Deuda eterna

Pocos están enterados de que el Estado colombiano es deudor vitalicio de la Santa Sede y de la Iglesia católica de un pasivo dinerario no cuantificado e impagable, que nos dejó el regenerador Rafael Núñez.

En efecto, en los tiempos de la presidencia del general Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, siendo su ministro Rafael Núñez, se expidió el decreto conocido como desamortización de los bienes de manos muertas, que tuvo como fines aumentar los ingresos públicos, modernizar y democratizar la propiedad privada, vender los inmuebles que la Iglesia terrateniente hizo improductivos y, principalmente, promover la primera gran reforma agraria de estirpe liberal. La Iglesia católica —entonces prácticamente la única en el país— era dueña de inmensas extensiones de predios rurales gracias a diezmos y demás canonjías dispensadas a ella en nombre de la fe, los cuales recibía e inutilizaba en perjuicio de la Nación.

Pero como la Iglesia no perdona ni olvida, cuando llegó la temida Regeneración comandada por Núñez, luego de expedida la Constitución confesional de 1886, Colombia suscribió con la Santa Sede el concordato de 1887, aprobado mediante la ley 35 de 1888, en virtud del cual se dispensaron concesiones exorbitantes a la Iglesia católica, con la que el mandatario cartagenero necesitaba reconciliarse para que le toleraran su matrimonio civil con Soledad Román, celebrado mientras aún vivía su primera cónyuge.

El joven profesor del Externado, constitucionalista Sergio Alejandro Fernández Parra, autor del magnífico libro Laicidad y Libertad de Conciencia en Colombia —de lectura obligada porque demuestra cómo se ha tergiversado el mandato constitucional de que seamos una sociedad laica—, a propósito de comentar el tratamiento lisonjero que Núñez y su banda decretaron para favorecer a la Iglesia católica, refiere que a través de ese concordato espurio “se estableció una indemnización a perpetuidad por los daños ocasionados a la Iglesia católica durante la época del liberalismo radical” y, además, que esa “indemnización hasta la fecha es pagada puntualmente por el Estado Colombiano”.

Así como se lee. Desde el Concordato de 1887, Núñez honró su talante traidor que le permitió trastearse del liberalismo al más rancio y peligroso conservatismo, y sin haber hecho un juicio para establecer la ilegalidad de cómo la iglesia se había hecho a la propiedad de valiosos inmuebles rurales y volverlos improductivos, concluyó que la desamortización decretada por Mosquera y Núñez había causado perjuicio patrimonial a la iglesia que nuestro sumiso Estado se comprometió a indemnizarlo “a perpetuidad”.

Pero esa prebenda prevaricante, ¡quién lo creyera!, fue reproducida en el concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado Colombiano del 12 de julio de 1973, aprobado por ley 20 de 1974, durante el cuatrienio gris de Misael Pastrana Borrero.

Lo peor de esta historia que en esta semana de pasión no recordarán las homilías en los púlpitos, es que ya en vigencia de la Constitución del 91, cuando se demandó la ley 20 de 1994 que aprobó el nuevo concordato, la Corte Constitucional, supuestamente abanderada de las reivindicaciones justas, en sentencia C 027 de 1993, sin un solo salvamento de voto, “consideró que la deuda a perpetuidad reconocida por el Estado a favor de la Iglesia católica se ajustaba a la Constitución porque era una obligación que provenía de un título justo para la época en que surgió a la vida jurídica”. Monstruosidad jurídica, porque nunca se supo la justificación ni el monto de esa deuda.

El Estado no causó daño a la iglesia con la desamortización que deba indemnizar y además a perpetuidad; por el contrario, fue la iglesia la causante del perjuicio a la economía con la inmovilización en su exclusivo beneficio de los predios rurales y en desmedro de los ciudadanos. Cuánto recibe anualmente la iglesia a título de cancelar esta obligación vitalicia, no se sabe con certeza porque el gobierno elude informar con certeza lo que no puede ocultar. Pero cualquier suma que reciba es un abuso porque el Estado no le causó daño que tengamos que reparar los colombianos de todas las generaciones.

Por cuenta de Núñez, la regeneración, los gobiernos y dos concordatos conservadores, la Iglesia será por siempre acreedora de Colombia de una prestación dineraria jamás cuantificada. Palabra de Dios y de los regímenes godos.

Adenda. Si estuvo un ministro en el ataque en Cartagena a la senadora Blel, ¿por qué la complaciente Procuraduría de Eljach no investiga y suspende a ese funcionario?