El desvergonzado

“Como colombiano, me da vergüenza haber estado en este debate”. Con esa frase lapidaria el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, creyendo que impresionaría al país y sepultaría las acusaciones en su contra, con insolencia se despidió del debate en la Cámara de Representantes.

No le faltó razón a Carrasquilla, porque realmente si su propia defensa fue deplorable, peor aún la que asumieron los voceros de las bancadas oficialistas. Por ejemplo, la intervención del tristemente célebre Álvaro Hernán Prada no se ocupó de rebatir uno solo de los argumentos contundentes contra las indelicadezas de Carrasquilla y, en cambio, a la usanza de su contertulio y paisano alias “Caliche”, optó por repartir insultos incoherentes contra los parlamentarios de la FARC. Y a esa farsa se sumaron unos representantes liberales que servilmente se lavaron las manos, deshonrando su naturaleza de partido independiente.

La vergüenza no fue haber sentado de nuevo en el banquillo al cínico ministro, sino convertir las faltas protuberantes que lo inhabilitan para continuar en el cargo en una discusión leguleya. En efecto, los amigos del prepotente funcionario solo se ocuparon de agenciar mentiras y boberías, o de repetir la precaria defensa que Duque asumió de su ministro, a quien absolvió sin responder los cargos, solo porque supuestamente ha tenido algunos logros en el exterior, que ni son de su autoría ni son significativos.

Carrasquilla y sus corifeos no pudieron negar que el ministro sí había participado en la presentación del Acto Legislativo —y al menos en su discusión en primer debate en el Congreso— del cual luego se desprendió todo el engranaje legal sobre el cual se edificaron sus perversos “bonos de agua”. No obstante, Carrasquilla y su séquito montaron la defensa de que el primero no había podido incurrir en ninguna irregularidad porque, cuando finalmente se reformó la Constitución al expedir el Acto Legislativo en el que sí intervino y luego se expidieron la ley y el decreto que hicieron posible que se estructurara este ruinoso negocio que dejó sin agua y empobrecidos a 117 municipios, ya el astuto funcionario se había retirado de su cargo. Esta es una coartada propia de un rábula, no de un ministro que no tenga rabo de paja, ni tampoco de un congresista serio. Ministro mentiroso.

Desde el Decreto Legislativo 2400 de 1968, reformado por el Decreto 3074 del mismo año, está previsto que quien “haya sido empleado público no puede gestionar directa ni indirectamente, a título personal, ni en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo”. Se trata de una prohibición vitalicia, como así lo definió la Corte Constitucional en su Sentencia C-893/03, cuando al referirse al alcance de la prohibición prevista en el numeral 22 del artículo 35 del Código Disciplinario Único de no intervenir como particular en asuntos conocidos como funcionario, concluyó que esa norma estaba ajustada a la ley, pero “en el entendido que la prohibición establecida en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones”

En otras palabras, así Carrasquilla haya intervenido solamente en la presentación del Acto Legislativo y en su discusión en primer debate, quedó inhabilitado hasta el día de su muerte para intervenir como particular en cualquier asunto que se derive de esa legislación. No es una simple exigencia legal, sino un imperativo moral consistente en que quien se desempeñó como funcionario público no se sirva como particular de lo que proyectó, manejó o concibió en ejercicio de función pública. Necedades de la ética que incomodan a ciertos hombres de negocios.

Fuimos otros los que en verdad sentimos vergüenza de presenciar ese debate, donde la mayoría de unos legisladores ciegos, sordos y mudos prefirieron ignorar la monumental falta que perseguirá, también para siempre, a quien como particular pisoteó sus deberes como exservidor público.

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