Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Muchas preguntas surgen alrededor del escándalo desatado ahora contra el padre Francisco de Roux, un faro moral en este país tan necesitado de referentes éticos, un hombre que ha corrido los mayores riesgos por defender a los pobres y a las víctimas del conflicto, un apóstol de la verdad.
En resumen, los hechos son los siguientes: entre los años 76 y 79 el cura jesuita Darío Chavarriaga abusó sexualmente contra cuatro niños de apellido Llano. Uno de ellos estaba becado en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde Chavarriaga era director de estudios. En 2014, más de 35 años después de ocurridos los hechos, las víctimas denunciaron el crimen ante el provincial de la Compañía de Jesús, jefe máximo de la congregación en Colombia, que entonces era el padre Francisco de Roux.
De inmediato, el provincial De Roux abrió la investigación, hizo que Chavarriaga confesara su delito y procedió a imponerle la pena canónica, que incluía destitución de su cargo (en ese momento era decano del medio universitario de la facultad de odontología de la Universidad Javeriana), confinamiento en un lugar de donde no podía salir, prohibición de tener contacto con menores y limitación del ejercicio del ministerio religioso. Así duró Chavarriaga año y medio, dedicado a funciones administrativas menores, hasta que en 2015 murió atacado por un cáncer que le sobrevino pasados unos cuatro meses de ocurrida la sanción.
Una vez establecida la culpabilidad de Chavarriaga y la sanción canónica, el provincial De Roux les dijo a las víctimas que si querían denunciar a Chavarriaga él estaba dispuesto a acompañarlos a la justicia como testigo. Eso consta en el informe que De Roux envió a Roma sobre el caso.
Las víctimas dijeron que no pensaban denunciar al cura ante la justicia ordinaria, aunque ahora lo niegan, pero tampoco lo denunciaron. De Roux no lo hizo porque, por una parte, él aplicó la justicia canónica con todo rigor y, por otra, no tenía la obligación de hacerlo, ya que sólo hasta el 8 de diciembre de 2021, es decir, siete años después de aplicada la sanción canónica, el Vaticano estableció que todos los delitos de abuso sexual cometidos por clérigos debían llevarse a la justicia ordinaria.
Ahora resulta que, luego de 10 años de aplicada la sanción, y nueve años después de fallecido el cura pederasta, las víctimas dicen que acusaron penalmente al padre De Roux por encubrimiento.
¿Por qué lo hacen hasta ahora?
Esta denuncia no solo constituye una inmensa injusticia contra una persona de moral intachable, como Pacho de Roux, sino un perjuicio para el legado de la Comisión de la Verdad que De Roux empezó a presidir cuatro años después de haber castigado al delincuente. El Informe Final producido por la Comisión develó demasiadas verdades y horrores que muchos poderosos querían mantener ocultos. Y esos perpetradores de crímenes horrendos, descubiertos en virtud de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, ahora están felices al ver que así minan la credibilidad de su presidente.
Pero eso no va a ocurrir. La credibilidad de Francisco de Roux, su entereza moral y su calidad humana permanecerán intactas. Porque, como dice el comunicado que los ex comisionados de la Verdad emitieron en respaldo de Pacho de Roux, miles de colombianos damos fe “de la honestidad y transparencia de sus actuaciones y de su estatura moral y ética que no tienen parangón en estos tiempos turbulentos que vive Colombia”.
Estamos con usted, Francisco De Roux.