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En palabras del jefe nacional del Servicio de Policía: “Puede ser llamado de atención por consumo de estupefacientes”. Se refiere a la masacre ocurrida en la vereda 70 del municipio de Orito, en Putumayo, en la que murieron cinco personas y tres más resultaron heridas.
Mientras avanzan las investigaciones es preciso volver al Informe Final de la Comisión de la Verdad. Y en esta ocasión, al capítulo de “Hallazgos” y al caso titulado “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas”, en el que el propio Estado colombiano es responsabilizado por promover el estigma que recae sobre los consumidores en vez de abogar por enfoques afines a los derechos humanos y la salud pública.
En el texto proponen que en vez de hablar de “limpieza social” se use la expresión “crímenes por discriminación”. Por supuesto, no solo se trata del Estado y su errática y cómplice guerra contra las drogas. Con diferentes variaciones en el tiempo y el espacio, todos los actores armados participaron en la creación o el sostenimiento de las discriminaciones. Las Farc-Ep tenían sus políticas de “cero vicio”, el Eln no bajaba a los consumidores de “peligrosos para el proyecto revolucionario” y los paramilitares procedieron a eliminar personas consideradas “problemáticas” o “desechables”.
Unos y otros, con la pretendida idea de estar defendiendo la moral. Y al mismo tiempo, con el propósito de ganar legitimidad entre la población. El orden armado pasa entonces por un ordenamiento moral que se alimenta de los lineamientos propios de la guerra contra las drogas. Como bien lo expresó una habitante de Buenaventura en referencia a las Auc, “a la gente le gustaba que controlaran al pelado que estaba fumando droga que ellos mismos le habían dado”.
Por si quedaban dudas sobre el fracaso de la guerra contra las drogas este relevante informe presentado por la Comisión de la Verdad ejemplifica su papel en la degradación del conflicto armado.