En un aviso de prensa las Empresas Públicas de Medellín, a propósito de la crisis de Hidroituango, manifiestan que “la prioridad ha sido y seguirá siendo la vida de las personas”. Si esto fuera cierto, EPM no se habría comprometido en un proyecto de tan alto riesgo, imposible de defender por su potencial megaimpacto sobre la población, el río Cauca, la cuenca, la naturaleza, las finanzas, la economía y la institucionalidad. Sus promotores, los gobernantes locales y nacionales, los administradores y técnicos de turno tendrán que decirle al país, ante una comisión de la verdad, las razones que produjeron cada error y explicar semejante apuesta. Eso nos permitirá aprender para no acometer nunca más este tipo de emprendimientos y replantear la política energética, social, económica y ambiental. Los juicios de responsabilidad tendrán que asumirlos las autoridades correspondientes. La Procuraduría al fin se despertó.
Hidroituango es una obra de ingeniería concebida para obtener ganancias y desafiar la naturaleza, no para cooperar con ella y aprovechar su potencial energético responsablemente, en beneficio social. Fue pensada, planeada y desarrollada por una élite técnico-político-económica, sin conocimiento amplio e informado de la sociedad, sin una evaluación seria sobre sus impactos y riesgos en el tiempo y el espacio. Se adelantó en contra de las comunidades locales, desplazadas ayer por oponerse al proyecto y desplazadas hoy al sufrir las consecuencias.
A partir de las decisiones apresuradas para acelerar la terminación del proyecto, debido a presiones financieras y exigencias formales de operación, fue evidente la magnitud de la catástrofe. Desde entonces, las malas decisiones técnicas, la soberbia, los señalamientos y versiones contradictorias de las autoridades regionales, la torpeza o complicidad de las nacionales, los informes de expertos nacionales y extranjeros con advertencias que no se difunden, evidencian que Hidroituango está fuera de control. El país necesita la verdad para enfrentar la situación. Nada justifica continuar con esta amenaza de magnitud mundial. Se debe desmantelar la represa, asegurar, proteger e indemnizar a la población en riesgo y tomar todas las medidas necesarias para mitigar los impactos financieros, económicos y ecosistémicos. El Gobierno Nacional, sin abusar de esta condición, tendría que declarar el estado de emergencia ecológica, social y económica (artículo 215 de la Constitución Nacional) e intervenir Hidroituango.
Los errores del proyecto impactaron la institucionalidad que resultó lesionada en su imagen, construida con trabajo serio y resultados importantes, aunque sus criterios deben actualizarse. Resultaron afectados: EPM, los ministerios de Minas y Energía y Ambiente, institutos, ANLA, UPME, la banca de inversión, empresas, DNP, Procuraduría, Contraloría, instituciones regionales, etc. No se debe culpar a las instituciones o a la ingeniería nacional. Tendrán que responder quienes presionaron o tomaron decisiones equivocadas por razones políticas y económicas.
El fracaso de Hidroituango obliga a cancelar las políticas energéticas y ambientales neoliberales de producción-destrucción- consumo, garantizar la actualización e imparcialidad técnico-científica de las instituciones para proteger la nación a largo plazo y reconsiderar completamente el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, basado en un “desarrollo minero-energético” insostenible.
En un aviso de prensa las Empresas Públicas de Medellín, a propósito de la crisis de Hidroituango, manifiestan que “la prioridad ha sido y seguirá siendo la vida de las personas”. Si esto fuera cierto, EPM no se habría comprometido en un proyecto de tan alto riesgo, imposible de defender por su potencial megaimpacto sobre la población, el río Cauca, la cuenca, la naturaleza, las finanzas, la economía y la institucionalidad. Sus promotores, los gobernantes locales y nacionales, los administradores y técnicos de turno tendrán que decirle al país, ante una comisión de la verdad, las razones que produjeron cada error y explicar semejante apuesta. Eso nos permitirá aprender para no acometer nunca más este tipo de emprendimientos y replantear la política energética, social, económica y ambiental. Los juicios de responsabilidad tendrán que asumirlos las autoridades correspondientes. La Procuraduría al fin se despertó.
Hidroituango es una obra de ingeniería concebida para obtener ganancias y desafiar la naturaleza, no para cooperar con ella y aprovechar su potencial energético responsablemente, en beneficio social. Fue pensada, planeada y desarrollada por una élite técnico-político-económica, sin conocimiento amplio e informado de la sociedad, sin una evaluación seria sobre sus impactos y riesgos en el tiempo y el espacio. Se adelantó en contra de las comunidades locales, desplazadas ayer por oponerse al proyecto y desplazadas hoy al sufrir las consecuencias.
A partir de las decisiones apresuradas para acelerar la terminación del proyecto, debido a presiones financieras y exigencias formales de operación, fue evidente la magnitud de la catástrofe. Desde entonces, las malas decisiones técnicas, la soberbia, los señalamientos y versiones contradictorias de las autoridades regionales, la torpeza o complicidad de las nacionales, los informes de expertos nacionales y extranjeros con advertencias que no se difunden, evidencian que Hidroituango está fuera de control. El país necesita la verdad para enfrentar la situación. Nada justifica continuar con esta amenaza de magnitud mundial. Se debe desmantelar la represa, asegurar, proteger e indemnizar a la población en riesgo y tomar todas las medidas necesarias para mitigar los impactos financieros, económicos y ecosistémicos. El Gobierno Nacional, sin abusar de esta condición, tendría que declarar el estado de emergencia ecológica, social y económica (artículo 215 de la Constitución Nacional) e intervenir Hidroituango.
Los errores del proyecto impactaron la institucionalidad que resultó lesionada en su imagen, construida con trabajo serio y resultados importantes, aunque sus criterios deben actualizarse. Resultaron afectados: EPM, los ministerios de Minas y Energía y Ambiente, institutos, ANLA, UPME, la banca de inversión, empresas, DNP, Procuraduría, Contraloría, instituciones regionales, etc. No se debe culpar a las instituciones o a la ingeniería nacional. Tendrán que responder quienes presionaron o tomaron decisiones equivocadas por razones políticas y económicas.
El fracaso de Hidroituango obliga a cancelar las políticas energéticas y ambientales neoliberales de producción-destrucción- consumo, garantizar la actualización e imparcialidad técnico-científica de las instituciones para proteger la nación a largo plazo y reconsiderar completamente el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, basado en un “desarrollo minero-energético” insostenible.