El articulito que defendió a capa y espada el representante a la Cámara César Lorduy, que pone la mordaza al periodismo nacional para que a la hora de denunciar cualquier acto de corrupción piense dos y hasta tres veces antes de hacerlo, les habría caído como anillo al dedo a personajes que han avergonzado la función pública con su mal proceder como Samuel Moreno, Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile, Teodolindo Avendaño, Richard Aguilar, Alejandro Lyons, Francisco Ricaurte y Luis Gustavo Moreno.
Este tipo de propuestas son las que no deberían presentarse a discusión en un país donde la corrupción política y administrativa es la constante en todos los niveles de gobierno, sean de tipo local o nacional. Mucho menos en medio de un debate donde lo que se busca es precisamente acabar con este mal.
Evitar a toda costa cualquier denuncia o señalamiento es precisamente lo que buscan quienes se prestan a desfalcar al Estado. Saben que tras un escándalo, en noticiero, periódico o emisora, puede caer el peso de la justicia y acabar con toda esa telaraña que se arma para robarse los dineros públicos, de la que hacen parte funcionarios en los diferentes niveles de las entidades y, por supuesto, uno que otro político: no puede faltar algún congresista, llámese senador o representante a la Cámara.
Me permito recordarle al congresista César Lorduy que muchas investigaciones judiciales de la parapolítica, que terminaron en condenas, se dieron por denuncias anónimas; que el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá se dio a conocer por el trabajo que muchos periodistas hicimos alrededor de lo que estaba sucediendo en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas; y, para no irnos muy lejos, toda la corruptela que se dio al interior de la puesta en marcha del proyecto de Centros Poblados, en el Ministerio de las TIC, fue puesta en evidencia por la periodista Paola Herrera.
¿A que le temen tanto los congresistas que aprobaron con su voto esta idea? ¿Cuál es el interés del representante Lorduy en evitar a toda costa cualquier denuncia que tenga que ver con corrupción en las entidades del Estado? ¿Por qué el Gobierno Nacional guardó silencio y no se pronunció al respecto?
En casos como estos es cuando me pregunto si los representantes a la Cámara que apoyaron esta iniciativa -especialmente César Lorduy- y que aspiran a la reelección, tendrán el cinismo de salir a buscar votos anunciando la tan desgastada promesa de la lucha contra la corrupción cuando apoyan ideas que buscan evitar cualquier tipo de denuncia o señalamiento que tenga que ver con malos manejos de los recursos públicos; y, lo que es peor, lo hacen en medio de una discusión como la del Estatuto Anticorrupción.
Muy curioso que se apruebe un artículo como este en momentos en los que se inicia una campaña donde se permitirá la contratación pública luego de la eliminación de la Ley de Garantías, un regalito del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Será esto lo que buscan evitar? ¿Será que les preocupa que se les denuncie o se les señale por los casos en donde podría darse la utilización de los recursos públicos para fines electorales?
La corrupción política y administrativa en Colombia se ha venido sofisticando de tal forma que cada vez se hace más difícil de comprobar. Y por lo que veo hay congresistas, como el representante César Lorduy, dispuestos a ayudar a que este propósito se realice con ideas que buscan ponerle mordaza al primer veedor ciudadano. Es decir, al periodismo.
El articulito que defendió a capa y espada el representante a la Cámara César Lorduy, que pone la mordaza al periodismo nacional para que a la hora de denunciar cualquier acto de corrupción piense dos y hasta tres veces antes de hacerlo, les habría caído como anillo al dedo a personajes que han avergonzado la función pública con su mal proceder como Samuel Moreno, Bernardo Elías Vidal, Musa Besaile, Teodolindo Avendaño, Richard Aguilar, Alejandro Lyons, Francisco Ricaurte y Luis Gustavo Moreno.
Este tipo de propuestas son las que no deberían presentarse a discusión en un país donde la corrupción política y administrativa es la constante en todos los niveles de gobierno, sean de tipo local o nacional. Mucho menos en medio de un debate donde lo que se busca es precisamente acabar con este mal.
Evitar a toda costa cualquier denuncia o señalamiento es precisamente lo que buscan quienes se prestan a desfalcar al Estado. Saben que tras un escándalo, en noticiero, periódico o emisora, puede caer el peso de la justicia y acabar con toda esa telaraña que se arma para robarse los dineros públicos, de la que hacen parte funcionarios en los diferentes niveles de las entidades y, por supuesto, uno que otro político: no puede faltar algún congresista, llámese senador o representante a la Cámara.
Me permito recordarle al congresista César Lorduy que muchas investigaciones judiciales de la parapolítica, que terminaron en condenas, se dieron por denuncias anónimas; que el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá se dio a conocer por el trabajo que muchos periodistas hicimos alrededor de lo que estaba sucediendo en la alcaldía de Samuel Moreno Rojas; y, para no irnos muy lejos, toda la corruptela que se dio al interior de la puesta en marcha del proyecto de Centros Poblados, en el Ministerio de las TIC, fue puesta en evidencia por la periodista Paola Herrera.
¿A que le temen tanto los congresistas que aprobaron con su voto esta idea? ¿Cuál es el interés del representante Lorduy en evitar a toda costa cualquier denuncia que tenga que ver con corrupción en las entidades del Estado? ¿Por qué el Gobierno Nacional guardó silencio y no se pronunció al respecto?
En casos como estos es cuando me pregunto si los representantes a la Cámara que apoyaron esta iniciativa -especialmente César Lorduy- y que aspiran a la reelección, tendrán el cinismo de salir a buscar votos anunciando la tan desgastada promesa de la lucha contra la corrupción cuando apoyan ideas que buscan evitar cualquier tipo de denuncia o señalamiento que tenga que ver con malos manejos de los recursos públicos; y, lo que es peor, lo hacen en medio de una discusión como la del Estatuto Anticorrupción.
Muy curioso que se apruebe un artículo como este en momentos en los que se inicia una campaña donde se permitirá la contratación pública luego de la eliminación de la Ley de Garantías, un regalito del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Será esto lo que buscan evitar? ¿Será que les preocupa que se les denuncie o se les señale por los casos en donde podría darse la utilización de los recursos públicos para fines electorales?
La corrupción política y administrativa en Colombia se ha venido sofisticando de tal forma que cada vez se hace más difícil de comprobar. Y por lo que veo hay congresistas, como el representante César Lorduy, dispuestos a ayudar a que este propósito se realice con ideas que buscan ponerle mordaza al primer veedor ciudadano. Es decir, al periodismo.