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Yuri Cantillo tenía nueve meses de embarazo cuando recibió una tremenda paliza de su compañero Samir Yepes. Después de denunciarlo desistió, lo perdonó y volvió a su lado.
“Él se arrepiente, como también me arrepiento yo, es el padre de mis hijos. Tengo fe en Dios”. Para ella el dilema fue tenaz. “Todo el mundo comenzó a decirme que lo metiera preso, pero yo no quiero ver crecer a mis hijos sin su papá”. Entre la lluvia de críticas por su decisión, una periodista la regañó al aire. “¿Cómo es posible que usted pueda volver con él? ¿No piensa en su dignidad y en su condición de mujer? ¿Se ha asesorado de una especie de psicólogo, alguien que pueda orientarla?”. Pocas personas fuera de la suegra, un cura o un hermano evangélico debieron pedirle a Yuri que perdonara a su agresor. Difícil entender por qué la reconciliación es humillante, indigna y contraproducente para una mujer golpeada por el padre de sus hijos, que le pide perdón, y virtuosa para secuestrados o familiares de asesinados por guerrilleros, que no se arrepienten.
El paralelo entre la violencia de género y la política es inusual, pero ilustra las confusiones que abundan en la segunda. La agresión de Samir contra Yuri es un incidente diáfano que impide perder el norte mientras el conflicto es opaco y las negociaciones para acabarlo aún más. Varios ingredientes fastidiosos del proceso se hacen evidentes con esta comparación. Ventilar recuerdos amargos con la pretensión de que la violencia no se repetirá, la médula de la memoria histórica, es algo como “mujer, cuenta cómo y por qué te golpearon para que ningún hombre lo vuelva a hacer”. Sin justicia ni arrepentimiento las memorias pueden hacer daño; en violencia de pareja eso se denomina revictimizar. La poco transparente selección de víctimas para llevarlas a La Habana ante sus verdugos rozó esa frontera. No quedaron claros los beneficios, pero sí los momentos “tensionantes” para quienes jugaban de visitantes. Bajo los estándares de la violencia de pareja, el tratamiento a las víctimas en la mesa de negociaciones ha sido lamentable.
Para Yuri, Samir “no fue culpable de lo que pasó. Yo también tuve culpa ahí, yo le falté al respeto a él”. En sintonía con estas declaraciones, por la paz se ha promovido una empalagosa campaña tipo “todos somos Yuri”. La peregrina idea es que cualquier colombiano es corresponsable del conflicto, que algo debió hacer: desde financiar paras, colaborar con militares abusivos o votar por políticos corruptos hasta comprar contrabando, discriminar minorías o ser intolerante con sus vecinos. Tamaño desatino acaba siendo la variante mixta y armada de la tesis de Liliana Rendón que si los hombres golpean a las mujeres es porque ellas se lo buscaron. La autoflagelación y socialización de las culpas debe preparar a los contribuyentes, o sea a muchas víctimas, para participar en los 90 billones de pesos de factura del posconflicto, casi dos millones per cápita. Ya las víctimas de las FARC saben que de pronto no habrá sanciones penales, que deben reconciliarse con sus agresores sin esperar arrepentimiento y que pagarán parte de los platos rotos. Ese panorama es peor que la pospaliza de Yuri, quien tiene hijos con su agresor, no quería criarlos sola, creyó en el arrepentimiento, y motu propio admitió algo de culpa para reconciliarse.
El gesto de Samir no fue espontáneo. Le pidió perdón a Yuri bajo la presión de una denuncia y el clamor de “métanlo preso”, sin acusaciones de godos buscapleitos contra quienes exigían justicia. También fue definitivo que no contara con pantalla mediática, ni con un diálogo sobre sus motivaciones prorrogable a voluntad en un hotel tropical gratuito, ni con una caja de resonancia académica para analizar la responsabilidad de su compañera en la golpiza, por celosa y derrochadora.
En La Habana, la soberbia de los comandantes ha sido cultivada con esmero. Cual marido celoso, pueden decir cualquier cosa y el coro de incondicionales, cual suegra de mujer golpeada, calla o los apoya con tal de no incordiarlos. Casi parece haber satisfacción porque se discuta y prometa financiar una agenda de reformas que nunca salió adelante con votos, para que la paguen parcialmente las víctimas.