Que el Gobierno haya interferido de manera directa en el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector crea un precedente nefasto, pues muestra que está dispuesto a saltarse toda normatividad a la hora de lograr lo que no puede por los canales institucionales. Antes del descabezamiento del profesor Peña, el presidente ya había metido la cucharada señalando que su elección fue “un golpe a la democracia universitaria” y había dado su apoyo explícito al profesor Múnera, el candidato con más votos en la consulta entre profesores y estudiantado. Esto debió incidir en que la ministra de Educación no firmara el acta, enturbiando todo el proceso. Y no contentos con la que armaron, Gustavo Petro no sólo dio la orden de nombrar un rector ad hoc -algo que finalmente no se hizo-, sino que permitió que un Consejo Superior Universitario renovado “corrigiera las irregularidades” del conformado anteriormente, eligiendo a Múnera por mayoría. Si eso no es manipulación, no sé cómo se llama. Y eso en la universidad pública más importante y respetada de Colombia.
Es evidente que hay que revisar y modificar los estatutos de la UNAL y dar más peso a la consulta universitaria. Pero eso ha debido plantearse mucho antes de la deliberación, o ya en cabeza del elegido rector Peña, en vez de pasarse por la faja los resultados. Creo que tampoco estuvo bien la forma en que actuó el profesor Múnera, cuya postura de declararse en “resistencia civil” o no violenta puede resultar muy atractiva, pero que no se correspondió con la violencia desatada en su apoyo por encapuchados que en su mayoría no son estudiantes y que quisieron llevar la situación al límite. Con todo el respeto que me merece, creo que se equivocó también el siempre ponderado Rodrigo Uprimny, que con instrumentos legales impugnó el nombramiento de Peña. No había sido acabado de nombrar Múnera, cuando arengó a sus huestes diciendo que “el proceso constituyente no para”. ¿Les suena conocido? Y sugiriendo que en un futuro el rector debe ser elegido por voto popular, algo muy cuestionado dentro del mismo ámbito universitario porque tergiversa el concepto de autonomía universitaria.
Decía al principio de esta columna que estos hechos, que ahora deben ser dirimidos por las altas instancias judiciales, son solo un ejemplo de que el presidente está dispuesto a usar el “chu chu chu” en todo ámbito donde se le lleve la contraria. Ya hemos visto cómo lo ha hecho el Gobierno en relación con las EPS, asfixiadas una por una porque, aunque les pagaron la UPC, no pagaron los presupuestos máximos. Ahora están haciendo lo mismo con la ley estatutaria de educación superior, que acaba de hundirse. Después de haber llegado a consensos importantísimos sobre la autonomía universitaria, el sistema mixto de instituciones oficiales y no oficiales -reconocido por la Constitución- y la educación terciaria, el nuevo proyecto del Gobierno los desconoció, rompiendo así los acuerdos. Entre otras cosas, se aludía en él, sin mucha claridad, a mecanismos directos de gobierno en instituciones de educación superior, y no a mecanismos representativos, como hasta ahora ha sido la norma en casi todos los casos. Otra vez apunta el Gobierno a lo mismo: a hacer las reformas a todo trance, a veces a las patadas, a veces con artilugios y jugaditas.