Durante la pasada campaña presidencial Iván Duque y su partido repitieron dos fórmulas, infalibles según ellos, para golpear las grandes y pequeñas mafias, y proteger a la juventud siempre desvalida que los conservadores arropan en su discurso y desprecian en la vida real. Para el combate contra los traquetos duros invocaban la fumigación como idea renovadora, sin importar que hubiéramos acumulado 40 años de sobrevuelos y venenos, desde el paraquat hasta el glifosato. Para impedir el menudeo y dar amparo a “sus adolescentes”, acabarían con la alcahuetería de la dosis mínima.
Al gobierno Duque le queda menos de un año y no ha logrado fumigar una sola hectárea de cultivos de coca. Se ha estrellado contra las exigencias constitucionales para proteger a la población —casi 100.000 familias— que vive de esos cultivos. El Gobierno intenta mostrar que fumiga a los mafiosos, pero en realidad pretende rociar veneno sobre familias que en promedio tienen cultivos que no superan una hectárea y media de coca. También se ha varado frente a los costos desproporcionados de una estrategia dudosa hasta para los Estados Unidos. Los pilotos, las avionetas, el veneno y la gasolina valen demasiado para la simple pantomima. Los cultivos cayeron en un momento de gran fumigación pero aumentó la productividad, y el salto de la coca de departamento en departamento hizo que la estrategia se desgastara. Una muestra de los datos de 2016, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI): en Antioquia la fumigación se duplicó en 2014 y 2015, y la coca se triplicó. En el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años (93, 94, 95 y 96), mientras en el mismo lapso los cultivos se triplicaron. Y por último, el Gobierno se ha asustado frente a un nuevo levantamiento en el sur del país que vendría a sumarse a los incendios que debió soportar en las ciudades. Es imposible desconocer que buena parte del Putumayo se pobló en los años 80 de la mano de la bonanza cocalera. Esa historia no se acaba con glifosato.
Para su segundo objetivo sacó un decreto en octubre de 2018 en el que autorizaba a la policía decomisar y destruir la dosis mínima por consumo o porte en el espacio público. Con la firma del presidente, pretendía borrar el fallo de la Corte Constitucional de 1994. La ridiculez era la principal característica del decreto. Los policías escogerían a ojo a los posibles consumidores según sus prejuicios y si encontraban un bareto, por decir algo, podían elegir el correctivo según su genio y su ingenio. Para evitar sanciones, los padres del infractor tenían que declarar que sufría problemas de drogadicción. Quienes portaran más de 20 gramos de marihuana irían a un proceso penal para enfrentar una pena mínima de seis años. Se desconocía también el fallo de la Corte Suprema sobre dosis de aprovisionamiento. Pero llegaron dos nuevas decisiones de las altas cortes a poner orden. Primero, la Corte Constitucional tumbó la prohibición del consumo de alcohol y drogas en espacio público por considerarla desproporcionada, y luego el Consejo de Estado dijo que los policías solo podían hacer uso del proceso verbal inmediato cuando tuvieran serios indicios de que el porte era para la venta. Todo quedó en 166.000 comparendos para enmarcar y discriminación contra miles de jóvenes por su simple aspecto o la zona donde estaban parchados.
El gobierno Duque no ha tenido una política de drogas, solo ha hecho política con los temas relacionados con cultivo y consumo. Y no solo se ha equivocado en sus prácticas para la simple exhibición, también ha violado derechos constitucionales —dosis mínima— o ha pretendido violarlos —intenciones de fumigación—. Malas decisiones y malas intenciones.
Durante la pasada campaña presidencial Iván Duque y su partido repitieron dos fórmulas, infalibles según ellos, para golpear las grandes y pequeñas mafias, y proteger a la juventud siempre desvalida que los conservadores arropan en su discurso y desprecian en la vida real. Para el combate contra los traquetos duros invocaban la fumigación como idea renovadora, sin importar que hubiéramos acumulado 40 años de sobrevuelos y venenos, desde el paraquat hasta el glifosato. Para impedir el menudeo y dar amparo a “sus adolescentes”, acabarían con la alcahuetería de la dosis mínima.
Al gobierno Duque le queda menos de un año y no ha logrado fumigar una sola hectárea de cultivos de coca. Se ha estrellado contra las exigencias constitucionales para proteger a la población —casi 100.000 familias— que vive de esos cultivos. El Gobierno intenta mostrar que fumiga a los mafiosos, pero en realidad pretende rociar veneno sobre familias que en promedio tienen cultivos que no superan una hectárea y media de coca. También se ha varado frente a los costos desproporcionados de una estrategia dudosa hasta para los Estados Unidos. Los pilotos, las avionetas, el veneno y la gasolina valen demasiado para la simple pantomima. Los cultivos cayeron en un momento de gran fumigación pero aumentó la productividad, y el salto de la coca de departamento en departamento hizo que la estrategia se desgastara. Una muestra de los datos de 2016, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI): en Antioquia la fumigación se duplicó en 2014 y 2015, y la coca se triplicó. En el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años (93, 94, 95 y 96), mientras en el mismo lapso los cultivos se triplicaron. Y por último, el Gobierno se ha asustado frente a un nuevo levantamiento en el sur del país que vendría a sumarse a los incendios que debió soportar en las ciudades. Es imposible desconocer que buena parte del Putumayo se pobló en los años 80 de la mano de la bonanza cocalera. Esa historia no se acaba con glifosato.
Para su segundo objetivo sacó un decreto en octubre de 2018 en el que autorizaba a la policía decomisar y destruir la dosis mínima por consumo o porte en el espacio público. Con la firma del presidente, pretendía borrar el fallo de la Corte Constitucional de 1994. La ridiculez era la principal característica del decreto. Los policías escogerían a ojo a los posibles consumidores según sus prejuicios y si encontraban un bareto, por decir algo, podían elegir el correctivo según su genio y su ingenio. Para evitar sanciones, los padres del infractor tenían que declarar que sufría problemas de drogadicción. Quienes portaran más de 20 gramos de marihuana irían a un proceso penal para enfrentar una pena mínima de seis años. Se desconocía también el fallo de la Corte Suprema sobre dosis de aprovisionamiento. Pero llegaron dos nuevas decisiones de las altas cortes a poner orden. Primero, la Corte Constitucional tumbó la prohibición del consumo de alcohol y drogas en espacio público por considerarla desproporcionada, y luego el Consejo de Estado dijo que los policías solo podían hacer uso del proceso verbal inmediato cuando tuvieran serios indicios de que el porte era para la venta. Todo quedó en 166.000 comparendos para enmarcar y discriminación contra miles de jóvenes por su simple aspecto o la zona donde estaban parchados.
El gobierno Duque no ha tenido una política de drogas, solo ha hecho política con los temas relacionados con cultivo y consumo. Y no solo se ha equivocado en sus prácticas para la simple exhibición, también ha violado derechos constitucionales —dosis mínima— o ha pretendido violarlos —intenciones de fumigación—. Malas decisiones y malas intenciones.