A discreción

Es un verdadero disparate que la estructura de la fuerza pública tenga que ser discutida en medios, como viene ocurriendo con ocasión del anuncio de las reformas que estarían por adoptarse al interior de las fuerzas militares.

Ni en las democracias reputadas como perfectas se controvierte cómo han de operar sus militares y policías, por la sencilla razón de que exponen las estrategias de defensa o ataque, y, por supuesto, la seguridad. En algunos lugares ni siquiera autorizan divulgar cuántos hombres y mujeres conforman sus cuerpos militares o de policías. Aquí, a pesar del permanente conflicto interno, no se ha aprendido esa regla, y, por el contrario, es muy frecuente que después de cualquier acción, sus protagonistas divulguen cómo y cuándo pudieron ejecutar sus hazañas.

Eso no significa que en democracia no existan mecanismos de control colectivos, porque el Congreso y los jueces evitan los abusos y el absolutismo, respaldados por medios de comunicación críticos, sin que ninguno pretenda influir o definir la distribución de cuarteles, tropas o batallones.

Se equivocan nuevamente el Gobierno y la oposición al farandulizar las fuerzas conjuntas militares. Ni el Gobierno tiene que dar explicaciones a nadie sobre lo que se propone, ni los opositores pueden reclamar que las cosas se hagan a su manera.

Si así hubiera sido, por ejemplo, en el gobierno de Uribe siendo ministro Juan Manuel Santos, no habría sido posible planear y ejecutar la victoriosa operación Jaque, que terminó con la liberación de los secuestrados de las FARC. Entonces nadie le reclamó al uribismo lo que a través del Centro Democrático hoy sí exigen al descuadernado gobierno de Petro, pretendiendo que los soldados marchen al ritmo de la oposición.

En el período del exsubpresidente Duque no fue inconveniente comprar secretamente el software espía Pegasus y pagarlo con recursos multimillonarios que todavía no sabemos de dónde salieron. Ese doble rasero contrasta con el calculado silencio de los furiosos alfiles del gobierno anterior, luego de que no pudieron seguir negando que sí hubo compra de ese siniestro equipo de espionaje, del que hoy prefieren no hablar ni Zapateiro, ni el general Vargas, ni los ministros de defensa de la época. A propósito, ahora resulta que, al día siguiente de concluida la campaña electoral en los Estados Unidos, El Tiempo, con fuentes que no autorizaron revelar sus nombres, suelta el bombazo de que Pegasus fue un regalito envenenado de Biden desde la Casa Blanca, pagado en efectivo en Colombia, quien sabe con platas de dónde, dizque para combatir un narcotráfico que no ha dejado de incrementarse, y que de ese negocio “lícito” nunca enteraron a Duque: si así fue, pasó de subpresidente a monigote, sin que eso exonere su incompetencia y la falta de su gobierno. Con mayor razón la Fiscalía tiene que encontrar Pegasus y a quienes lo vienen usando a sus anchas, porque la Procuraduría ya concluyó que no encontró nada y la Contraloría parece que no le importó el asunto.

Vocifera el general (R) Zapateiro contra el desastre del Ejército que él comandó porque se tomarán unas determinaciones de organización castrense que no le gustan, sin que hubiera rendido cuentas sobre su pobre gestión como auto proclamado “guerrero”, que no ganó ninguna de las guerras.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, haría bien en no dejarse tentar por las provocaciones del uribismo viudo o sediento de poder, y concentrarse en ofrecer resultados concretos que tranquilicen a la opinión. En efecto, no pueden seguir creciendo los asesinatos de líderes populares y de los suscribientes de la paz, ni haciéndose invivibles e intransitables las ciudades, ni violándose los derechos humanos, ni permitiendo los atracos urbanos, ni multiplicándose el narcotráfico a pesar de la “ayuda” de Pegasus, etc. Eso es lo que auténticamente preocupa a la ciudadanía, no si los militares actuarán o no conjuntamente con otros, pues lo que se les pide es que lo que vayan a hacer lo adelanten con eficacia y en el marco respetuoso de la Constitución y la ley.

Un político con visión de estadista sabe que, en materia de seguridad e inteligencia, no se puede sostener una tesis cuando se es gobierno y otra en la oposición. Esas contradicciones insalvables son las que, con razón, no perdonan los electores.

Adenda. Gustavo Bolívar debe dar explicaciones sobre si es cierto o no que desde el Gobierno hay campañas de desprestigio contra medios y periodistas.