¿Quién mata a los líderes sociales?

El investigador Ariel Ávila, autor del estupendo libro Detrás de la guerra en Colombia, nos da varias pistas: según él, el 60 % de los líderes asesinados son reclamantes de tierras, como es el caso de María del Pilar Hurtado, recién acribillada en Tierralta, Córdoba, ante la mirada atónita de su niño que, infructuosamente, buscaba ayuda y daba alaridos de dolor; reclamantes de verdad o miembros de las juntas de acción comunal que se oponen a la siembra de coca u otras economías ilegales; o personas que participan en política con banderas de lucha contra la corrupción local.

Después, por fuera de ese 60 %, hay otras categorías de líderes asesinados, como la de los que hacen control ambiental, que van en aumento.

Y la Fiscalía, que ha hecho investigaciones sobre los autores materiales de los crímenes, no sabe nada (o no nos ha comunicado nada) sobre quiénes son los autores intelectuales. ¡Y sus nombres son los que de verdad importa descubrir!

Encontrarlos no debe ser tan difícil: lo más probable es que los autores intelectuales sean los ocupantes de las tierras que están siendo reclamadas; los narcotraficantes de las zonas, cuyos nombres, en esos sitios, todo el mundo conoce; los poderes locales que usufructúan la corrupción, llámense alcaldes, contratistas, concejales, o quienes se benefician con obras que acaban con el medio ambiente, como es el caso de la minería, etc.

Y estos personajes, autores intelectuales de los asesinatos, se lucran de un Estado autoritario a escala local; tienen ejércitos a su servicio o contratan sicarios para que eliminen a aquellos que se les atraviesan a sus intereses y, de paso, así, aterrorizan a la población con el fin de que a nadie se le ocurra seguir su ejemplo.

¿Y a todas estas los alcaldes qué hacen?, le pregunto a Ariel Ávila. “A los alcaldes no les gustan los líderes sociales porque les mandan derechos de petición”, dice. Es decir, no les gustan porque les hacen control político. Por eso los estigmatizan, y algunos dicen que son comunistas o cercanos a las Farc, estimulan la persecución contra ellos y no reaccionan con contundencia ante sus asesinatos. ¿O será que, a veces, hasta se alegran con su muerte?

La verdad es que todo el que se oponga a la corrupción local es susceptible de ser asesinado, especialmente en esos territorios donde el Gobierno no ha sido capaz de hacer presencia con todas sus instituciones (escuelas, hospitales, vías, etc.) ni de llegar con un Ejército y una Policía que, en esas zonas, garanticen que todos sus miembros no actúen como cómplices de las bandas armadas. Como dice Ávila, “al que levante la cabeza a nivel local se la quitan”.

Hay que pensar, también, que las estadísticas señalan que los crímenes contra líderes sociales aumentan en vísperas electorales. Ello significa que hay personas interesadas en sacarlos del juego político porque les estorban.

¿Y a todas estas el Gobierno qué hace? Pues tal vez hace muchas cosas, pero con cero resultados. Porque a los líderes los están matando a un ritmo de uno cada dos días, según la Defensoría del Pueblo, o de uno cada cuatro días, según el Gobierno.

Así las cosas, la única solución que existe es que el Gobierno decida encarar el problema, desnudando a esos poderes locales mafiosos, judicializándolos y desbaratándoles su feudos, así caiga quien caiga y así el Gobierno central pierda sus apoyos locales.

Todo lo demás es cerrar los ojos ante las verdaderas causas de la matazón.

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#AdiósALaGuerra