Según el presidente Alfonso López Michelsen, la Constitución de 1886 realizó la más grande expropiación sin indemnización que se ha hecho en Colombia. Ella privó a los antiguos estados soberanos, sin ninguna compensación, de sus baldíos, de sus minas y de sus petróleos. Quedaron sin patrimonio. “Lo que tienen ahora —agregaba— es la largueza del Estado que periódicamente les extiende auxilios que los convierten en mendicantes del poder central. Privados de patrimonio, con rentas insuficientes, poco a poco los departamentos han ido derivando hacia la institucionalización de las cesiones de rentas por parte del Estado central”.
Contra el parecer de muchos exministros de Hacienda —el cartel de los Andes—, se aprobó en el Congreso una reforma constitucional que elevará, progresivamente durante 12 años, del 23,8 al 39,5 por ciento los recursos que el Gobierno Central les gira anualmente a las regiones. Hasta en el propio Gobierno hubo disparidad de opiniones sobre el monto de la participación y sobre los criterios que se deben tener para evitar que en las provincias hagan mal uso de esos dineros.
El debate no es nuevo, sobre todo después de que el presidente Rafael Núñez anunció que su Constitución —la de 1886— buscaba la “centralización política y la descentración administrativa”, cuando la verdad fue que esa Carta condujo a lo contrario: “descentralización política y centralización administrativa”.
La reforma fue aprobada por una aplastante mayoría, con solo dos votos en contra en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se prevé que se presentarán muchas demandas ante la Corte Constitucional después de que la sancione el presidente Petro, quien anunció su complacencia con esa propuesta que tuvo el aval de su ministro Cristo.
De convertirse en realidad esa reforma, los departamentos verán robustecidas sus arcas en detrimento del tesoro nacional, porque la verdad es que los departamentos no tienen capital. Ya no tendrán que pedir ¡auxilio! ¡Auxilio!
Según el presidente Alfonso López Michelsen, la Constitución de 1886 realizó la más grande expropiación sin indemnización que se ha hecho en Colombia. Ella privó a los antiguos estados soberanos, sin ninguna compensación, de sus baldíos, de sus minas y de sus petróleos. Quedaron sin patrimonio. “Lo que tienen ahora —agregaba— es la largueza del Estado que periódicamente les extiende auxilios que los convierten en mendicantes del poder central. Privados de patrimonio, con rentas insuficientes, poco a poco los departamentos han ido derivando hacia la institucionalización de las cesiones de rentas por parte del Estado central”.
Contra el parecer de muchos exministros de Hacienda —el cartel de los Andes—, se aprobó en el Congreso una reforma constitucional que elevará, progresivamente durante 12 años, del 23,8 al 39,5 por ciento los recursos que el Gobierno Central les gira anualmente a las regiones. Hasta en el propio Gobierno hubo disparidad de opiniones sobre el monto de la participación y sobre los criterios que se deben tener para evitar que en las provincias hagan mal uso de esos dineros.
El debate no es nuevo, sobre todo después de que el presidente Rafael Núñez anunció que su Constitución —la de 1886— buscaba la “centralización política y la descentración administrativa”, cuando la verdad fue que esa Carta condujo a lo contrario: “descentralización política y centralización administrativa”.
La reforma fue aprobada por una aplastante mayoría, con solo dos votos en contra en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se prevé que se presentarán muchas demandas ante la Corte Constitucional después de que la sancione el presidente Petro, quien anunció su complacencia con esa propuesta que tuvo el aval de su ministro Cristo.
De convertirse en realidad esa reforma, los departamentos verán robustecidas sus arcas en detrimento del tesoro nacional, porque la verdad es que los departamentos no tienen capital. Ya no tendrán que pedir ¡auxilio! ¡Auxilio!