La basura invadió las calles de amplios sectores de Bogotá, el alcalde mayor pidió disculpas, pero no dio explicaciones sobre la improvisación en las licitaciones para el aseo de la ciudad, la exclusión de Aguas de Bogotá, ni sobre el manejo de sus trabajadores. Se limitó a decir que son problemas de la transición, y que “hay un melodramatismo exagerado”. La Superintendencia de Servicios intervino y la personera de Bogotá señaló a la directora de la Uaesp por no haber dicho la verdad sobre el manejo de la contingencia de las basuras; la Procuraduría la sancionó. El secretario de Ambiente del Distrito anunció multar a los políticos por “dañar la estructura pública de la ciudad” con afiches.
Los noticieros mencionaron el “jalón de orejas” del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que en carta al alcalde señala cómo entre las obligaciones de los nuevos prestadores del servicio de aseo no se consideró el aprovechamiento, reciclaje, reutilización y tratamiento de los residuos, e insta a implementar estrategias para este fin y a desincentivar la disposición en rellenos sanitarios. Murillo también le recordó al alcalde Peñalosa la importancia de cumplir los compromisos del Acuerdo de París, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la inconveniencia del diésel y que, en consecuencia, en la licitación para los nuevos buses de Transmilenio se debe dar prioridad a tecnologías de cero o bajas emisiones.
Pero el ministro Murillo no explica por qué solamente llama la atención del alcalde y no tomó las medidas para que todos los megaproyectos de la Alcaldía de Bogotá tuvieran evaluaciones de impacto ambiental, individuales y agregadas, y cumplieran con políticas, acuerdos, normas y el principio de precaución ¿Qué hueco negro en la ley permite que el alcalde de Bogotá cree por decreto Lagos de Torca, una ciudad de 500.000 habitantes en medio de la Sabana? El impacto ambiental acumulado de los proyectos del alcalde en la Sabana y en el país es enorme ¿Quién vigila posibles inexactitudes, omisiones o insuficiencias de los macroproyectos? ¿Quién suma los impactos? ¿Quién vela por el cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, la Ley 99/93, etc., etc.? ¿Por qué la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional no hace nada? ¿Qué hacen la ANLA, la CAR y la Secretaría de Ambiente del Distrito? ¿Qué piensan los concejales que apoyan al alcalde Peñalosa? ¿Qué hacen la Personería y la Procuraduría?
En una encuesta reciente el alcalde de Bogotá ocupó el último lugar en el país, con sólo un 22 % de favorabilidad. ¿Por qué el futuro de ocho millones de habitantes está en manos de un alcalde y un Concejo invisible, con la complacencia de un Gobierno que cree poder salvar la economía apoyando inversiones en infraestructura en Bogotá que únicamente aseguran el centralismo, destruyen la naturaleza y apalancan un modelo de crecimiento económico y una ciudad insostenibles? Es necesario replantear con urgencia el crecimiento y la forma de gobierno de Bogotá y la Sabana.
La basura invadió las calles de amplios sectores de Bogotá, el alcalde mayor pidió disculpas, pero no dio explicaciones sobre la improvisación en las licitaciones para el aseo de la ciudad, la exclusión de Aguas de Bogotá, ni sobre el manejo de sus trabajadores. Se limitó a decir que son problemas de la transición, y que “hay un melodramatismo exagerado”. La Superintendencia de Servicios intervino y la personera de Bogotá señaló a la directora de la Uaesp por no haber dicho la verdad sobre el manejo de la contingencia de las basuras; la Procuraduría la sancionó. El secretario de Ambiente del Distrito anunció multar a los políticos por “dañar la estructura pública de la ciudad” con afiches.
Los noticieros mencionaron el “jalón de orejas” del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que en carta al alcalde señala cómo entre las obligaciones de los nuevos prestadores del servicio de aseo no se consideró el aprovechamiento, reciclaje, reutilización y tratamiento de los residuos, e insta a implementar estrategias para este fin y a desincentivar la disposición en rellenos sanitarios. Murillo también le recordó al alcalde Peñalosa la importancia de cumplir los compromisos del Acuerdo de París, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la inconveniencia del diésel y que, en consecuencia, en la licitación para los nuevos buses de Transmilenio se debe dar prioridad a tecnologías de cero o bajas emisiones.
Pero el ministro Murillo no explica por qué solamente llama la atención del alcalde y no tomó las medidas para que todos los megaproyectos de la Alcaldía de Bogotá tuvieran evaluaciones de impacto ambiental, individuales y agregadas, y cumplieran con políticas, acuerdos, normas y el principio de precaución ¿Qué hueco negro en la ley permite que el alcalde de Bogotá cree por decreto Lagos de Torca, una ciudad de 500.000 habitantes en medio de la Sabana? El impacto ambiental acumulado de los proyectos del alcalde en la Sabana y en el país es enorme ¿Quién vigila posibles inexactitudes, omisiones o insuficiencias de los macroproyectos? ¿Quién suma los impactos? ¿Quién vela por el cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, la Ley 99/93, etc., etc.? ¿Por qué la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional no hace nada? ¿Qué hacen la ANLA, la CAR y la Secretaría de Ambiente del Distrito? ¿Qué piensan los concejales que apoyan al alcalde Peñalosa? ¿Qué hacen la Personería y la Procuraduría?
En una encuesta reciente el alcalde de Bogotá ocupó el último lugar en el país, con sólo un 22 % de favorabilidad. ¿Por qué el futuro de ocho millones de habitantes está en manos de un alcalde y un Concejo invisible, con la complacencia de un Gobierno que cree poder salvar la economía apoyando inversiones en infraestructura en Bogotá que únicamente aseguran el centralismo, destruyen la naturaleza y apalancan un modelo de crecimiento económico y una ciudad insostenibles? Es necesario replantear con urgencia el crecimiento y la forma de gobierno de Bogotá y la Sabana.