El inaudito extravío de la carta remitida por la JEP al Departamento de Justicia en Washington, en la que se pedían pruebas adicionales para definir la extradición de Jesús Santrich, debe ser analizado desde varios aspectos.
El primero es que la responsabilidad ha recaído sobre la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien, la verdad sea, le ha puesto la cara al problema en la forma enhiesta como se afrontan las dificultades en el servicio público. Con humildad asumió su responsabilidad por un asunto operativo y no inventó ridículas ni torpes excusas. Y, lo más importante, buscó una solución efectiva. A la gente la nombran en los cargos públicos no para no enfrentar dificultades y pasarla delicioso, sino para buscarles soluciones a los problemas, que los hay de todo tipo y a toda hora.
La ministra se patinó ante la JEP el que se concediera otro plazo para entregar la carta al Gobierno americano y para que este remitiera las pruebas adicionales que se requieren para resolver la extradición. Y eso le salió bien a la ministra, pues ya la JEP informó que concedió un nuevo plazo.
Lo segundo es indicar que la carta había sido remitida por la JEP a la Cancillería, quien se demoró un mes en definir si era por valija diplomática o por autoridad central. Al decidir lo segundo, por efecto rebote, le llegó al Minjusticia sin las alertas propias de algo tan importante.
Lo tercero es que la forma en que esas comunicaciones son tramitadas navega contra la corriente de la modernidad, como casi todo en la cooperación internacional. El mundo diplomático no solo es aburrido y acartonado, sino francamente fugitivo de su tiempo. ¿Cómo es posible que una carta de esas en pleno siglo XXI no pueda enviarse de forma más sencilla utilizando seguros mecanismos tecnológicos? De milagro, esa carta no tocaba llevarla a lomo de mula.
Y, por último, el problema no es la carta de Santrich, sino los miles de cartas que la empresa estatal de correos 4-72 extravía o dilata. Y esto, apreciados lectores, no es un problema distinto a que 4-72, por ministerio de la ley, goza de un absurdo monopolio que mientras exista conspirará contra sus usuarios.
Me refiero a que 4-72 es la “única autorizada para prestar los servicios de correo a las entidades … de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial”, en virtud del monopolio creado como “área de reserva” por el artículo 15 de la Ley 1369/ 2009. Así las cosas, 4-72 no tiene que competir; el Estado le regaló un mercado a ella sola y por eso tiene, sin querer queriendo, la motivación propia del monopolista que no es otra que la ley del menor esfuerzo y mayores utilidades. Sin competencia no tiene la imperiosa necesidad de mejorar.
Por esa razón, mientras en Colombia continuemos con ese absurdo monopolio a favor de 4-72, con miles de cartas pasará lo mismo y estaremos condenados a cantar a dúo con Soledad la hermosa canción “La carta perdida”, que dice: “Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió”.
El inaudito extravío de la carta remitida por la JEP al Departamento de Justicia en Washington, en la que se pedían pruebas adicionales para definir la extradición de Jesús Santrich, debe ser analizado desde varios aspectos.
El primero es que la responsabilidad ha recaído sobre la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien, la verdad sea, le ha puesto la cara al problema en la forma enhiesta como se afrontan las dificultades en el servicio público. Con humildad asumió su responsabilidad por un asunto operativo y no inventó ridículas ni torpes excusas. Y, lo más importante, buscó una solución efectiva. A la gente la nombran en los cargos públicos no para no enfrentar dificultades y pasarla delicioso, sino para buscarles soluciones a los problemas, que los hay de todo tipo y a toda hora.
La ministra se patinó ante la JEP el que se concediera otro plazo para entregar la carta al Gobierno americano y para que este remitiera las pruebas adicionales que se requieren para resolver la extradición. Y eso le salió bien a la ministra, pues ya la JEP informó que concedió un nuevo plazo.
Lo segundo es indicar que la carta había sido remitida por la JEP a la Cancillería, quien se demoró un mes en definir si era por valija diplomática o por autoridad central. Al decidir lo segundo, por efecto rebote, le llegó al Minjusticia sin las alertas propias de algo tan importante.
Lo tercero es que la forma en que esas comunicaciones son tramitadas navega contra la corriente de la modernidad, como casi todo en la cooperación internacional. El mundo diplomático no solo es aburrido y acartonado, sino francamente fugitivo de su tiempo. ¿Cómo es posible que una carta de esas en pleno siglo XXI no pueda enviarse de forma más sencilla utilizando seguros mecanismos tecnológicos? De milagro, esa carta no tocaba llevarla a lomo de mula.
Y, por último, el problema no es la carta de Santrich, sino los miles de cartas que la empresa estatal de correos 4-72 extravía o dilata. Y esto, apreciados lectores, no es un problema distinto a que 4-72, por ministerio de la ley, goza de un absurdo monopolio que mientras exista conspirará contra sus usuarios.
Me refiero a que 4-72 es la “única autorizada para prestar los servicios de correo a las entidades … de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial”, en virtud del monopolio creado como “área de reserva” por el artículo 15 de la Ley 1369/ 2009. Así las cosas, 4-72 no tiene que competir; el Estado le regaló un mercado a ella sola y por eso tiene, sin querer queriendo, la motivación propia del monopolista que no es otra que la ley del menor esfuerzo y mayores utilidades. Sin competencia no tiene la imperiosa necesidad de mejorar.
Por esa razón, mientras en Colombia continuemos con ese absurdo monopolio a favor de 4-72, con miles de cartas pasará lo mismo y estaremos condenados a cantar a dúo con Soledad la hermosa canción “La carta perdida”, que dice: “Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió”.