No hay duda de que padecemos la tragedia de vivir en una república fascista sometidos a lo que la banda uribista decida. Es obvio que el subpresidente Duque objetará la ley de la JEP, pues no puede desobedecer tantas órdenes.
El presidente eterno habilidosamente propuso eliminar la JEP, pero, claro, empezando por objetar esta ley. Un grupo de conservadores —salvo Hugo Palacios, Hernando Yepes y Alberto Abello; los demás, un contingente de intolerantes, ignorantes y cadáveres políticos— le pidieron a Duque que objetara porque, según ellos, eso no afectaría la médula de la JEP. Y el fiscal lideró el coro malvado insistiendo en que lo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, y que él había introducido con su nadadito de perro intimidando a los congresistas, sea restablecido para repetir un debate que ya lo tienen ganado en el Congreso. Objetada la ley, como lo anunció la ministra del Interior, lo que sigue es una reforma constitucional para cumplirle a Uribe su anhelo de eliminar la JEP.
La señal más peligrosa de esta derechización que nos invadió es lo que está sucediendo con la Fiscalía y su desprestigiado titular Néstor Humberto Martínez (NHM). En efecto, tal es la entrega del fiscal al régimen y al Centro Democrático —los pilares en que se sostiene desde que empezó a tambalear por cuenta de sus inolvidables conflictos con Odebrecht— que ya ni siquiera sale a anunciar los supuestos positivos, pues lo ha sustituido Duque, como cuando capturaron a Bermeo o al detener al supuesto autor intelectual del ataque a la Escuela de Policía.
La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez perdió el rumbo y la credibilidad. Todo lo que haga o deje de hacer estará asociado al inmenso y merecido desprestigio de su titular.
Hoy estamos asistiendo al episodio siniestro de que lo que debía ser una simple operación de rutina de un agente encubierto en una organización criminal que estaba delinquiendo, entre otras, al interior de la JEP ha generado toda clase de dudas y suspicacias, como muy bien lo ha señalado la Procuraduría
Como lo anunció el Ministerio Público, contrario a lo que sostienen la Fiscalía y el Gobierno, hasta ahora no se ha podido demostrar que existiera una empresa criminal en la que se hubiere infiltrado un agente de la Fiscalía, pues todavía sigue sin resolverse la duda de cómo fue que se detectó a unos bandidos que no estaban concertados para delinquir. Con razón varios abogados penalistas —por fortuna no de aquellos que posan de prohombres pero han pasado agachaditos en el caso Mattos o en el de DMG— han declarado que si bien es lícito que un agente penetre una organización delincuencial, es preciso no cruzar la línea de promover o instigar un delito porque en ese escenario esa persona, por más agente del Estado que sea, también estaría delinquiendo. El delito no se combate con delitos.
No se discute que los capturados, mientras recibían un soborno dizque para abogar por Santrich, sean delincuentes, porque las imágenes son escandalosas; empero, lo que el país no digiere es cómo se gestó ese crimen, entre otras cosas, porque, como lo dijo la Procuraduría, no se ha visto una evidencia que dé certeza de que efectivamente todo este enredo era para favorecer al exguerrillero de las Farc.
Si otro fuese el fiscal, el país no habría puesto en duda la infiltración de un agente de la Fiscalía y la habría aplaudido. Pero el ciudadano con razón desconfía porque NHM es enemigo de la JEP y títere del Centro Democrático, pues consiguió con el escándalo que armó que en el imaginario colectivo se crea que sus magistrados son facinerosos, infamia que la Fiscalía aclaró tibiamente y sin la espectacularidad con la que promocionó el confuso operativo.
A todo esto se suma la propuesta de Uribe para conservatizar la educación pública o el pedido del charlatán presidente del Senado a la JEP sobre sus contratos, petición que jamás formuló a su correligionario NHM.
Estamos en el peor de los mundos.
Adenda. Qué tal el cinismo de Duque. Sostener que los crímenes de los líderes sociales que han caído diariamente durante su gobierno son obra solo del narcotráfico y no de la mano negra que no ha censurado.
No hay duda de que padecemos la tragedia de vivir en una república fascista sometidos a lo que la banda uribista decida. Es obvio que el subpresidente Duque objetará la ley de la JEP, pues no puede desobedecer tantas órdenes.
El presidente eterno habilidosamente propuso eliminar la JEP, pero, claro, empezando por objetar esta ley. Un grupo de conservadores —salvo Hugo Palacios, Hernando Yepes y Alberto Abello; los demás, un contingente de intolerantes, ignorantes y cadáveres políticos— le pidieron a Duque que objetara porque, según ellos, eso no afectaría la médula de la JEP. Y el fiscal lideró el coro malvado insistiendo en que lo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, y que él había introducido con su nadadito de perro intimidando a los congresistas, sea restablecido para repetir un debate que ya lo tienen ganado en el Congreso. Objetada la ley, como lo anunció la ministra del Interior, lo que sigue es una reforma constitucional para cumplirle a Uribe su anhelo de eliminar la JEP.
La señal más peligrosa de esta derechización que nos invadió es lo que está sucediendo con la Fiscalía y su desprestigiado titular Néstor Humberto Martínez (NHM). En efecto, tal es la entrega del fiscal al régimen y al Centro Democrático —los pilares en que se sostiene desde que empezó a tambalear por cuenta de sus inolvidables conflictos con Odebrecht— que ya ni siquiera sale a anunciar los supuestos positivos, pues lo ha sustituido Duque, como cuando capturaron a Bermeo o al detener al supuesto autor intelectual del ataque a la Escuela de Policía.
La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez perdió el rumbo y la credibilidad. Todo lo que haga o deje de hacer estará asociado al inmenso y merecido desprestigio de su titular.
Hoy estamos asistiendo al episodio siniestro de que lo que debía ser una simple operación de rutina de un agente encubierto en una organización criminal que estaba delinquiendo, entre otras, al interior de la JEP ha generado toda clase de dudas y suspicacias, como muy bien lo ha señalado la Procuraduría
Como lo anunció el Ministerio Público, contrario a lo que sostienen la Fiscalía y el Gobierno, hasta ahora no se ha podido demostrar que existiera una empresa criminal en la que se hubiere infiltrado un agente de la Fiscalía, pues todavía sigue sin resolverse la duda de cómo fue que se detectó a unos bandidos que no estaban concertados para delinquir. Con razón varios abogados penalistas —por fortuna no de aquellos que posan de prohombres pero han pasado agachaditos en el caso Mattos o en el de DMG— han declarado que si bien es lícito que un agente penetre una organización delincuencial, es preciso no cruzar la línea de promover o instigar un delito porque en ese escenario esa persona, por más agente del Estado que sea, también estaría delinquiendo. El delito no se combate con delitos.
No se discute que los capturados, mientras recibían un soborno dizque para abogar por Santrich, sean delincuentes, porque las imágenes son escandalosas; empero, lo que el país no digiere es cómo se gestó ese crimen, entre otras cosas, porque, como lo dijo la Procuraduría, no se ha visto una evidencia que dé certeza de que efectivamente todo este enredo era para favorecer al exguerrillero de las Farc.
Si otro fuese el fiscal, el país no habría puesto en duda la infiltración de un agente de la Fiscalía y la habría aplaudido. Pero el ciudadano con razón desconfía porque NHM es enemigo de la JEP y títere del Centro Democrático, pues consiguió con el escándalo que armó que en el imaginario colectivo se crea que sus magistrados son facinerosos, infamia que la Fiscalía aclaró tibiamente y sin la espectacularidad con la que promocionó el confuso operativo.
A todo esto se suma la propuesta de Uribe para conservatizar la educación pública o el pedido del charlatán presidente del Senado a la JEP sobre sus contratos, petición que jamás formuló a su correligionario NHM.
Estamos en el peor de los mundos.
Adenda. Qué tal el cinismo de Duque. Sostener que los crímenes de los líderes sociales que han caído diariamente durante su gobierno son obra solo del narcotráfico y no de la mano negra que no ha censurado.