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El año pasado dediqué mis dos últimas columnas al corrupto ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, un “destacado” soldado de la primera línea del petrismo que se las da de técnico pero que es, en realidad, un burócrata que rema para donde Petro rema. Este año, empiezo a escribir retomando las terribles andanzas de este viejo personaje de exigua talla física y moral.
Para identificar el diario quehacer del exministro Bonilla en su corto pero presuntamente delincuencial paso por el Ministerio de Hacienda, utilicé el alias de ‘Boogie El Aceitoso’, con el que varios congresistas se refieren a él en los fríos pasillos del Capitolio por donde transitaron los sobornos y coimas enviadas desde su cartera a varios parlamentarios, así como sus recíprocos chantajes y extorsiones.
Ejemplo de lo anterior, lo relacionado con el traslado presupuestal para poder empeñar más de 92 mil millones de pesos en contratos dirigidos a parlamentarios a través de la UNGRD a cambio del voto de congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para la aprobación de siete empréstitos internacionales por un billón de dólares (cuatro billones de pesos del momento) en diciembre de 2023, lo cual le costó a Bonilla el puesto en diciembre de 2024, luego de las declaraciones ante la justicia de su mano derecha y asesora María Alejandra Benavides y la forma magistral como documentalmente lo expuso ante la opinión pública la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
No obstante la gravedad de lo allí ocurrido, los escándalos de Bonilla no paran allí y su entrada a la cárcel será como la muerte; no tiene rebaja, solo plazo. Más temprano que tarde, Bonilla estará tras las rejas: se lo merece por haber feriado los recursos del presupuesto nacional al destinarlos a la más rampante corrupción.
Resulta que ahora, Andrea Ramírez, una antigua asesora del Ministerio de Hacienda, en declaración ante la Corte Suprema de Justicia dio cuenta de la existencia de una “matriz” de proyectos de inversión en las regiones asociados a varios congresistas con los que el exministro Bonilla habría aceitado y comprado conciencias y votos de muchísimos congresistas a cambio del apoyo a la agenda legislativa del gobierno Petro.
El recinto sagrado de la democracia, como algunos llaman al Congreso, se convirtió en el sagrado recinto de la corrupción. Eso explica por qué en estos funestos momentos de nuestra vida republicana aún existe algo de apoyo al presidente Petro, pues el tema político es cada vez menos político y más de conveniencia económica, que es, a la postre, a lo que algunos políticos juegan con el gobierno: tú me compras y yo me vendo.
No lograr superar estas prácticas corruptas en las relaciones entre el gobierno y el Congreso, que claramente no las inventó Petro, pero sí las ha alimentado como vaca a sus terneros, no nos llevará a nada distinto de entender que las leyes que se aprueban o los proyectos de ley que se hunden en el Congreso, en muchos casos, no son fruto de la discusión sino de la corrupción.
Mientras exista una “matriz” de contratos con destino a los congresistas que ayudan o están en posibilidad de ayudar al gobierno de turno, la actividad parlamentaria será vista como opaca y oscura por los ciudadanos. Ello con independencia de si se aprueban o no buenas leyes, pues, en este caso, el acertar no siempre despeja las dudas.
Lo ocurrido con Petro y Bonilla en el Congreso es francamente aberrante y no es menos grave porque antes también hubiese ocurrido. Recuérdese que Petro, hablador de carreta como ninguno, se hizo elegir con el discurso de acabar con la corrupción, pero en realidad ha gobernado sin sonrojarse con cada escándalo y sus justificaciones no dejan de ser meras complacencias y espaldarazos a los corruptos, pues para él la corrupción es buena cuando los corruptos están de sus lado.