Autonomía obediente

No es creíble la justificación que les hemos oído a los dos últimos fiscales generales, según la cual sus subalternos son independientes y adoptan autónomamente sus decisiones, por escandalosas que sean, sin que sus superiores intervengan o se enteren.

Martínez Neira se resistió inicialmente a declararse impedido en el asunto de Odebrecht, invocando la necia excusa de que él no conocía de tal proceso; las evidencias luego lo acorralaron y terminó declarándose impedido cuando parecía inminente que la Corte Suprema de Justicia se disponía a separarlo del conocimiento de ese litigio, que aún hoy sigue sin arrojar resultados. La historia se está repitiendo con Barbosa, quien también ha anunciado que en la investigación de la ñeñepolítica no se declarará impedido, porque no es él quien investiga los ingresos de dineros ilícitos a la campaña presidencial de la que él hizo parte. Veremos si la Corte se traga semejante sapo.

Es probable que un fiscal general no se entere ni intervenga en asuntos de bagatela judicial y que en ellos sus subalternos puedan obrar con independencia, pero en las grandes investigaciones que comprometen o enredan a personas con figuración pública, es casi imposible que eso ocurra. El fiscal general siempre maneja los hilos de los archivos de investigaciones, de las imputaciones o de los principios de oportunidad. Y Barbosa, por supuesto, no es la excepción.

En efecto, tengo en mi poder un insólito mensaje enviado por Gabriel Ramón Jaimes Durán, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, en el que la pretendida libertad con la que supuestamente los fiscales toman sus decisiones queda por el piso. El 23 de abril pasado, este tenebroso personaje se dirigió a todos los delegados que él coordina para advertirles de manera perentoria e ilegal lo siguiente: “Debo precisar que todos los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad, para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general de la Nación. Muchas gracias” (ver https://bit.ly/2YVSeLY).

Más claro no canta un gallo. Esta nota odiosa y peligrosa de Jaimes Durán no dejó duda de que en esas oficinas no puede moverse una aguja sin que él esté enterado o sin el visto bueno del fiscal Barbosa. Otra cosa no puede concluirse de la brusca orden a fiscales supuestamente autónomos de que todo lo que ellos hayan de decidir o informar tiene que ser conocido por quien los coordina con el fin de “valorar cada situación con el señor fiscal”. Un solo hombre es dueño del inmenso poder de decidir la suerte judicial en los casos más sonados de la república. Y a esto le siguen llamando democracia.

Señores procurador y magistrados de la Corte, ¿no amerita este mensaje iniciar una investigación disciplinaria y penal por obstrucción a la justicia, al menos la que administran los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quienes, como se sabe, son los encargados de asuntos contra aforados o de relevancia nacional?

Craso error el de Barbosa convertir al siniestro e incompetente Jaimes Durán en estafeta y censurador de las providencias de los fiscales más calificados. Más grave aún, haberle permitido llevar a esa unidad delegada ante la Corte a varios de sus viejos conocidos, con los que Jaimes Durán venía laborando en otras dependencias; es decir, Barbosa trasladó la tropa y la ha puesto en un lugar de privilegio desde el cual las órdenes y controles de Jaimes Durán harán todavía más daño del que ya empezaron a hacer.

Y si además en la Fiscalía existe un comité técnico que revisa previamente y autoriza las decisiones más sensibles, obviamente también con el conocimiento y anuencia del fiscal general, le llegó la hora al país de acabar con esa tentación permanente de prevaricar en que termina cayendo un ente investigador en el que uno solo es dueño del destino de todos los demás.

Adenda. Para aprobar la cadena perpetua para violadores, el presidente del Senado (¿Tibio?) García Turbay y el secretario Gregorio Eljach, aspirante a procurador, con los votos comprados de unos liberales conversos, violaron la Constitución y el Código Penal.

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