Cuarenta años se cumplen en Colombia de la receta de venenos como solución caída del cielo contra los cultivos ilícitos. En 1978 el Inderena advertía sobre las intenciones, planteadas por Estados Unidos, de fumigar cerca de 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un bonito bautizo a la Ciudad Perdida descubierta dos años antes. El Inderena hablaba de posibles perjuicios contra la salud humana y los “recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. Pero se imponían las recomendaciones desde el norte. Durante cerca de seis años se probaron diferentes agrotóxicos, entre ellos el “agente naranja”, arma de guerra en Vietnam que obligó al ejército gringo a pagar indemnizaciones a más de dos millones de soldados que lo regaron a conciencia sobre los vietnamitas, y el paraquat, garantía contra los moños de cannabis que se usó en Estados Unidos hasta 1983. Incluso un presidente obediente como Turbay tuvo algunos reparos a la fumigación indiscriminada con paraquat según informes norteamericanos: “El Presidente Turbay (1978-1982) se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas ambientales”.
En 1984, el ministro de Salud de la época, Jaime Arias Ramírez, reconocía la enorme presión desde los Estados Unidos para el uso del paraquat: “(…) debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde otros países”. No valieron los conceptos adversos de expertos en Colombia y muy pronto Enrique Parejo González, ministro de Justicia, decidió a puerta cerrada la estrategia de fumigación. Entre 1984 y 1987 se fumigaron más de 30.000 hectáreas de marihuana con el milagroso glifosato. Los resultados fueron muy buenos…para los cultivadores: “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más de 150 % entre 1985 y 1987”. Los 90 fue el tiempo para las fumigaciones sobre la coca. De nuevo aparecieron las advertencias desde el ministerio de Salud, en su momento Camilo González Pozo: “Tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana, puesto que han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc.) Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente”. Gaviria regañó al ministro y siguió adelante. Samper fumigó con ganas para congraciarse con Frechette e incluso aceptó la participación mayoritaria de pilotos gringos que llegó a su pico en el segundo gobierno Uribe. En 2009 llegaron a trabajar en Colombia 335 empleados de la DynCorp, empresa contratista del gobierno americano para manejar las aspersiones aéreas.
Desde los años de Samper hasta 2015 se han fumigado en Colombia cerca de dos millones de hectáreas. Más que los resultados han valido las advertencias y las evaluaciones de “buena voluntad” frente a los nortemericanos, quienes suspendieron fumigaciones en su territorio desde hace 20 años tras rociar por última vez en Hawaii. Durante los años de fumigaciones crecientes, entre 2003 y 2007, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Años más tarde, en el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30 % en 2014 y ese año la coca sembrada cayó el 3 %.
Ahora Iván Duque pretende volver a la vieja receta, no importan las 8.000 quejas en la Defensoría por efectos de las fumigaciones, ni las condenas del Consejo de Estado contra la Policía por sus regalos de veneno, ni la nueva clasificación del Glifosato que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) al relacionarlo con la generación del linfoma no-Hodking, ni la claridad de la Sentencia de la Corte Constitucional en febrero de 2017: “En concreto, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante —no obstante la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato—, se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Arrodillarse puede ser popular, pero no útil.
Cuarenta años se cumplen en Colombia de la receta de venenos como solución caída del cielo contra los cultivos ilícitos. En 1978 el Inderena advertía sobre las intenciones, planteadas por Estados Unidos, de fumigar cerca de 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Era un bonito bautizo a la Ciudad Perdida descubierta dos años antes. El Inderena hablaba de posibles perjuicios contra la salud humana y los “recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. Pero se imponían las recomendaciones desde el norte. Durante cerca de seis años se probaron diferentes agrotóxicos, entre ellos el “agente naranja”, arma de guerra en Vietnam que obligó al ejército gringo a pagar indemnizaciones a más de dos millones de soldados que lo regaron a conciencia sobre los vietnamitas, y el paraquat, garantía contra los moños de cannabis que se usó en Estados Unidos hasta 1983. Incluso un presidente obediente como Turbay tuvo algunos reparos a la fumigación indiscriminada con paraquat según informes norteamericanos: “El Presidente Turbay (1978-1982) se mostró renuente a desarrollar una campaña de erradicación por aspersión debido a la controversia internacional alrededor del tema del paraquat y a otras hasta ahora indefinidas problemáticas ambientales”.
En 1984, el ministro de Salud de la época, Jaime Arias Ramírez, reconocía la enorme presión desde los Estados Unidos para el uso del paraquat: “(…) debemos ser los colombianos los que tomemos la decisión y no la tomen desde otros países”. No valieron los conceptos adversos de expertos en Colombia y muy pronto Enrique Parejo González, ministro de Justicia, decidió a puerta cerrada la estrategia de fumigación. Entre 1984 y 1987 se fumigaron más de 30.000 hectáreas de marihuana con el milagroso glifosato. Los resultados fueron muy buenos…para los cultivadores: “por desplazamiento, el cultivo neto de marihuana aumentó en más de 150 % entre 1985 y 1987”. Los 90 fue el tiempo para las fumigaciones sobre la coca. De nuevo aparecieron las advertencias desde el ministerio de Salud, en su momento Camilo González Pozo: “Tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana, puesto que han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc.) Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente”. Gaviria regañó al ministro y siguió adelante. Samper fumigó con ganas para congraciarse con Frechette e incluso aceptó la participación mayoritaria de pilotos gringos que llegó a su pico en el segundo gobierno Uribe. En 2009 llegaron a trabajar en Colombia 335 empleados de la DynCorp, empresa contratista del gobierno americano para manejar las aspersiones aéreas.
Desde los años de Samper hasta 2015 se han fumigado en Colombia cerca de dos millones de hectáreas. Más que los resultados han valido las advertencias y las evaluaciones de “buena voluntad” frente a los nortemericanos, quienes suspendieron fumigaciones en su territorio desde hace 20 años tras rociar por última vez en Hawaii. Durante los años de fumigaciones crecientes, entre 2003 y 2007, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Años más tarde, en el Putumayo el promedio de fumigación se mantuvo durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare el Roundup oficial disminuyó 30 % en 2014 y ese año la coca sembrada cayó el 3 %.
Ahora Iván Duque pretende volver a la vieja receta, no importan las 8.000 quejas en la Defensoría por efectos de las fumigaciones, ni las condenas del Consejo de Estado contra la Policía por sus regalos de veneno, ni la nueva clasificación del Glifosato que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) al relacionarlo con la generación del linfoma no-Hodking, ni la claridad de la Sentencia de la Corte Constitucional en febrero de 2017: “En concreto, la aplicación del principio de precaución en el presente caso tendrá como objetivo prohibir que, en adelante —no obstante la actual suspensión voluntaria de aspersiones aéreas con glifosato—, se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”. Arrodillarse puede ser popular, pero no útil.