Como acto de despedida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, jefe máximo del Partido Morena, consiguió que el Congreso aprobara una reforma constitucional en donde se dispone que los jueces sean elegidos por votación popular. Siguiendo ese ejemplo, el presidente Petro acogió la propuesta y nada de extraño tiene que la someta a consideración de nuestras Cámaras. Ojalá que no. Sin embargo, eso no sería nada novedoso entre nosotros porque la Constitución de 1853 dispuso que “todo ciudadano tiene derecho a votar directamente, por voto secreto y en los respectivos períodos por presidente y vicepresidente de la República; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la Nación; por el gobernador de la respectiva provincia; por el senador o senadores, y por el representante o representantes de la respectiva provincia” (Artículo 13).
Afortunadamente la norma no tuvo buen recibo, tanto que, en la Constitución siguiente, la de 1858, el voto directo y secreto se mantuvo para el presidente y los senadores y representantes. Con relación al procurador, se aplicó una sola vez, cuando resultó elegido Florentino González por 64.491 votos, derrotando a figuras tan importantes como Rufino Cuervo y José Ignacio de Márquez.
Ni siquiera en esa época, cuando los gólgotas eran más soñadores y de “izquierda” que el mexicano López Obrador, se les ocurrió proponer la elección popular de jueces. ¿Se imaginan a los aspirantes a los despachos judiciales en campaña ofreciendo dar casa por cárcel o darles bandeja paisa en las cárceles a quienes violan la ley? Eso solo se le ocurre a un compatriota de Cantinflas. Razones tiene el Alfonso Gómez Méndez en rechazar la propuesta.
Ojalá la nueva presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, acepte razones y se aparte de esa herencia de su jefe. Bueno es ser Morena, pero no tanto. Con ese apellido, más parece rubia.
Como acto de despedida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, jefe máximo del Partido Morena, consiguió que el Congreso aprobara una reforma constitucional en donde se dispone que los jueces sean elegidos por votación popular. Siguiendo ese ejemplo, el presidente Petro acogió la propuesta y nada de extraño tiene que la someta a consideración de nuestras Cámaras. Ojalá que no. Sin embargo, eso no sería nada novedoso entre nosotros porque la Constitución de 1853 dispuso que “todo ciudadano tiene derecho a votar directamente, por voto secreto y en los respectivos períodos por presidente y vicepresidente de la República; magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la Nación; por el gobernador de la respectiva provincia; por el senador o senadores, y por el representante o representantes de la respectiva provincia” (Artículo 13).
Afortunadamente la norma no tuvo buen recibo, tanto que, en la Constitución siguiente, la de 1858, el voto directo y secreto se mantuvo para el presidente y los senadores y representantes. Con relación al procurador, se aplicó una sola vez, cuando resultó elegido Florentino González por 64.491 votos, derrotando a figuras tan importantes como Rufino Cuervo y José Ignacio de Márquez.
Ni siquiera en esa época, cuando los gólgotas eran más soñadores y de “izquierda” que el mexicano López Obrador, se les ocurrió proponer la elección popular de jueces. ¿Se imaginan a los aspirantes a los despachos judiciales en campaña ofreciendo dar casa por cárcel o darles bandeja paisa en las cárceles a quienes violan la ley? Eso solo se le ocurre a un compatriota de Cantinflas. Razones tiene el Alfonso Gómez Méndez en rechazar la propuesta.
Ojalá la nueva presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, acepte razones y se aparte de esa herencia de su jefe. Bueno es ser Morena, pero no tanto. Con ese apellido, más parece rubia.