La tempestad política e institucional que ha armado el presidente Petro con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es injustificada porque, a pesar de su protuberante inconstitucionalidad e ilegalidad, apenas se abrió una investigación en su contra y de sus administradores de campaña, lo que no es el fin de la democracia. En ningún caso el CNE puede investigar ni imponer sanción al primer mandatario, lo que no está en discusión; el único que lo ha puesto en duda, paradójicamente, es el mismo Petro. Por supuesto que habría sido menos enredado que el CNE abriera investigación solo contra los demás responsables de la campaña presidencial que no tienen fuero constitucional, y compulsara copias a la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes para que esta célula parlamentaria investigue, exonere o sancione al presidente. Aún podría hacerlo así el CNE, bien de oficio o si atendiere un simple recurso de reposición que formule la defensa presidencial.
Eso que es tan claro lo deben tener muy averiguado en el equipo de asesores y abogados de Petro, y entonces es aquí donde cabe preguntarse: si el CNE jamás podría investigar ni sancionar a Petro, ¿por qué este alboroto que, con razón, en los medios internacionales ya se califica como una crisis sin precedentes?
Tal parece que Petro no está asustado por lo que sabe que no le va a pasar, sino por lo que le viene pierna arriba a quienes fueron sus gerentes de campaña, empezando por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. No es un secreto la cercanía del mandatario y su familia con este subalterno, y ello explica no solo por qué lo nombraron sino, además, la visceral defensa que han asumido en su favor desde la Casa de Nariño. ¿A qué le temerá Petro con la inminente caída judicial de su entrañable amigo Roa? Solo ellos dos lo saben. Para las verdades el tiempo.
Se comprende que Petro quiera respaldar a su aliado Roa a quien curiosamente le está demostrando la lealtad que no ha tenido con otros de sus alfiles, pero ¿por qué paralizar al país con asambleas permanentes y para qué convocar al cuerpo diplomático? Y eso que estábamos en modo Acuerdo Nacional, el cual duró menos que un ponqué en la puerta de una escuela.
Los embajadores, ministros consejeros y hasta cónsules estarán prestos a atender la invitación a la Casa de Nariño para que Petro les informe de su expediente por violar los gastos autorizados para su campaña e intente convencerlos de que no hay pruebas. Inclusive promoverá su disparatada tesis de que los gastos de celebración de la victoria no son de la campaña, porque ya se había producido su elección unas horas antes del ágape. Ninguno de esos avezados hombres formados y curtidos en las alambicadas formas de la delicadeza, le va a expresar a Petro su respaldo, salvo que, por ejemplo, los representantes de Maduro y Lula desaprovechen la oportunidad de quedarse callados. En cambio, cada uno de esos sofisticados dignatarios extranjeros enviará a sus países un informe de pesimismo de cómo va Colombia. Y no mentirán.
La estrategia de Petro es indescifrable, porque si no le gusta el CNE dizque por su conformación con políticos, en lo que no le falta razón, entonces ¿cómo irá a ser cuando su proceso llegue por fin a la Comisión de Absoluciones en la que todos son igualmente duchos en política? Si ahora armó las de San Quintín, cuando sea confrontado ante sus jueces naturales tampoco le va a gustar y someterá al escarnio a esos parlamentarios. ¿Habrá juez para Petro?
Petro nos lastimó a los externadistas alegando que él no es jurista pero que como estudió en el Externado, aunque no derecho, entonces eso lo convierte en abogado. Dislate apenas comparable con la amenaza velada de proponer una reforma constitucional para que los jueces sean elegidos por voto popular. Ese sí sería el verdadero Golpe de Estado y de eso no enseñamos en los salones libertarios del radicalismo.
A propósito, no sería extraño que algunos de los ministros estén incómodos al verse vestidos de defensores oficiosos de Petro, y estén pensando en renunciar. Lo raro es que no lo hayan hecho, pero “voluntariamente” sí hayan suscrito –algunos de ellos de buena fe y con mucha ingenuidad– un comunicado respaldando al presidente que intimida al poder judicial con la elección popular de jueces y no está dispuesto a cumplir sus fallos. Las consecuencias de hablar mucho y pensar poco.
Adenda. Solo falta que los delegados del Gobierno se reúnan con los del ELN y les pidan perdón.