Ojalá que el presidente Iván Duque y todo su equipo de gobierno entiendan de una buena vez que no se les puso al frente del país para que todos los días se dediquen a recordarnos cuáles han sido los problemas que encontraron, sino para que los solucionen, uno de ellos: los asesinatos y amenazas a líderes sociales.
Es ridículo ver a algunos funcionarios del gabinete de Iván Duque enfrentados con varias de las personas que integraron el equipo de gobierno de Juan Manuel Santos por los problemas de orden público en los territorios del país, que han derivado en asesinatos a líderes sociales.
Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se había advertido lo que iba a suceder, cosa de que todos estuvieran preparados y se dotara a los municipios del posconflicto con la suficiente presencia estatal, para que no se dispararan nuevas olas de violencias. Como siempre, no se escuchó, y ahí tenemos el problema.
En cada proceso de paz que se ha firmado en Colombia se han desatado estas olas violencias. Sucedió con el M-19, la Corriente de Renovación Socialista, el Epl, las Auc, etc., luego entonces no había razón para que este problema tomara al Estado desprevenido, porque no es la primera vez que en nuestro país se pacta un desarme y reinserción con un grupo armado ilegal.
En un contexto de narcotráfico y de rentas ilegales que se ejercen en los diferentes territorios en Colombia, como la minería ilegal, préstamos gota a gota, explotación de madera ilegal, trata de personas, etc., es muy difícil sostener la reducción de las cifras de violencia. En algún momento, estas comenzarían a dispararse cuando los distintos trabajos sociales propios de la firma de la paz empezaran a implementarse. Es ahí donde las personas que lideran estos procesos en las comunidades se convierten en enemigos públicos de quienes integran estas mafias, los que no dudan en apretar el gatillo o amenazar sus vidas.
Este fenómeno, por ser repetitivo en Colombia, no debió haber tomado por sorpresa al Estado en su conjunto, que ya debería estar implementando las soluciones en lugar de estar discutiendo con quienes hicieron parte del gobierno anterior por lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Entre otras, porque bien se sabía que si Juan Manuel Santos firmaba la paz con las Farc, a su sucesor, es decir a Iván Duque, le correspondía tomar las medidas necesarias, diseñando políticas públicas para que la reducción de los índices de violencia en el país fueran sostenibles.
Insisto, Iván Duque y su gabinete ministerial, junto con toda su gama de funcionarios, están para darles solución a los problemas del país, no para recordarlos, ni para buscar culpables. Colombia tiene enormes retos, señores del Gobierno, uno de ellos, la protección de sus líderes sociales. Por favor, no desperdicien tiempo y energías discutiendo con quienes hacen parte del pasado.
Hoy la nación está en sus manos. De ustedes depende que no se derrumbe y que los asesinatos a los colombianos que lideran procesos sociales en los territorios desaparezcan.
Cambiando de tema. ¿Será que a Néstor Humberto Martínez le preocupan las marchas que se están convocando para pedir su renuncia al cargo de fiscal general de la Nación? Lo dudo.
Ojalá que el presidente Iván Duque y todo su equipo de gobierno entiendan de una buena vez que no se les puso al frente del país para que todos los días se dediquen a recordarnos cuáles han sido los problemas que encontraron, sino para que los solucionen, uno de ellos: los asesinatos y amenazas a líderes sociales.
Es ridículo ver a algunos funcionarios del gabinete de Iván Duque enfrentados con varias de las personas que integraron el equipo de gobierno de Juan Manuel Santos por los problemas de orden público en los territorios del país, que han derivado en asesinatos a líderes sociales.
Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se había advertido lo que iba a suceder, cosa de que todos estuvieran preparados y se dotara a los municipios del posconflicto con la suficiente presencia estatal, para que no se dispararan nuevas olas de violencias. Como siempre, no se escuchó, y ahí tenemos el problema.
En cada proceso de paz que se ha firmado en Colombia se han desatado estas olas violencias. Sucedió con el M-19, la Corriente de Renovación Socialista, el Epl, las Auc, etc., luego entonces no había razón para que este problema tomara al Estado desprevenido, porque no es la primera vez que en nuestro país se pacta un desarme y reinserción con un grupo armado ilegal.
En un contexto de narcotráfico y de rentas ilegales que se ejercen en los diferentes territorios en Colombia, como la minería ilegal, préstamos gota a gota, explotación de madera ilegal, trata de personas, etc., es muy difícil sostener la reducción de las cifras de violencia. En algún momento, estas comenzarían a dispararse cuando los distintos trabajos sociales propios de la firma de la paz empezaran a implementarse. Es ahí donde las personas que lideran estos procesos en las comunidades se convierten en enemigos públicos de quienes integran estas mafias, los que no dudan en apretar el gatillo o amenazar sus vidas.
Este fenómeno, por ser repetitivo en Colombia, no debió haber tomado por sorpresa al Estado en su conjunto, que ya debería estar implementando las soluciones en lugar de estar discutiendo con quienes hicieron parte del gobierno anterior por lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Entre otras, porque bien se sabía que si Juan Manuel Santos firmaba la paz con las Farc, a su sucesor, es decir a Iván Duque, le correspondía tomar las medidas necesarias, diseñando políticas públicas para que la reducción de los índices de violencia en el país fueran sostenibles.
Insisto, Iván Duque y su gabinete ministerial, junto con toda su gama de funcionarios, están para darles solución a los problemas del país, no para recordarlos, ni para buscar culpables. Colombia tiene enormes retos, señores del Gobierno, uno de ellos, la protección de sus líderes sociales. Por favor, no desperdicien tiempo y energías discutiendo con quienes hacen parte del pasado.
Hoy la nación está en sus manos. De ustedes depende que no se derrumbe y que los asesinatos a los colombianos que lideran procesos sociales en los territorios desaparezcan.
Cambiando de tema. ¿Será que a Néstor Humberto Martínez le preocupan las marchas que se están convocando para pedir su renuncia al cargo de fiscal general de la Nación? Lo dudo.