Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora están en el proceso de una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la Fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora hay nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso definitivo en nuevas bóvedas.
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la Fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte. Un coro de niños y adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar algunas fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité para que guardara su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto que les ha enseñado 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes del Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas sobre el sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intentó apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni Ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.
Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información que es pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes.
Bojayá es un pequeño reino del dolor. Un pueblo donde el cementerio es más importante que la plaza. Una encrucijada en la selva marcada por múltiples cruces. Un símbolo inevitable para los funcionarios, los periodistas, las agencias internacionales y los activistas. Durante 15 años, luego de la masacre del 2 de mayo del 2002 que dejó 79 muertos en la iglesia, los habitantes han pasado de la sorpresa a la indiferencia y de la indiferencia a la fatiga frente a la romería que visita el pueblo. Ahora están en el proceso de una más de las exhumaciones de los cuerpos que lleva a cabo un equipo de la Fiscalía. Primero fue la fosa común, luego el cementerio, ahora hay nuevas pruebas de ADN y vendrá el descanso definitivo en nuevas bóvedas.
Compartir el dolor propio con otras víctimas y con los desconocidos que llegan nunca será fácil. El eterno sepelio en Bojayá se ha convertido en un escenario para las minucias políticas, las rebatiñas de subsidios, las demostraciones del “buenismo” internacional y los afanes periodísticos. La atención trae tanto los afectos de la solidaridad como las perversiones del protagonismo. Hace unos días Patricia Nieto y Natalia Botero me contaron su triste aventura en Bojayá. Las dos son investigadoras, periodistas y profesoras de la Universidad de Antioquia con amplio reconocimiento de colegas, alumnos y observadores de su trabajo.
Llegaron al pueblo el pasado domingo 7 de mayo. Era su cuarta visita y pretendían un registro del proceso que implica la segunda exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio municipal. Antes de su viaje habían hablado con algunas personas del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Desde su llegada se encontraron con un clima de desconfianza y hostilidad. Ahora su presencia parecía incomoda, casi prohibida. El miembro del Comité con quien habían tenido contacto telefónico les dijo que no estaban dispuestos a permitir el trabajo de la prensa. De ahí en adelante todo fueron advertencias, agresiones y amenazas: “Cuando salgan de aquí no les va a pasar nada, pero en Bojayá les puede pasar cualquier cosa”, llegaron a decirles. Y un funcionario de la Fiscalía les sugirió ir a dormir a Vigía del Fuerte.
El tercer día estaban en el puerto esperando la llegada de los funcionarios de la Fiscalía que traían tres cuerpos desde Vigía del Fuerte. Un coro de niños y adultos con flores y velas esperaban los cuerpos. Natalia comenzó a tomar algunas fotos e inmediatamente fue rodeada por tres personas del Comité para que guardara su cámara. Obedeció esa orden perentoria y cuando se retiraba del lugar oyó a una señora, también del Comité, que le gritaba que no tenía derecho a estar allá, que la prensa no podía entrar. Estaban en un lugar público y guardaban el respeto que les ha enseñado 25 años de trabajo periodístico en temas de conflicto.
Intentando buscar testimonios fuera del casco urbano, llegaron a la casa de un indígena hasta donde fueron los miembros del Comité a reprochar al anfitrión que recibiera a las periodistas. En la iglesia, en una de las misas diarias por las víctimas, los mismos vigilantes del Comité, familiares entre sí y declarados dueños de la memoria de todo el pueblo, le impidieron a Patricia tomar notas sobre el sermón del padre. Ya no solo la cámara estaba prohibida, también la libreta. En medio de todo estaba Miguel Ángel Sánchez, funcionario de la ONU, quien daba órdenes de no dejar grabar a “las paisas”, e incluso intentó apartar al padre Antún Ramos, héroe del pueblo por su papel en la tragedia del 2 de mayo, con quien otros dos periodistas grababan un documental sobre su vida. “Nunca, ni guerrilla ni paras ni Ejército me impidieron hacer mi trabajo como en esos seis días en Bojayá”, me dijo Natalia.
Ahora la ONU difunde un Protocolo según el cual no se puede grabar, fotografiar ni escribir sobre el proceso de exhumación. Además, el Comité decidirá la información que es pública y la reservada, y tendrá poder de censura sobre trabajos periodísticos, entregando aval a lo que considere digno de publicación. Bojayá sigue siendo un reino del dolor, pero ahora tiene un visitador y un Comité de tribunos que censuran, ordenan, manipulan y actúan más allá de la Constitución y las leyes.