Por Yuly Artunduaga*
Cuando tuvieron lugar las marchas cocaleras de julio de 1996, aquí, en Putumayo, yo era muy niña. Tendría unos siete años, pero recuerdo que veíamos con respeto y admiración a esos hombres y mujeres cultivadores que llegaron a marchar desde selva adentro. Le pedían al Gobierno de entonces, el de Ernesto Samper, que detuviera las fumigaciones con glifosato e invirtiera para que ellos pudieran sustituir gradualmente los cultivos de coca.
Mientras marchaban, esos compañeros fueron atacados por la fuerza pública y perseguidos. Tenemos videos que muestran cómo lanzaron granadas contra sus campamentos en Orito, y hoy contamos a muchas mujeres que quedaron viudas porque sus maridos fueron asesinados en la protesta.
Hago parte del proceso de coordinación de mujeres andinoamazónicas del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos. En el 2014, mientras se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, logramos avanzar en una concertación con el Gobierno para la creación de un programa de sustitución. Las mujeres decidimos empezar a poner la voz para esta construcción, hasta que logramos la vocería para incluir nuestras propuestas en la solución de la problemática social cocalera.
En el ambiente en el que me muevo, el soporte económico de las mujeres rurales es la coca. Aquí es natural que esa sea la única alternativa. Mientras tanto, ellas tienen unas necesidades particulares en un territorio donde la única presencia del Estado han sido las FF. AA.
Pero en medio de esta lucha hemos sido señaladas. Hace apenas dos semanas, el esposo de una compañera fue asesinado en el ejercicio de su liderazgo, y a ella tuvimos que sacarla del departamento porque amenazaron con hacerle lo mismo. En esta región hay una reconfiguración de nuevos grupos armados que se oponen a los avances del programa de sustitución y a las confianzas que hemos tejido para construir paz. Justamente esos dos compañeros, cuyos nombres prefiero no mencionar por seguridad, estaban muy comprometidos con el programa en un municipio cercano a la frontera con Ecuador y habían insistido en no avanzar en la resiembra.
Sin embargo, esta lucha se vuelve difícil cuando llevamos casi dos años de la firma del Acuerdo y muchos campesinos aún no tienen proyectos productivos o solo han recibido tres pagos de los que el Gobierno prometió para su manutención mientras se hacía el cambio a otros cultivos.
En las comunidades nos enfrentamos a que los grupos armados digan que, por nuestro liderazgo, vendimos al campesinado, que el Gobierno nos pagó para que los cocaleros levantaran las matas. Eso ha puesto en un riesgo muy grande a hombres y mujeres que buscamos alternativas a la economía cocalera.
Los líderes campesinos empeñamos nuestra palabra en el Putumayo, confiamos en que las condiciones de la sustitución se iban a dar, pero hoy el Gobierno se escuda diciendo que hay resiembra, y la hay, pero no de parte de los pequeños campesinos, sino de fuerzas oscuras que siembran no una, sino hasta 15 hectáreas de coca.
Estamos entre la coca y la pared. Por defender la paz y la sustitución de cultivos asesinan a nuestros compañeros y llegan tipos extraños a vigilar nuestras casas, ¿quién nos defiende?
* Lideresa de la Coordinadora de Mujeres Andinoamazónicas e integrante de la Instancia Especial de Mujeres establecida en el Acuerdo Final de Paz.
** El espacio de esta columna fue cedido por el periodista Pascual Gaviria a la líder Yuly Artunduaga en el marco de la campaña #UnLíderEnMiLugar.
Nota del editor: por solicitud de la columnista, se suprimieron algunos apartes del texto original que podían comprometer su seguridad.
Por Yuly Artunduaga*
Cuando tuvieron lugar las marchas cocaleras de julio de 1996, aquí, en Putumayo, yo era muy niña. Tendría unos siete años, pero recuerdo que veíamos con respeto y admiración a esos hombres y mujeres cultivadores que llegaron a marchar desde selva adentro. Le pedían al Gobierno de entonces, el de Ernesto Samper, que detuviera las fumigaciones con glifosato e invirtiera para que ellos pudieran sustituir gradualmente los cultivos de coca.
Mientras marchaban, esos compañeros fueron atacados por la fuerza pública y perseguidos. Tenemos videos que muestran cómo lanzaron granadas contra sus campamentos en Orito, y hoy contamos a muchas mujeres que quedaron viudas porque sus maridos fueron asesinados en la protesta.
Hago parte del proceso de coordinación de mujeres andinoamazónicas del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos. En el 2014, mientras se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana, logramos avanzar en una concertación con el Gobierno para la creación de un programa de sustitución. Las mujeres decidimos empezar a poner la voz para esta construcción, hasta que logramos la vocería para incluir nuestras propuestas en la solución de la problemática social cocalera.
En el ambiente en el que me muevo, el soporte económico de las mujeres rurales es la coca. Aquí es natural que esa sea la única alternativa. Mientras tanto, ellas tienen unas necesidades particulares en un territorio donde la única presencia del Estado han sido las FF. AA.
Pero en medio de esta lucha hemos sido señaladas. Hace apenas dos semanas, el esposo de una compañera fue asesinado en el ejercicio de su liderazgo, y a ella tuvimos que sacarla del departamento porque amenazaron con hacerle lo mismo. En esta región hay una reconfiguración de nuevos grupos armados que se oponen a los avances del programa de sustitución y a las confianzas que hemos tejido para construir paz. Justamente esos dos compañeros, cuyos nombres prefiero no mencionar por seguridad, estaban muy comprometidos con el programa en un municipio cercano a la frontera con Ecuador y habían insistido en no avanzar en la resiembra.
Sin embargo, esta lucha se vuelve difícil cuando llevamos casi dos años de la firma del Acuerdo y muchos campesinos aún no tienen proyectos productivos o solo han recibido tres pagos de los que el Gobierno prometió para su manutención mientras se hacía el cambio a otros cultivos.
En las comunidades nos enfrentamos a que los grupos armados digan que, por nuestro liderazgo, vendimos al campesinado, que el Gobierno nos pagó para que los cocaleros levantaran las matas. Eso ha puesto en un riesgo muy grande a hombres y mujeres que buscamos alternativas a la economía cocalera.
Los líderes campesinos empeñamos nuestra palabra en el Putumayo, confiamos en que las condiciones de la sustitución se iban a dar, pero hoy el Gobierno se escuda diciendo que hay resiembra, y la hay, pero no de parte de los pequeños campesinos, sino de fuerzas oscuras que siembran no una, sino hasta 15 hectáreas de coca.
Estamos entre la coca y la pared. Por defender la paz y la sustitución de cultivos asesinan a nuestros compañeros y llegan tipos extraños a vigilar nuestras casas, ¿quién nos defiende?
* Lideresa de la Coordinadora de Mujeres Andinoamazónicas e integrante de la Instancia Especial de Mujeres establecida en el Acuerdo Final de Paz.
** El espacio de esta columna fue cedido por el periodista Pascual Gaviria a la líder Yuly Artunduaga en el marco de la campaña #UnLíderEnMiLugar.
Nota del editor: por solicitud de la columnista, se suprimieron algunos apartes del texto original que podían comprometer su seguridad.