Esta columna -cuyo título llevaría a creer que aludirá a los consumos de droga y alcohol del presidente- se referirá a lo que significa que un presidente sea elegido con violación de las normas electorales. Fundamentalmente, en lo relacionado con volarse los topes electorales o recibir dineros ilegales de donantes que no pueden aportar a las campañas, bien por el origen oscuro de sus recursos, o bien porque en su condición de personas jurídicas tienen limitaciones para ello.
Quienes hemos estado ligados al deporte entendemos que viola los reglamentos deportivos, o incluso la ley formal, aquel deportista que hace trampa al momento de competir, bien porque gana robando o bien porque, por ejemplo, compite dopado con sustancias ilegales. Quienes hemos estado ligados al derecho, también entendemos que no se puede violar la ley sin que esa violación tenga consecuencias adversas. Y, finalmente, quienes hemos estado ligados a la ética en nuestro transitar por la vida, entendemos que todo lo que suena mal está mal.
En fin, todos lo sabemos. Otra cosa es que quienes violan la ley se hagan las víctimas, digan mentiras para ocultar o desdibujar la verdad, inventen persecuciones, intenten deslegitimar a sus investigadores y jueces, inventen golpes blandos, o acudan a varias o todas las deleznables estrategias ya mencionadas.
El caso de Petro es particular. Durante su vida pidió que todo aquel que fuera su rival fuera investigado y, para ello, hasta les inventó calumnias e injurias, criticó a las autoridades por no poner tras las rejas a sus enemigos personales o políticos, se alzó en armas para combinar todas las formas de lucha, y se dedicó a aniquilar moralmente a todos sus contrincantes.
Es la ley del embudo: investiguen a todos, menos a mí y a mis amigotes, diría Petro. Petro se ha creído intocable cada vez que alguien lo investiga. En mi época como Superintendente de Industria y Comercio, esta entidad sancionó con millonarias multas al Distrito y a diez altos funcionarios, entre ellos, a Petro como alcalde. Multa que por demás no ha pagado, pese a que durante cuatro años se le cauteló la porción embargable del salario que como senador percibía, pero que, a hoy, aún adeuda más de quinientos millones sin que se le haya podido embargar la porción respectiva de su sueldo como presidente, pues su torticero abogado consiguió que el expediente de cobro coactivo que adelantaba la SIC, ajeno al fuero integral presidencial, misteriosamente pasara al sueño de los justos en la Comisión de Acusaciones.
Y esto es lo que siempre ha pasado con Petro. Siempre logra salirse con la suya y consigue que, lo que algún día fue una impecable investigación, alguien la tumbe y, cuando no, busque evadirla, no cumplirla. Parecería ser que Petro ha vivido en la máxima categoría de los intocables, y que su estrategia para vivir en la inmerecida impunidad, siempre le ha funcionado.
La reacción frente a la imputación de cargos en contra de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, su candidato Gustavo Petro, su gerente, su tesorera y sus auditores, así como contra la Colombia Humana y la Unión Patriótica, es prueba de que Petro, por ser Petro, y solo por ser Petro, se sigue creyendo intocable.
Ahora resulta que, ganar unas elecciones recibiendo aportes de sindicatos -FECODE, USO, CUT- y violando los topes electorales en una cuantía cercana a los seis mil millones -sin contar con los quince mil de los que habla el “extorsionista” de Benedetti- es algo que no puede investigarse, según Petro. En buena hora esa investigación del CNE, pues, como en el deporte, en la política estas infracciones atetan groseramente contra la legalidad competitiva, como cuando un atleta se dopa para ganar.
Me uno a quienes creen que la imputación de cargos del CNE es un acto institucional en ejercicio de sus funciones, que terminará con una decisión en la que se nos dirá si Petro se robó o no las elecciones, pues violar las normas electorales sobre financiación de las campañas es eso, un robo, es ganarle a los demás, pero dopado.