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El Procurador Alejandro Ordóñez destituyó a la senadora Piedad Córdoba y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años, por supuestos vínculos con las Farc, hecho por el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera consideró que debía vincularla a un expediente que ya fue archivado.
Inclusive a los entendedores más desprevenidos les resulta fácil concluir lo que todo el mundo sabe: la sanción a Piedad fue una retaliación política y clasista, de la que Ordóñez fue el mortal mandadero. La destituyeron por negra, liberal, contestataria, y por eso se oyeron aplausos de sectores de la ultraderecha que le rinden culto a sus rencores centenarios.
El procurador le cumplió a su ideología y de paso a la de quienes lo viven alabando e inflando en su necia aspiración de convertirse en presidente de la República. Pero la tarea suya no terminó con la fulminante destitución. Ordóñez sabe perseguir y no se cansa jamás de hacerlo.
En efecto, desde hace meses deambula por los pasillos de la Corte Constitucional el expediente de la tutela que interpuso Piedad contra la insólita decisión de destituirla, y los vientos que allá soplan dan cuenta de que el temible procurador Ordóñez está permanentemente a la expectativa de que ninguno de los magistrados se atreva a revocar su fallo. Tal parece que el perverso jefe del Ministerio Público no ha ahorrado esfuerzos para que cada magistrado de los que le han permitido el abuso de ser abordados tenga que oír las razones por las cuales él considera que su determinación está ajustada a derecho, y que, por tanto, no pueden permitirle a la exsenadora recobrar sus derechos.
Tan enrarecido está el ambiente del supremo tribunal de lo constitucional, que ya en los corrillos y medios de comunicación se asegura que es adversa a las pretensiones de Piedad la ponencia presentada para resolver esta tutela, y, con nombres propios, que será votada 7 a 2. No me consta el lobby del que se habla profusamente, pero conociendo el almendrón, no me parecería extraño que eso esté ocurriendo, entre otras cosas, porque han resultado acertados algunos pronósticos mediáticos sobre el alcance y contenido de los fallos más recientes de la Corte.
Tremendo error histórico y político cometería la Corte Constitucional si desaprovecha la oportunidad de enmendar el desafortunado escenario de que un solo hombre, por sí y ante sí, pueda definir el futuro de legisladores elegidos por voto popular. Sí señor, lo que está en juego no es una tesis jurídica solamente, sino fundamentalmente la suerte de la democracia misma. Mientras miles de colombianos con su voto ungen a una persona como congresista, Ordóñez —funcionario administrativo designado por el Congreso—, con su sola pluma, torna ineficaz la representación popular dizque por inexistentes faltas disciplinarias.
Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica ha reiterado por estos días que la exclusión de la vida pública de un parlamentario, solamente se adopta cuando se le declara responsable de un delito, en este país del Sagrado Corazón de Jesús, un solo colombiano, por cierto el menos ecuánime, tiene en sus manos las llaves de cerrar el Congreso cuando le venga en gana. Eso explica que el procurador Ordóñez no sólo haya sancionado a Piedad por una supuesta falta que a los ojos de los penalistas no constituyó delito, sino que aún hoy siga vigilante en la Corte Constitucional para controlar que a nadie se le ocurra llevarle la contraria.
Me resisto a creer que la otrora libertaria y progresista Corte Constitucional sea capaz de sucumbir y sacar avante la tesis personalista de un procurador al que nada le importa la democracia. Que tengan presente, hoy es Piedad, mañana puede ser cualquiera.
Adenda. La contratadora Sandra Morelli, que pregonaba estar conforme con las pesquisas que se adelantan a su desastrosa gestión, en cuanto empezó a descubrirse el mar de sus desaciertos e irregularidades, recusó a todo aquel que la pueda investigar. No le sirven el fiscal, el vicefiscal, la auditora, solamente está a gusto con su compinche Alejandro Ordóñez.