabajar, cobraba cero guita”, admite uno de los imputados que señala como responsable al clan Albini. “Directamente me ofrecieron obra social y jubilación, a cambio de entregar la tarjeta que nunca manejé yo”, precisa. La fiscal que llevaba el caso tenía en la mira a los Albini. Claudio, el padre, muy cercano a Sergio Massa, fue director de personal de la legislatura. Facundo, su hijo, entró a la Cámara de Diputados a los 18 años y ascendió hasta la dirección de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa antes de ser elegido concejal de La Plata en 2019. La funcionaria también pensaba llamar a declarar a la mano derecha de Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández.
Como parte de su campaña para reducir el tamaño de la administración pública, Javier Milei ha anunciado que no renovará los contratos laborales con vigencia inferior a un año. También exigirá 100 % de presencia física en la burocracia. No se conoce la magnitud del fenómeno, pero “las estimaciones existentes oscilan entre 1 y 1,5 millones de ñoquis o empleados públicos «militantes», del total de 3,5 millones”. El primer recorte programado sería de 30.000 personas.
Aunque el problema está recibiendo enorme atención mediática y política, ya en 2015 Mauricio Macri sospechaba que “el kirchnerismo, antes de dejar el poder, cerró una gran cantidad de contratos y designaciones estatales fantasmas, que no entregan rédito ni trabajo al Estado, pero que reciben un sueldo”, y anunció “una revisión detallada de 75.000 designaciones” hechas por Cristina Fernández al dejar la Presidencia.
El chocolategate sorprende por los pequeños montos monetarios envueltos. El efectivo incautado a Rigau fue apenas de unos 2.500 dólares. Nada que ver, por ejemplo, con el platal del entramado de corrupción por el que se acusa al clan Kirchner.
En Colombia, a la fecha, no se sabe de punteros ni ñoquis. Lidiar con ese tipo de chanchullos, que exigen cierta lealtad personal, les debe parecer una caja menor aburrida de administrar a los grandes corruptos y mafiosos.