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Medellín terminará el 2024 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años y tendrá, además, una mejor cifra que las principales capitales del país: Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Según los datos a corte de noviembre, la ciudad tendrá una tasa cercana a 11 homicidios por 100.000 habitantes. Medellín completa cinco años y medio con un “equilibrio” en la violencia homicida que ha traído reducciones históricas que este año marcan el punto más bajo.
Los años nos han demostrado que el “orden criminal”, sus acuerdos, su monopolio, su pragmatismo para defender rentas, tiene una mayor incidencia en la caída de la violencia homicida que los esfuerzos, los discursos oficiales y el pie de fuerza. Sin importar el gobierno de dos administraciones antagónicas –Daniel Quintero y Federico Gutiérrez– los descensos se han consolidado en los últimos cinco años y medio: últimos seis meses del primer gobierno de Gutiérrez, la administración de Quintero y primer año del segundo periodo de Gutiérrez.
Para algunos expertos en el tema, todo comenzó con un pacto entre La Oficina y facciones rivales que han mantenido guerras intermitentes durante más de dos décadas. El acuerdo se habría dado en La Picota en el primer semestre de 2019 y de inmediato implicó una rebaja sustancial en los homicidios en la ciudad. El año siguiente al acuerdo, esto es el último semestre de Fico I y el primero de Quintero, los homicidios cayeron un 65 %. Algo similar pasó con el llamado “pacto del fusil” en 2013, cuando bandas bajo el control de La Oficina y los Gaitanistas llegaron a un acuerdo que logró que los homicidios bajaran de 1.255 en 2012 a 498 en 2015. Antes, la tregua entre Sebastián y Valenciano en 2010 trajo una reducción de 170 homicidios ese año y cerca de 400 en 2011. Antes, el monopolio de la violencia que consolidó Don Berna en 2003, bajo una especie de régimen del terror, hizo que la tasa de homicidios pasara de 184 por cada 100.000 habitantes en 2002 a 98.2 en 2003.
Desde hace año y medio, 19 exduros entre las bandas de la ciudad están en negociaciones con el gobierno en el marco de la Paz Total. Dicen que los “pelaos siguen con sus vueltas pero oyen consejos” y que ellos les hablan “como abuelos”.
Hace unos meses un grupo de expertos de la Universidad Eafit, liderado por Santiago Tobón, presentó un estudio que deja una idea más compleja sobre ese cogobierno entre Estado y organizaciones criminales que ocurre en muchas ciudades. Más allá de un pacto entre gobiernos e ilegales, hay un componente de cohabitación silenciosa, espontánea si se quiere. En los barrios con importantes rentas criminales (microtráfico) los ilegales aumentan el control para imponer orden con el fin de alejar a las autoridades y ganarse legitimidad entre los habitantes. Incluso, entre más cerca está el Estado (policía y servicios civiles) más control ejercen los ilegales. La cercanía del Estado les impone un “mejor trabajo”, un dominio más “armónico”, tenerlos cerca hace necesario menos ruido. “Una posible interpretación es que la combinación de presión estatal y altas rentas ilegales locales disciplina a los grupos armados, dándoles incentivos para mantener el orden local y fomentar la lealtad entre los residentes”, dice el estudio para el que se entrevistaron a 179 integrantes de combos y cientos de habitantes de los barrios, además de revisar los datos sobre aumento de presencia oficial y respuesta del dominio ilegal.
El hábitat criminal en nuestras ciudades tiene lógicas y alianzas inesperadas, pequeños estados respondiendo con maña a los esfuerzos del Estado, monopolios criminales protegiendo a la población, negociaciones como simples acuerdos para apaciguar calenturas.