La estrategia de seguridad del gobierno Duque, mayoritariamente entendida como estrategia antinarcóticos, lleva a un incremento injustificado de la militarización del país.
La seguridad sigue siendo entendida como un tema que le compete únicamente a los militares. Cualquier lectura de las experiencias de vida de los colombianos en las zonas menos seguras, incluidas sus fronteras, es traducida al lenguaje militar. De ahí lo violento y miope de las soluciones.
La política de seguridad está basada en supuestos políticos que no ofrecen ninguna evidencia. En palabras del ministro de Defensa: “La prioridad del Gobierno es la disminución de las hectáreas cultivadas ilícitamente”, y además “los colombianos deben entender que esta es la mayor amenaza”.
La militarización de la vida cotidiana es entonces la respuesta, es decir, la militarización del día a día de los cultivadores de coca. Las familias cocaleras son convertidas discursivamente en narcotraficantes. Y para los narcotraficantes, como se sabe, está abierto todo el abanico de posibilidades militares, con sus metáforas de caza y aniquilamiento.
La falacia argumentativa del narcotráfico como origen de todos los males se alimenta permanentemente con supuestos igualmente falsos. En la argumentación del ministro de Defensa (el actual y los anteriores de Duque), “a más hectáreas, más homicidios colectivos”.
Los culpables de las masacres son los masacrados.
No hay ningún interés en volver al punto 4 del Acuerdo Final firmado en La Habana, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. En vez del lenguaje sugerido por los derechos humanos, prima la amenaza del narcotráfico.
Por lo mismo, más militares son requeridos. La insistencia en el narcotráfico no es solo semántica. Al presidente Duque se le oyó a principios del año gritando que “la lucha contra el narcotráfico es moralmente necesaria”. Ese mismo día su Gobierno introdujo el Comando Unificado contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat).
Otra criatura, una enorme, que garantiza que el proceso de militarización continúe su buena marcha.
La estrategia de seguridad del gobierno Duque, mayoritariamente entendida como estrategia antinarcóticos, lleva a un incremento injustificado de la militarización del país.
La seguridad sigue siendo entendida como un tema que le compete únicamente a los militares. Cualquier lectura de las experiencias de vida de los colombianos en las zonas menos seguras, incluidas sus fronteras, es traducida al lenguaje militar. De ahí lo violento y miope de las soluciones.
La política de seguridad está basada en supuestos políticos que no ofrecen ninguna evidencia. En palabras del ministro de Defensa: “La prioridad del Gobierno es la disminución de las hectáreas cultivadas ilícitamente”, y además “los colombianos deben entender que esta es la mayor amenaza”.
La militarización de la vida cotidiana es entonces la respuesta, es decir, la militarización del día a día de los cultivadores de coca. Las familias cocaleras son convertidas discursivamente en narcotraficantes. Y para los narcotraficantes, como se sabe, está abierto todo el abanico de posibilidades militares, con sus metáforas de caza y aniquilamiento.
La falacia argumentativa del narcotráfico como origen de todos los males se alimenta permanentemente con supuestos igualmente falsos. En la argumentación del ministro de Defensa (el actual y los anteriores de Duque), “a más hectáreas, más homicidios colectivos”.
Los culpables de las masacres son los masacrados.
No hay ningún interés en volver al punto 4 del Acuerdo Final firmado en La Habana, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. En vez del lenguaje sugerido por los derechos humanos, prima la amenaza del narcotráfico.
Por lo mismo, más militares son requeridos. La insistencia en el narcotráfico no es solo semántica. Al presidente Duque se le oyó a principios del año gritando que “la lucha contra el narcotráfico es moralmente necesaria”. Ese mismo día su Gobierno introdujo el Comando Unificado contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat).
Otra criatura, una enorme, que garantiza que el proceso de militarización continúe su buena marcha.