Claro que sí es delito

“No es cierto, como lo pregonan algunos, que la Corte Suprema de Justicia haya decidido que recomendar no es delito”: Ramiro Bejarano Guzmán.

Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Hasta que se descubrió la gigantesca red de recomendadores y recomendados en los más variados sectores de la administración pública, en el ambiente político se daba por sentado que a ningún servidor oficial le quedaba bien promover candidatos a otras dignidades públicas, porque por ahí se sabe que empieza la corrupción.

Los políticos y funcionarios se cuidaban de no recomendar a nadie por miedo a verse envueltos en un torbellino clientelista. Era una costumbre sana, al menos de presentación. No obstante esas precauciones, se supo en los corrillos que muchos nombramientos en organismos de control se dispensan a parientes y amigos de magistrados de altas cortes, tanto que al exprocurador Alejandro Ordóñez le fue anulada su reelección precisamente porque en ella intervinieron varios de los que él ayudo a elegir como magistrados.

Esa costumbre transparente de no andar recomendando a nadie, que no está escrita en ninguna parte, resultó de dientes para afuera un maquillaje. Hoy es una verdad incontrovertible que algunos magistrados de altas cortes son dueños de frondosas y ostentosas cuotas burocráticas en la Fiscalía, en organismos de control, en dependencias oficiales y hasta en cargos diplomáticos. Pero no solo los togados: también hay congresistas de todos los pelambres que distribuían hojas de vida corriendo el riesgo de ser cuestionadas sus investiduras ante el Consejo de Estado.

Pero ese castillo de ilusiones se empezó a derrumbar, quién lo creyera, cuando en el televisado consejo de ministros soltaron las primeras señales de que en el Gobierno del cambio los nombramientos de altos funcionarios pasaban aceitados por el amiguismo y las canonjías. En efecto, después de esa túrbida sesión nos quedó claro que, en el amplio espectro de la política, todos a una, como en Fuenteovejuna, viven de buscar oportunidades de empleos o contratos para sus amigos y aliados, para lo cual no les incomoda andar de la mano con alias Papá Pitufo.

Caído el telón de la farsa supimos que un arrogante expresidente conservador, que divide el mundo en oro y escoria, ejerció presión para conseguir en la Polfa puestos y contratos para sus aliados, como lo confirmó el general Buitrago en su valerosa entrevista a este diario. Un exmandatario mendigando prebendas burocráticas. Pero lo del expresidente no fue un hecho aislado, pues junto con todos los partidos políticos, tanto los gobiernistas como los de oposición, tuvieron interés en apoderarse de las direcciones de la DIAN en Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, para solo mencionar pocas plazas. Entre otras cosas, cuando eso estaba sucediendo, en esta columna denuncié la compraventa de esos apetecidos puestos. Y entonces, oh desilusión, vinimos a saber que, a pesar de que todos en privado sostenían que no intrigaban por nadie, resultó que todos sí abogaban por los demás, repito, desde exjefes de Estado para abajo. Inclusive el propio presidente Petro presionó al entonces director de Aduanas para que le nombrara un protegido, a lo mejor uno más del M–19. Y cómo no, hasta el flamante procurador, Gregorio Eljach, aparece pidiendo esos favorcitos.

Pero faltaba la marrulla criolla. En efecto, apenas estalló el escándalo salieron muchos defensores de oficio a sostener la imposible tesis de que cuando un servidor pide puestos eso no es delito. ¡Hágame el favor!

Claro que eso es tráfico de influencias, aquí y en Cafarnaúm. Esa conducta de valerse de un cargo para pedir más cuotas en favor de los suyos o aliados, ha servido para que el Consejo de Estado decrete varias pérdidas de investiduras de congresistas. Además, no es cierto, como lo pregonan algunos, que la Corte Suprema de Justicia haya decidido que recomendar no es delito, pues lo que decidió en un caso del alcalde del Cocuy fue que no era delito la insinuación para que se votara en el concejo municipal por un candidato, lo que es bien diferente a pedir participación burocrática desde el poder.

Todo volverá a la “normalidad”, porque si antes los recomendadores se movían escondidos por temor a ser descubiertos, ahora que se saben protegidos por la impunidad no habrá quien los detenga. Legalizaron el clientelismo.

Adenda No 1. Retroceso grande en democracia designar un militar activo como ministro de Defensa, más a un general disfrazado de civil que en el pasado demostró no estar dispuesto a tolerar críticas al Gobierno.

Adenda No 2. Hasta en la cumbre de gobernadores le fue mal a Petro.